La Fiscalía archiva la denuncia del alcalde de La Unión por la regeneración de Portmán

La compleja y dilatada regeneración ambiental de la bahía de Portmán vuelve a situarse en el centro del debate público. La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada por el alcalde de La Unión contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al no apreciar indicios de delito en la paralización y reformulación del proyecto de recuperación de este enclave gravemente degradado por décadas de vertidos mineros.

El decreto, firmado el pasado 23 de diciembre por el fiscal investigador concluye las diligencias de investigación preprocesal iniciadas a raíz de la denuncia formulada por el alcalde unionense, Joaquín Zapata. En ella se imputaban al Miteco posibles delitos contra el medio ambiente y de prevaricación ambiental por una supuesta inacción administrativa desde 2019.

Sin embargo, tras analizar la documentación técnica, los antecedentes administrativos y las resoluciones judiciales vinculadas al caso, la Fiscalía descarta que la actuación del Ministerio pueda considerarse arbitraria o penalmente relevante. Según el decreto, las decisiones adoptadas por la Administración estatal "no rozan en lo más mínimo la prevaricación o incluso la mera arbitrariedad administrativa".

"Las decisiones del Estado no rozan en lo más mínimo la prevaricación", señala la Fiscalía

La investigación recuerda que la bahía de Portmán está colmatada por "decenas de millones de toneladas de estériles mineros y sedimentos cargados de metales pesados", consecuencia de los vertidos realizados entre los años sesenta y noventa del siglo pasado por la empresa Peñarroya. Para revertir esta situación, en 2006 se firmó un convenio entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión, que dio lugar a un ambicioso proyecto aprobado en 2011 y licitado en 2016.

No obstante, durante la ejecución de las obras salieron a la luz "gravísimos problemas" técnicos y ambientales, entre ellos la inestabilidad de los residuos depositados en la corta minera de San José, la elevada concentración de metales pesados en el agua del dragado y la imposibilidad de controlar la turbidez generada. Estos obstáculos, avalados por informes del CEDEX y de la asistencia técnica de la obra, hacían inviable continuar el proyecto sin modificar sustancialmente su diseño y presupuesto.

A estos problemas se sumó la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2019, que anuló la adjudicación del contrato, y un posterior auto que permitió a la Administración renunciar a la obra y replantear el procedimiento. En este contexto, la Fiscalía considera plenamente justificada la suspensión de los trabajos y la posterior renuncia al contrato en 2022.

Lejos de apreciar una dejación de funciones, el decreto de conclusiones subraya que el Miteco ha seguido actuando desde entonces, impulsando nuevos estudios y alternativas técnicas. "No existe cambio de criterio ni abandono del objetivo inicial", señala el fiscal, que recuerda que la finalidad sigue siendo "la recuperación de la bahía de Portmán para un uso público ambientalmente adecuado y saludable".

El archivo de las diligencias no pone fin al debate político ni social sobre Portmán. La Fiscalía admite que las decisiones administrativas pueden ser objeto de crítica pública y no ser compartidas por vecinos o instituciones locales, pero aclara que ese desacuerdo "se sitúa completamente al margen" del ámbito penal.

El decreto recuerda, además, que el Ayuntamiento de La Unión conserva la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria si lo estima oportuno, aunque contra la decisión de archivo de la Fiscalía no cabe recurso.

El alcalde discrepa: "La resolución no es completa, es parcial"

El alcalde Joaquín Zapata ha señalado que, aunque respeta la decisión de la Fiscalía, no comparte su contenido. A su juicio, el archivo se basa en una investigación incompleta, centrada casi exclusivamente en el proceso de contratación y en si la paralización de las obras podía tener consecuencias penales.

El regidor sostiene que "buena parte de los argumentos que nosotros planteamos no tienen respuesta en la resolución", ya que, según afirma, no se han practicado todas las diligencias solicitadas por el Ayuntamiento. En este sentido, lamenta que no exista pronunciamiento alguno sobre los análisis de las tierras realizados por la Policía Nacional ni sobre la peligrosidad de los residuos, "tal y como evidencian numerosos informes científicos emitidos por prestigiosas universidades y que se incorporaron a la denuncia".

Para Zapata, la Fiscalía ha ofrecido una respuesta "parcial", que no aclara si detrás de determinadas omisiones administrativas puede existir o no responsabilidad penal. Ante este escenario, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento estudia ya, junto con sus servicios jurídicos y los del Partido Popular, la posibilidad de acudir directamente a los tribunales. El objetivo sería que sean los jueces quienes determinen si existe o no delito en el retraso acumulado en la regeneración de la bahía.