La izquierda no apoyará la ley de García Montoro si la vivienda asequible de 90 metros no baja de los 170.000 euros

El nuevo modelo de vivienda asequible presentado en octubre de 2025 fijaba un precio medio de 1.840 euros el metro cuadrado edificable, por lo que un inmueble tipo de 90 metros costaría entre 160.000 y 170.000 euros. "Son precios muy competitivos que están por debajo del valor medio del mercado libre", afirmaba entonces el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, contestando así a algunas críticas que aseguraban que el precio de estas casas estarían un 20% por encima de la media regional.

Este miércoles, el titular del ramo continuaba su ronda de consultas con los grupos parlamentarios para presentar el texto del Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible. Las formaciones de izquierda, PSOE y Podemos, tienen claro en que no apoyarán la iniciativa del Ejecutivo si el precio no baja.

"Una vivienda de 90 metros cuadrados por 170.000 euros no es asequible", señaló la portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, quien recordó que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, adelantó hace unos meses algunas propuestas para abordar este asunto: una ayuda directa de 36.000 euros a jóvenes y familias para la entrada de su primera vivienda; prohibir la venta de suelo público y garantizar que la vivienda pública siempre sea pública; incrementar los recursos humanos y técnicos para la agilización de los procesos urbanísticos; modificar el aval a la compra para que la banca no ponga más requisitos a los compradores que los estipulados en la ayuda; y la regulación de la vivienda cooperativa.

PSOE y Podemos critican al Ejecutivo murciano por no haber construido "ni una sola vivienda pública en ocho años"

"En los próximos días, le haremos llegar al Gobierno regional el resto de medidas del decálogo que proponemos para abordar el problema de la vivienda, todas ellas centradas en reducir el precio de la vivienda", indicó Fernández, quien destacó que "el Gobierno regional, hasta ahora, ha demostrado que no apuesta por facilitar el acceso a la vivienda, ya que ni ha repartido las ayudas para los jóvenes que ha enviado el Gobierno de España, ni está aplicando la ley estatal de vivienda y no ha construido ni una sola vivienda pública en ocho años".

"López Miras tiene la posibilidad de alcanzar acuerdos con el PSOE. No solo está Vox", insistió. Incluso, amagó con "pasarle" sus propuestas a la formación de Santiago Abascal, "que es quien realmente manda en esta Región".

Podemos no apoyará la Ley de Vivienda Asequible si el precio no baja de los 120.000 euros

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, anunció que no apoyará el anteproyecto de ley si el precio máximo de los inmuebles no se sitúa por debajo de los 120.000 euros para pisos que tengan, como mínimo, 90 metros cuadrados (a razón de 1.300 euros por metro cuadrado).

Marín exigió al Ejecutivo regional que incluya en la norma, como una forma de reducir el precio, el concepto de "vivienda vacía", de modo que "los ayuntamientos puedan expropiar las viviendas deshabitadas de forma injustificada en manos de grandes tenedores".

Los morados proponen que "los ayuntamientos puedan expropiar las viviendas deshabitadas de forma injustificada en manos de grandes tenedores"

Además, propuso otra posibilidad para disminuir el precio: "construir vivienda más barata". Según ella, el Gobierno regional tiene "herramientas de sobra para levantarla por sus propios medios, pero desde el año 2019 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región".

La portavoz morada aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para acusar a García Montoro de actuar como "delegado de la patronal inmobiliaria" en el Gobierno autonómico y de proteger "los intereses de los promotores, fondos buitres y especuladores de la Región".

El PP pide a la oposición "que ponga a los jóvenes y las familias de la Región por delante de sus intereses políticos"

El diputado regional Antonio Landáburu, que también participó en las reuniones, pidió a PSOE, Vox y Podemos "que pongan a los jóvenes y las familias de la Región por delante de sus intereses políticos" para alcanzar un acuerdo sobre la norma propuesta por el Ejecutivo autonómico. "Es la segunda oportunidad que el Gobierno del presidente Fernando López Miras nos ofrece a los partidos y confiemos en que la oposición, en esta ocasión, no defraude a los ciudadanos de la Región", subrayó.

Landáburu remarcó que el anteproyecto del Gobierno regional "es fruto del rigor técnico y del consenso con todos los sectores de la sociedad civil que tuvieran algo que aportar" y que, de aprobarse, "permitiría poner en el mercado 25.000 viviendas a un precio asequible en cinco años".

"Queremos contar con un amplio respaldo parlamentario"

El consejero Jorge García Montoro, tras terminar la ronda de consultas, que valoró como "positiva y fructífera", insistió en que ni el decreto ni el anteproyecto de ley incluyen en el texto ninguna referencia a los precios de las viviendas asequibles. "Queremos dotar a la Región de una ley que permita aumentar la oferta de vivienda, reducir plazos y facilitar el acceso a quienes hoy lo tienen más difícil. La situación actual exige respuestas inmediatas y este Gobierno está decidido a liderarlas", explicó tras agradecer a los grupos parlamentarios su disposición a participar en estas reuniones. "Hemos explicado nuestras propuestas y todos los grupos nos han trasladado sus planteamientos y aportaciones", señaló.

"Vamos a analizar todas las propuestas con responsabilidad y sentido institucional, y con la voluntad de que el texto se enriquezca, porque queremos contar con un amplio respaldo parlamentario para dar lugar a una ley ambiciosa, útil y sobre todo necesaria para aumentar la oferta de viviendas asequibles en el menor tiempo posible", aseguró.

La ronda de consultas se inició el día anterior con el Grupo Parlamentario Vox, que dejó claro que no apoyará la medida si no se retiran las ayudas al 'coliving' y 'cohousing'. El Gobierno regional informó entonces que la iniciativa incluye medidas contra la ocupación ilegal que no estaban contempladas en el decreto. Con el nuevo texto, la persona adquiriente o arrendataria de una vivienda asequible no puede haber sido condenada mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años.