El campo murciano celebra el freno a Mercosur, pero mantiene la presión en la calle

El sector agrario de la Región de Murcia ha recibido con alivio y cautela la decisión del Parlamento Europeo de denunciar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), un paso que paraliza el proceso de ratificación y abre un largo paréntesis de incertidumbre jurídica. Para las organizaciones agrarias murcianas, el movimiento supone una victoria parcial fruto de meses de movilizaciones, aunque advierten de que no es definitivo y que las protestas seguirán adelante porque los problemas del campo van mucho más allá de este tratado.

La votación, ajustada por apenas diez votos, ha sido interpretada por Coag y Asaja como la prueba de que la presión ejercida desde las calles y desde Bruselas ha tenido efecto. El presidente de Coag en la Región de Murcia, José Miguel Marín, considera que el envío del acuerdo al TJUE es "un auténtico triunfo" del sector. En su valoración, subraya que se trata del resultado de un proceso sostenido de protestas, desde las concentraciones iniciadas en diciembre en Bruselas hasta las movilizaciones convocadas en los distintos territorios, incluida la Región de Murcia, donde el campo tiene prevista una gran jornada de protestas el próximo 29 de enero.

Marín defiende que el acuerdo con Mercosur no solo perjudica a agricultores y ganaderos, sino que supone "un fraude a los consumidores europeos", al introducir productos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales exigidos en la UE. A su juicio, el sector agrario está actuando como "defensor de la sociedad en su conjunto" al oponerse a un pacto que considera contrario al interés general.

Desde Asaja Murcia, su secretario general, Alfonso Gálvez, coincide en la lectura positiva del paso dado por la Eurocámara, aunque insiste en que se trata solo de una fase más en un proceso largo. Gálvez destaca que el análisis jurídico del TJUE permitirá revisar la forma en que la Comisión Europea impulsó el acuerdo, prescindiendo —según denuncia— de la opinión de sectores clave como el agrario y de los propios parlamentos nacionales. Para Asaja, este tiempo es "muy valioso" para seguir presionando y exigir responsabilidades políticas a los grupos que, con su voto, han respaldado el tratado.

"Este tiempo es muy valioso para seguir presionando y exigir responsabilidades políticas", señala Alfonso Gálvez

Más prudente se muestra la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la Región de Murcia. Su secretario general, Marcos Alarcón, llama a la cautela ante la confusión existente sobre los efectos reales de la decisión parlamentaria y recuerda que la votación no implica automáticamente la paralización total del acuerdo y que todo dependerá de si el TJUE adopta medidas cautelares o de la voluntad política de la Comisión Europea. "De momento tenemos que ser precavidos", señala, a la espera de aclarar el alcance jurídico del dictamen que solicite Luxemburgo.

A nivel nacional, Coag ha celebrado también la decisión del Parlamento Europeo como un respaldo a la movilización del sector. La organización considera que el dictamen solicitado al TJUE confirma que existen dudas de fondo sobre la legalidad del acuerdo y anima a agricultores y ganaderos a mantener la presión en las próximas semanas. Su mensaje es claro: la jornada de protestas del 29 de enero no será un punto final, sino un nuevo hito en una movilización que podría prolongarse.

"De momento tenemos que ser precavidos", advierte el secretario general de UPA Murcia

Más allá de Mercosur, las organizaciones agrarias murcianas insisten en que las protestas responden a un malestar estructural. Denuncian la falta de garantías de recursos hídricos, la asfixiante normativa de protección ambiental, el aumento de los costes de producción, la competencia desleal de terceros países, la falta de rentabilidad en origen, la precariedad de los seguros agrarios, el exceso de burocracia y una política comercial europea que, a su juicio, sacrifica al sector primario en nombre del libre comercio. El acuerdo con Mercosur se ha convertido así en un símbolo de un descontento más amplio.

Mientras el TJUE se prepara para analizar la base jurídica del tratado —un proceso que puede prolongarse hasta dos años—, el campo murciano no baja la guardia. La paralización del acuerdo es vista como un "motivo de esperanza", pero no como una victoria definitiva. En palabras que se repiten entre las organizaciones agrarias, la consigna es clara: celebrar el paso dado, pero seguir en la calle hasta que Mercosur quede definitivamente descartado.

La decisión del Parlamento Europeo introduce además un escenario de espera prolongada que inquieta al sector agrario. El Tribunal de Justicia de la UE puede tardar entre 18 y 24 meses en pronunciarse, un plazo que, según advierten las organizaciones profesionales, no puede convertirse en una coartada para reactivar el acuerdo por otras vías. En ese sentido, el campo murciano observa con desconfianza la posibilidad de que la Comisión Europea intente aplicar de forma provisional la parte comercial del pacto, una opción legalmente viable pero políticamente controvertida. Para los agricultores, cualquier avance en ese sentido supondría ignorar el mensaje lanzado desde el Parlamento y desde la calle. Por ello, insisten en que la movilización continuará como elemento de vigilancia y presión, no solo frente a Mercosur, sino ante un modelo de política agraria y comercial que consideran cada vez más alejado de la realidad del campo mediterráneo.

Bruselas defiende el acuerdo y cuestiona la decisión

La Comisión Europea ha reaccionado con visible malestar a la decisión de la Eurocámara de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur. Desde Bruselas se insiste en que la motivación del Parlamento "no está justificada" y se defiende que el tratado incorpora garantías suficientes para salvaguardar los estándares europeos en materia sanitaria, medioambiental y laboral. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha recordado que los mecanismos de resolución de disputas incluidos en el acuerdo son similares a los de otros tratados comerciales recientes y ha subrayado que ningún tribunal de arbitraje puede obligar a la Unión Europea a modificar su legislación ni limitar su capacidad regulatoria. Aun así, la Comisión evita por ahora aclarar si seguirá adelante con la aplicación provisional de la parte comercial del pacto y se limita a señalar que analizará el nuevo escenario político y jurídico antes de pronunciarse sobre los próximos pasos, en un contexto marcado por las divisiones internas entre los Estados miembros.

Choque político en la Región por Mercosur tras la votación europea

La decisión del Parlamento Europeo ha reavivado la confrontación política en España y en la Región de Murcia. Vox ha celebrado el envío del acuerdo al TJUE como una "victoria histórica" y ha acusado tanto al PP como al PSOE de traicionar al campo español con su voto en la Eurocámara. En el ámbito regional, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha reprochado que "el PP vende en los medios que es el partido del campo pero siempre vota en contra del campo".

Los populares mantienen una posición prudente a la espera del pronunciamiento judicial y de las decisiones que adopte la Comisión Europea. Sin embargo, fuentes socialistas en el Parlamento Europeo señalan que la decisión de remitir el acuerdo UE–Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE no lo paraliza, sino que retrasa su ratificación hasta que haya sentencia, y atribuyen la votación a una campaña impulsada por la extrema derecha, con el apoyo de sectores de la izquierda, basada —dicen— en argumentos falsos. En un contexto de guerra arancelaria y de decisiones de la administración Trump que están perjudicando a los productores europeos, defienden que Mercosur es hoy más estratégico que nunca para diversificar mercados y proteger al sector primario, reforzar la autonomía de la UE y reducir dependencias. Recuerdan además que el acuerdo incluye salvaguardas e indicaciones geográficas y que América Latina, con 270 millones de habitantes y un PIB de 2,7 billones de euros, ofrece oportunidades para las exportaciones y el empleo en España y en la Región de Murcia.

También Podemos ha mostrado su satisfacción por la decisión, recordando que la iniciativa partió del grupo The Left en la Eurocámara. La portavoz regional, María Marín, sostiene que la izquierda ha logrado frenar "un ataque salvaje" al sector agrario que favorece la competencia desleal y a las multinacionales. Marín ha confirmado además que el 29 de enero su formación apoyará las movilizaciones del campo, "con muchas reivindicaciones, pero también con algo que celebrar".