El Gobierno central creará 19 plazas de jueces en la Región este año para impulsar los tribunales de instancia

El Gobierno central ha anunciado este lunes que creará 19 nuevas plazas de jueces en la Región de Murcia, lo que considera como "la mayor ampliación de su planta judicial en un solo año y una cifra superior a la suma de las creadas en los últimos diez años", informa el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Con esta medida, el número de efectivos judiciales en la comunidad crecerá un 11,2%, en el marco de un refuerzo general de la Justicia en todo el país.

Las nuevas plazas se destinarán a reforzar los tribunales de instancia y órganos colegiados. En concreto, tres se incorporarán a la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el resto apoyará a los tribunales de instancia de partidos judiciales como Murcia capital, Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Totana, entre otros.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna Carbonell, consideró que el anuncio del Ministerio “es coherente con la apuesta firme de este Tribunal Superior por una reforma organizativa imprescindible para empezar a ganar en eficiencia en la Administración de Justicia” y subrayó que se trata de una “ampliación histórica”, indica el TSJ en una nota.

Del análisis del borrador del Real Decreto se desprende que el incremento asignado a la Región se ajusta a criterios objetivos de población y litigiosidad, “situándose ligeramente por encima de su peso poblacional en el conjunto del Estado”, subraya Luna Carbonell. Entre las medidas más relevantes figura la creación de una nueva Sección en la Audiencia Provincial de Murcia, junto con el refuerzo de órganos de primera instancia en los principales partidos judiciales.

Luna valoró que “el nuevo modelo de Tribunales de Instancia permite reforzar la planta judicial de una forma más racional y sostenible, concentrando los recursos allí donde realmente se necesitan”, y que “el alcance del refuerzo previsto para la Región de Murcia pone de relieve el trabajo previo realizado y la implicación con la que se ha abordado la implantación del nuevo modelo”.

A su juicio, "el incremento anunciado es relevante y necesario, y debe entenderse como un paso en la buena dirección, que deberá tener continuidad en los próximos ejercicios”.

Por su parte, el secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra García, destacó el trabajo técnico desarrollado para facilitar la implantación del nuevo modelo organizativo. “La creación de los Tribunales de Instancia ha exigido una planificación exhaustiva, con la aprobación de protocolos de actuación y la elaboración de manuales procesales que hacen plenamente operativo el sistema”, explicó.

Parra García precisó que “este trabajo previo de organización interna es el que permite ahora integrar con eficacia las nuevas plazas judiciales anunciadas, favoreciendo una mejor distribución de los asuntos y una mayor coordinación entre jueces, magistrados y oficinas judiciales”.

La medida forma parte de un plan estatal que prevé la creación de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, también un récord histórico. Según el Ejecutivo, esta cifra supera igualmente el total de plazas creadas en la última década y ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que implanta un nuevo modelo organizativo.

Este sistema sustituye los juzgados tradicionales, integrados por un único juez y su equipo, por tribunales de instancia formados por varios jueces y apoyados por una Oficina Judicial común.

El modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de constituir un juzgado completo, lo que reduce de forma significativa los costes. Mientras un juzgado tradicional suponía alrededor de 500.000 euros, cada nueva plaza en el sistema actual ronda los 100.000. Así, las 500 unidades proyectadas para este año tendrán un coste estimado de 55,7 millones de euros, frente a los 260 millones que habría supuesto el modelo anterior.

Del total nacional, 363 plazas serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Otras 50 serán de adscripción territorial, para cubrir necesidades variables de carga de trabajo.

La distribución se ha realizado con criterios como litigiosidad y población, teniendo en cuenta informes del Consejo General del Poder Judicial y propuestas de comunidades autónomas y tribunales superiores. Además, sigue en tramitación una ley que prevé convocar 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, junto al refuerzo de personal de gestión, tramitación y auxilio judicial.