Reclaman la anulación del proceso de compra pública innovadora del Mar Menor

Antes incluso de que se conozcan los proyectos seleccionados, la licitación para desarrollar soluciones innovadoras contra los nitratos que llegan al Mar Menor ha abierto un frente de controversia. Una empresa especializada en ingeniería del agua, afincada en Aragón, cuestiona la legalidad del procedimiento y ya ha solicitado su anulación al considerar que la Administración regional y el MInisterio de Ciencia han recurrido a la compra pública innovadora para impulsar una tecnología que, según defiende, ya existe, está patentada y fue probada con éxito en 2022 en la propia laguna.

El proceso se enmarca en el programa ‘Recupera’, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), con el objetivo de desarrollar soluciones de desnitrificación tanto en superficie como en el acuífero. La iniciativa, que cerró el pasado 9 de enero el plazo de presentación de ofertas, fue presentada como un proyecto pionero para combatir la entrada de nitratos, uno de los principales factores de degradación ambiental del Mar Menor.

Sin embargo, desde Ingeobras, una empresa de ingeniería e I+D+i del agua con sede en Zaragoza, su gerente y CEO, Joaquín Murria, sostiene que el planteamiento técnico del proceso "no responde al espíritu ni a los requisitos legales de la compra pública innovadora".

Según explica, el pliego técnico define de forma muy precisa las características de la solución buscada, hasta el punto de que "desde el punto de vista técnico solo admite una tecnología concreta". Esa tecnología, afirma, es la desnitrificación biológica heterótrofa, que "ya existe, es comercial, está patentada en España y pertenece a Ingeobras". Se trata del sistema de eliminación de nitratos Puremust-SN. Sobre la solución de Ingeobras, el directivo la describe como un proceso de desnitrificación biológica que reproduce lo que ocurre de manera natural en los ecosistemas fluviales, pero intensificado en biorreactores. "Convertimos el nitrato en nitrógeno gas, como hace la naturaleza, pero de forma controlada y eficiente", señala. La tecnología cuenta ya con varias plantas operativas en España y otros proyectos en marcha a nivel internacional, principalmente en el ámbito del agua potable.

Murria recuerda que no se trata de una solución teórica. En 2022, esa tecnología fue probada en el Mar Menor en el marco del proyecto piloto desarrollado en el canal D-7, en la Rambla del Albujón, una de las principales vías de entrada de nutrientes a la laguna. "Ese pilotaje se hizo con conocimiento y participación de la Dirección General del Mar Menor y los resultados fueron positivos, con una reducción de nitratos de más del 90%", subraya.

De hecho, añade, tras esa experiencia la propia Administración regional solicitó a la empresa propuestas para plantas a escala real. "Se pidieron ofertas completas, con proyectos técnicos, costes de construcción y planes de explotación", explica Murria. "Y los costes que se plantearon entonces eran inferiores a los fondos que ahora se destinan a desarrollar una tecnología nueva".

Desde su punto de vista, el problema de fondo es que la compra pública innovadora solo puede utilizarse cuando no existe ninguna solución en el mercado que cubra la necesidad planteada. "Ese es el principio básico que marca la normativa europea y española", afirma. "Si la tecnología ya existe, y más aún si está patentada, financiar su desarrollo a través de este procedimiento vulnera la competencia y desnaturaliza el propio concepto de innovación pública".

El CEO de Ingeobras pone el foco también en la consulta pública de mercado previa, un paso obligatorio en este tipo de procesos. Según sostiene, esa fase no se realizó con la profundidad ni la difusión necesarias. "Nosotros llevamos más de veinte años trabajando en el sector del agua y no tuvimos conocimiento de la consulta hasta meses después de que hubiera finalizado", lamenta. A su juicio, la convocatoria debió difundirse de forma mucho más amplia, a través de clústeres sectoriales, colegios profesionales y canales especializados, especialmente tratándose de un proyecto impulsado conjuntamente por una comunidad autónoma y el Ministerio de Ciencia.

Murria no cuestiona que la Administración, estatal o autonómica, quiera seguir investigando nuevas soluciones para el Mar Menor, pero sí el instrumento elegido. “Si se quiere desarrollar una tecnología distinta, con nuevos objetivos, eso puede hacerse como un proyecto de I+D”, explica. “Lo que no se puede hacer es plantear una compra pública innovadora cuando el propio pliego técnico encaja exactamente con una tecnología ya desarrollada y probada”.

Para Murria, la incógnita sigue siendo por qué no se optó por implantar directamente una solución ya contrastada. "Se hizo un piloto, se comprobaron los resultados y se pidieron ofertas", resume. "Por qué ahora se decide iniciar un proceso para desarrollar algo que ya existe es una decisión que no se ha explicado".

Ante esta situación, la empresa presentó un recurso de alzada para solicitar

la anulación del proceso de licitación, al considerar que se ha utilizado de forma indebida la compra pública innovadora dentro del programa ‘Recupera’. Si la Administración mantiene su posición, el conflicto podría acabar dirimiéndose en la vía judicial. "Esto no va solo de una empresa", concluye Murria, "sino de respetar las reglas de la competencia y el sentido real de la innovación financiada con fondos públicos".

El CDTI rechaza el recurso y dice que todo se ajusta a la legalidad

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) ha desestimado la solicitud presentada por la empresa Ingeobras. El organismo dependiente del Ministerio informa a La Opinión que notificó su decisión el pasado 9 de enero.

Según sostiene el CDTI, el proceso de compra pública precomercial se ajusta a la normativa vigente y no conduce a una tecnología concreta ni preexistente. En este sentido, subraya que el pliego técnico no limita la solución a un único sistema, sino que permite «la aplicación e integración de distintas tecnologías de tipo biológico, químico, físico o combinaciones de estas», con el objetivo de lograr una desnitrificación eficiente y ambientalmente sostenible de las aguas que llegan a la laguna, sobre todo desde la Rambla del Albujón.

El organismo recuerda que, antes de la licitación, se llevó a cabo una consulta preliminar de mercado «en soportes administrativo de obligado cumplimiento y divulgativos masivos», en la que se identificaron diversas aproximaciones tecnológicas, más allá de la desnitrificación biológica. A esa consulta, señala el CDTI, Ingeobras no presentó propuestas. Además, la vigilancia tecnológica realizada —con informes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y del propio CDTI— no detectó la existencia en el mercado de un sistema que resolviera de forma completa el reto planteado.

En relación con la prueba piloto realizada en 2022 en el canal D-7 de la Rambla del Albujón, el CDTI precisa que se trató de un ensayo a pequeña escala, con un caudal muy inferior al requerido en el proyecto ‘Recupera’ y durante un periodo limitado de tiempo. A su juicio, esos resultados no son extrapolables a una solución de grandes dimensiones ni cumplen los requisitos de validación que exige el pliego, que establece un periodo de operación de doce meses para la verificación preoperacional.

Por último, el organismo estatal recuerda que el propio pliego prevé la posibilidad de dar por finalizado el contrato si, durante su desarrollo, aparecen en el mercado soluciones más avanzadas. En cualquier caso, desde este organismo se recuerda que la legislación asiste a Ingeobras en su derecho a acudir a cualquier vía de reclamación a su discreción.