La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia

La Región de Murcia vivirá un jueves complicado, de esos que alteran rutinas, vacían agendas y convierten cualquier desplazamiento en una incógnita. El campo volverá a tomar las carreteras en una nueva gran movilización que amenaza con paralizar buena parte de las principales vías de comunicación de la comunidad. No es una protesta más: es el resultado de años de malestar acumulado, de promesas que no llegan y de un sector que se siente acorralado y sin margen de maniobra.

Los agricultores murcianos llevan tiempo calentando motores desde la última gran tractorada de febrero de 2024, cuando cientos de vehículos agrícolas colapsaron accesos y generaron escenas de auténtico caos en la capital. Desde entonces, el goteo de malas noticias no sólo no se ha detenido, sino todo lo contrario. En este tiempo han ido sumándose decisiones que, según denuncian, ponen en riesgo directo la viabilidad de miles de explotaciones: el anunciado recorte del trasvase Tajo-Segura, el cierre progresivo de acuíferos sobreexplotados, los acuerdos comerciales con Mercosur o Marruecos, seguros agrarios precarios o los recortes en la Política Agraria Común. Un cóctel que ha dejado al sector contra las cuerdas y sin relevo generacional.

Las principales organizaciones agrarias —Coag, Asaja y UPA— coinciden en el diagnóstico: no se sienten respaldados ni por el Gobierno de España ni por las instituciones europeas. La sensación de abandono ha ido calando en un colectivo que se juega mucho más que la rentabilidad de una campaña. Hablan directamente de supervivencia. Y este jueves han decidido obligar a toda la sociedad murciana a mirar hacia ellos y hacia las amenazas que pesan sobre uno de los pilares económicos de la Región de Murcia.

El impacto se dejará sentir especialmente entre las 9.00 y las 13.30 horas

La jornada se prevé larga y compleja. Según las organizaciones convocantes, cerca de 3.000 agricultores y más de 1.800 vehículos agrícolas —entre tractores, camiones y coches— participarán en las movilizaciones, con concentraciones y cortes de tráfico en puntos estratégicos de la red viaria regional. El impacto se dejará sentir especialmente entre las 9.00 y las 13.30 horas, franja en la que está previsto que se activen los principales bloqueos.

Puntos viarios conflictivos

Los puntos más conflictivos estarán repartidos por toda la Región. En la autovía A-30, eje clave entre Murcia y Cartagena, se producirán cortes a la altura de Venta Garcerán, en ambos sentidos, en un tramo especialmente sensible por su conexión con el Campo de Cartagena. También en la A-30, pero en sentido Madrid, se verá afectado el cruce de Blanca, un nudo fundamental para la Vega Alta del Segura. A ello se sumará el corte previsto en la autovía MU-32, en el cruce de Archena–Venta El Empalme, una vía muy utilizada para acceder al área metropolitana de Murcia. En la A-7, otro de los grandes corredores del sureste, la protesta se concentrará en la pedanía de La Hoya de Lorca, en sentido Murcia.

La Delegación del Gobierno ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y tráfico para tratar de minimizar el impacto de la protesta sobre la movilidad ciudadana. Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional, DGT y Demarcación de Carreteras del Estado coordinarán un operativo que busca un difícil equilibrio: garantizar el derecho de manifestación de los agricultores sin bloquear por completo la vida diaria de miles de ciudadanos.

El punto de reparto de productos agrícolas: en la plaza Belluga de Murcia a las 10.30 horas

Alternativas para el tráfico

Para ello, se han previsto desvíos e itinerarios alternativos en todos los puntos de concentración. En la A-30, el tráfico en dirección Cartagena será redirigido por la RM-19, mientras que en sentido Murcia se utilizará la RM-2. En el cruce de Blanca, la alternativa será la N-344 en dirección Madrid. En el entorno de Archena, el desvío se realizará por la A-30 a través del Arco Noroeste. En la A-7, a la altura de La Hoya de Lorca, se habilitará un ‘transfer’ señalizado y balizado entre los puntos kilométricos 618+740 y 621+850 para mantener un mínimo de fluidez en dirección a la capital.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha insistido en que el Ejecutivo está del lado de los agricultores, pero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los manifestantes para que ejerzan su derecho sin vulnerar los derechos fundamentales del resto de la población. El delegado también ha recordado que todos los vehículos participantes deberán estar identificados, que los asistentes deberán portar chalecos reflectantes y que se dispondrán medios auxiliares para alertar de posibles retenciones y evitar accidentes.

Punto de reparto de productos agrícolas

Más allá del asfalto, la protesta también tendrá un componente simbólico en el corazón de la ciudad de Murcia. A partir de las 10.30 horas, la plaza del Cardenal Belluga acogerá un reparto gratuito de frutas y verduras (hasta agotar los productos), un gesto con el que los agricultores quieren visibilizar lo que, a su juicio, está en juego no solo para los productores, sino también para los consumidores. El mensaje es claro: sin un campo viable, la cadena alimentaria se resiente.

El recuerdo de lo ocurrido en febrero de 2024 planea sobre esta nueva movilización. Entonces, una tractorada no autorizada colapsó los accesos a Murcia y provocó atascos kilométricos. Días después, ya con mayor control, entre 1.500 y 2.000 vehículos agrícolas volvieron a salir a las carreteras, demostrando su capacidad de presión. Este jueves, casi dos años después, con la experiencia acumulada y un malestar aún mayor, el campo murciano vuelve a la carga.

Para muchos ciudadanos, la principal preocupación no será tanto el trasfondo de las reivindicaciones como las consecuencias inmediatas: carreteras cortadas, desplazamientos imposibles, retrasos en el trabajo y una ciudad prácticamente paralizada durante horas. Para los agricultores, sin embargo, el cálculo es otro; consideran que ya no les queda margen para protestas discretas. El sector agroalimentario, sostienen, es —o debería ser— una cuestión de Estado. Y este jueves, cueste lo que cueste, han decidido recordarlo.