Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas

Desde el año 2020, el Gobierno regional ha hecho posible que más de medio millar de familias —en concreto, 503— se conviertan en propietarias de la vivienda social en la que han residido durante décadas, transformando así antiguos alquileres en hogares en propiedad.

Desde el Ejecutivo regional destacan que la cesión de viviendas sociales supone «un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de quienes han cumplido durante años con sus obligaciones como inquilinos», y añaden que con medidas como esta el Gobierno regional «transforma alquileres históricos en propiedad, aportando tranquilidad, estabilidad y certidumbre a muchas familias».

La mayoría de los beneficiarios son personas jubiladas y con la cesión de la vivienda se alivia una «situación de inestabilidad permitiendo que puedan vivir más desahogadas económicamente, eliminando la carga del alquiler social para que la destinen a cubrir otras necesidades básicas».

Solo durante el año 2025 se formalizó la cesión de 54 viviendas sociales, en el marco de una línea de actuación que se mantiene de forma continuada y que permite avanzar en una gestión más eficiente del parque público de vivienda. Estas operaciones se han distribuido entre distintos municipios, atendiendo a situaciones consolidadas de arrendamiento de larga duración. Específicamente, las cesiones se han realizado en 37 municipios de la Región de Murcia, reflejando el alcance territorial de esta política de vivienda.

El requisito de las cesiones es que el arrendatario lo sea durante al menos 25 años y estar al corriente de todas las obligaciones económicas, o bien acreditar una antigüedad mínima de 10 años en determinados supuestos específicos como familias numerosas o monoparentales, o con personas con discapacidad a su cargo, víctimas de violencia machista o del terrorismo, o parados de larga duración con más de 50 años.

Fuentes de San Esteban señalan que esta actuación demuestra que «las políticas de vivienda del Ejecutivo están orientadas a ofrecer estabilidad residencial y seguridad jurídica a las familias que han desarrollado su proyecto de vida en viviendas de titularidad pública», e indican que así se «combina sensibilidad social con una gestión responsable del patrimonio público».

Haciendo hogar

La cesión de viviendas es una de las medidas que integra el Plan Haciendo Hogar, una estrategia con la que se pretende, en primer lugar, ayudar a las personas y familias a acceder y mantener un hogar durante toda su vida; apoyar a los propietarios promoviendo la seguridad jurídica e incentivando la construcción y rehabilitación de viviendas; y mejorar la calidad del hogar y del espacio urbano.

Dentro del Programa de Garantía para Familias Vulnerables, se recogen ayudas directas a familias vulnerables para el mantenimiento de sus viviendas. Igualmente, establece una línea de adjudicación de vivienda en propiedad para aquellas familias en situación de vulnerabilidad que han permanecido en una vivienda social en régimen de alquiler durante un tiempo determinado.

Desde la Administración regional consideran que, cuando se adjudica una vivienda pública a un inquilino «es muy difícil que la abandone, incluso aunque su situación económica mejore», dado que la considera su hogar. De hecho, el temor a perder la vivienda pública es un «desincentivo para prosperar» y, «en muchas ocasiones, acaba fomentando situaciones fraudulentas que perjudican a otras familias con mayores o más apremiantes necesidades de vivienda que es necesario evitar y combatir».

Tal y como se explica en el Plan Haciendo Hogar, cediendo estas propiedades se pretende que puedan «tener la tranquilidad de que no perderán el que es su hogar, y podrán utilizarlo como herramienta de ascensor social para abandonar de forma definitiva su situación de vulnerabilidad».

El problema que más preocupa

La dificultad para acceder a la vivienda, bien sea comprando o alquilando, es la principal preocupación de los murcianos. Según el informe de Idealista publicado en enero de 2025, los precios crecieron un 8,2% en 2024, hasta alcanzar los 8,2 euros el metro cuadrado al mes de media. Los datos de Pisos.com publicados en febrero de 2025, mostraron que el coste medio de arrendar una vivienda subió un 23,52% en apenas cinco años: un incremento por encima de la media nacional y el cuarto más alto del país. En marzo, la UGT cifraba en 175.000 los jóvenes de entre 25 y 35 años en la Región que necesitarían una vivienda para poder emanciparse, pero que no pueden permitírselo ni comprando ni alquilando. Ante esta situación, para las familias vulnerables el mercado de la vivienda es totalmente inaccesible.

Isabel, viuda y con una hija en paro: «Fue una alegría grandísima»

«Fue una alegría grandísima», reconoce Isabel Pérez Mata, una mujer de 68 años a la que el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, le dio hace unas semanas las llaves de la casa en la que lleva viviendo en Calasparra cerca de cincuenta años, en los alrededores del centro de salud del municipio.

Hasta entonces, pagaba un alquiler social a la Comunidad por vivir allí, puesto que cuando se mudó su marido estaba en paro y tenían tres hijos pequeños a su cargo. En tiempos en los que el precio del alquiler está por las nubes y parece que nunca toca techo, Isabel ha mantenido un alquiler que por poco sobrepasaba los cincuenta euros. Incluso, se le rebajó hasta menos de diez euros, al quedarse la única hija con la que vive, de 34 años, en paro. Es imposible que dos personas vivan con su pensión de viudedad de 800 euros si tienen que hacer frente a un alquiler de los que se ven hoy en día.

Su casa es «grande» reconoce. Tiene cuatro habitaciones, un cuarto de aseo, un cuarto de baño, cocina y salón-comedor. Hace un año, su asistente social le habló del programa por el que la Comunidad le podría ceder el inmueble. «Tenía miedo, porque yo no tengo dinero ahorrado ni me dan préstamos. Pensaba que no tendría ninguna posibilidad y no terminaba de creérmelo, pero mis hijas me insistieron», explica. Hizo bien. Tras meses de gestiones y espera, llegó la notificación definitiva, la llamaron desde la Administración regional y le dieron la buena noticia. El pasado 18 de diciembre, acudió a la sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en Murcia, con su vecina Manuela, a la que también le cedieron la casa de alquiler social en la que reside. «Fue una alegría grandísima», cuenta. Con ellas, el Gobierno regional ha logrado alcanzar la cifra de 500 cesiones de viviendas de titularidad pública a inquilinos que llevaban décadas pagando un alquiler social.

A lo largo de este casi medio siglo, Isabel ha cuidado la vivienda. Ha pintado el piso periódicamente, ha cambiado grifos, arreglado el baño y realizado mejoras con sus propios medios. «Lo he tenido siempre bien, como cualquier casa. Como si fuera mía», afirma con orgullo la calasparreña.

Ahora, Isabel Pérez espera reunir a sus hijos y familiares para celebrarlo. No pudo hacerlo en Navidad, pero ya piensa en una comida en casa, «un arroz o lo que sea», para festejar que, después de toda una vida, el piso en el que ha criado a su familia ya es definitivamente suyo.