Barcos amarrados y lonjas cerradas: la pesca regional se concentra en Mazarrón

El sector pesquero vive este lunes una jornada decisiva e histórica marcada por la protesta y la incertidumbre. Por acuerdo nacional, toda la actividad pesquera permanece parada y las lonjas cerradas en señal de rechazo a la entrada en vigor de nuevas normas europeas de control que los profesionales consideran de imposible cumplimiento. La respuesta del sector en la Región de Murcia se ha visualizado con una concentración en el puerto pesquero de Mazarrón, mientras todas las miradas están puestas en la reunión que esta tarde se celebra en Madrid entre el Ministerio y los representantes de las cofradías, a la que asistirá patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y presidente de la federación regional.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, Manuel Sánchez, ha explicado que el sector se siente "asfixiado" por una normativa que no se adapta a la realidad del trabajo en el mar. Según ha señalado, los barcos permanecen amarrados y las lonjas cerradas como gesto de protesta ante la implantación del diario electrónico de a bordo y, especialmente, ante dos exigencias que consideran inviables: el pesaje de las capturas en altamar y la notificación previa de la llegada a puerto.

Sánchez ha detallado que obligar al patrón a pesar todas las especies capturadas durante la faena supone un riesgo para la navegación y la seguridad. "Un patrón no puede bajar a cubierta y dejar el barco sin gobierno para pesar pescado", ha advertido. En el caso del arrastre, ha recordado que un solo barco puede capturar entre 25 y 35 especies distintas al día, lo que multiplica el margen de error y el riesgo de sanción. Ha puesto como ejemplo el caso de un compañero que se equivocó en el pesaje de 22 especies, una situación que, de haberse producido con especies reguladas, podría haber supuesto multas de hasta 3.000 euros por especie.

Las normas son incompatibles con la realidad de los caladeros murcianos

El segundo punto conflictivo es la obligación de comunicar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto, incluyendo especies y cantidades. Una exigencia que, según el sector, resulta incompatible con la realidad de los caladeros murcianos, situados a menos de una hora de navegación. Sánchez ha alertado de que esta medida puede obligar a los barcos a permanecer esperando fuera del puerto, incluso en situaciones meteorológicas adversas, con el consiguiente riesgo para las tripulaciones y la calidad del pescado. En modalidades como el cerco, ha explicado, los retrasos pueden provocar la caída de los precios o incluso la pérdida total de la captura. "Las ventas se me cierran y tendría que tirar el pescado", ha lamentado.

El malestar del sector no se limita a las exigencias técnicas. Los pescadores denuncian la falta de diálogo previo y aseguran que la normativa ha entrado en vigor sin contar con ellos. "No nos han sentado en una mesa de trabajo para explicarnos los problemas reales. Han decidido y mandado", ha criticado Sánchez, que teme que estas medidas acaben "cargándose la pesca de bajura", cuyo objetivo, recuerda, es abastecer de pescado fresco a España.

La atención del sector está ahora puesta en la reunión prevista esta tarde, a las 16.00 horas, en la Secretaría General de Pesca. En el encuentro participarán los representantes de la Federación Nacional de Cofradías, entre ellos el presidente de la Federación Provincial murciana. De las conclusiones de esa cita dependerá si este martes se reanuda la actividad o si la parada se prolonga.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha respaldado públicamente las reivindicaciones del sector y ha señalado que el nuevo reglamento de control pesquero "viene a asfixiar a los pescadores" al añadir una carga burocrática que dificulta su trabajo diario. Rubira ha coincidido en que los dos puntos clave del conflicto —la notificación previa de llegada a puerto y el pesaje de las capturas— son especialmente problemáticos en la Región de Murcia y ha subrayado que no existen básculas de precisión capaces de pesar en altamar, con el movimiento del barco, las cerca de 200 especies que se capturan en la zona.

Las nueva normativa prevé sanciones desmesuradas de entre 3.000 y 4.000 euros

La consejera ha advertido de que el incumplimiento de la norma puede acarrear sanciones de entre 3.000 y 4.000 euros, además de la posible pérdida de ayudas, lo que incrementa la preocupación del sector. Además, ha insistido en que los pescadores no se oponen al control, pero reclaman que se tenga en cuenta la singularidad de cada territorio y la realidad de la pesca artesanal y de bajura.

Rubira ha apelado a la sensibilidad del Gobierno central y ha reclamado una modificación urgente del reglamento, así como el establecimiento de una moratoria que exima temporalmente a los pescadores de unos controles que considera imposibles de cumplir. Por último, ha recordado que la Unión Europea contempla una cláusula para evitar agravios al sector, una opción que, según ha señalado, España no ha utilizado.

Mientras tanto, el sector pesquero del Mediterráneo afronta una jornada clave. La flota confía en que la reunión de esta tarde permita trasladar al Ministerio una propuesta que tenga en cuenta la realidad del trabajo en el mar. De no producirse avances, la posibilidad de una huelga indefinida sigue sobre la mesa, con el consiguiente impacto económico y de abastecimiento. El sector, aseguran, ha dicho basta y espera una respuesta que garantice poder seguir trabajando con dignidad.