El Ministerio aplicará el recorte del trasvase Tajo-Segura tras el fallo del Supremo

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) celebró este jueves su centenario en un escenario poco habitual, pero cargado de simbolismo: una de las plantas del Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia. Un acto conmemorativo pensado para poner en valor cien años de gestión del agua en una de las cuencas más complejas de Europa, pero que acabó proyectando, inevitablemente, el debate hacia el futuro del trasvase Tajo-Segura, la sobreexplotación de los acuíferos y el papel creciente de la desalación.

El presidente de la CHS abrió la jornada reivindicando el papel histórico del organismo, creado en 1926 como la segunda confederación hidrográfica de España. Recordó que el modelo de gestión integrada por cuencas supuso "una respuesta valiente" a las necesidades de desarrollo del país y defendió que, con luces y sombras, la Confederación del Segura ha sido durante un siglo "una administración que vertebra el territorio". En ese recorrido quiso subrayar el compromiso de los trabajadores del organismo y el papel de los usuarios —abastecimiento, regadío, organizaciones agrarias y ambientales—, además de la colaboración del Seprona en la protección del dominio público hidráulico.

La intervención más esperada llegó con la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, encargada de clausurar el acto. Pascual enmarcó en declaraciones previas al acto el centenario dentro del proceso histórico que llevó a la creación de las confederaciones hidrográficas, subrayando que no fueron un punto de partida, sino "el final de un proceso largo" de modernización económica y territorial. Defendió los tres pilares del modelo —unidad de cuenca, planificación y participación— y auguró "un gran futuro" a estas organizaciones ante los retos del cambio climático y la presión creciente sobre las masas de agua.

Sin embargo, el tono institucional dio paso a un mensaje mucho más político cuando fue preguntada por el futuro del trasvase Tajo-Segura. La directora general confirmó que el Ministerio está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos pendientes contra los planes hidrológicos, entre ellos el presentado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura. Hasta que no exista un pronunciamiento firme, explicó, el Gobierno seguirá aplicando “rigurosamente” las normas actuales y los caudales ecológicos del Tajo.

Pascual reconoció que existe una obligación legal de modificar las normas de explotación una vez se conozca el criterio definitivo del Supremo, un cambio que previsiblemente implicará un recorte notable (de más de 100 hectómetros cúbicos al año) de los volúmenes trasvasables a partir de 2027. “No es un capricho, es la necesidad de encontrar el régimen más estable y equilibrado posible para las dos cuencas”, afirmó, insistiendo en la búsqueda de seguridad jurídica ante un asunto de “enorme repercusión” tanto en la cuenca cedente como en la receptora.

El Ministerio abre la puerta a la moratoria para el cierre de los acuíferos

Sobre las aguas subterráneas, la directora general quiso matizar que la Directiva Marco del Agua no impone de forma literal el cierre de pozos, aunque sí exige cumplir objetivos ambientales muy exigentes en 2027, especialmente difíciles en masas de agua subterráneas sobreexplotadas como las del Segura. Admitió que habrá que estudiar excepciones “una por una”, siempre que se justifique ante la Unión Europea que no habrá un deterioro adicional, y destacó el trabajo de la Confederación en la búsqueda de soluciones alternativas.

En este contexto de posible reducción del trasvase, Pascual confirmó que el Estado mantiene su apuesta por incrementar los recursos procedentes de la desalación, tanto con la ampliación de plantas ya previstas como con nuevos proyectos en fase de estudio. Además, recordó que algunas de las desaladoras contempladas en la planificación anterior están ya en ejecución y supondrán un aumento “muy considerable” de recursos para el Levante y, en particular, para la Región de Murcia, aunque evitó concretar plazos de plena operatividad.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, presente en el acto, combinó el reconocimiento institucional con un discurso abiertamente crítico. Rubira calificó a la CHS como un actor “fundamental” para el desarrollo regional, pero advirtió de la incertidumbre que afrontan los regantes ante el horizonte de 2027, cuando, según recordó, se prevé un recorte de hasta el 50% del trasvase y una reducción de las extracciones subterráneas. “Quedan 337 días para que estas amenazas se cumplan y los agricultores necesitan soluciones ya”, afirmó, cuestionando la falta de concreción de las alternativas planteadas.

Por último, la consejera mostró su malestar por la escasa representación autonómica en la celebración del centenario. En este sentido, lamentó que la Comunidad Autónoma no tuviera mayor protagonismo en el programa oficial, pese a que, recordó, ostenta la vicepresidencia de la Junta de Gobierno de la CHS. “Mostramos nuestra voluntad de participar, pero declinaron esa posibilidad”, señaló, subrayando que la ausencia institucional no fue una decisión del Gobierno regional.