Los últimos trasvases del Tajo-Segura reavivan el choque territorial y acercan la vía judicial

La primera reunión del año de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha vuelto a situar el debate hídrico en el centro de la agenda política. El órgano técnico autorizó, como estaba previsto por la situación de los embalses de cabecera, este miércoles un envío de 81 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año —27 hectómetros al mes entre enero y marzo—, una decisión que se adopta, de nuevo, con las todavía vigentes reglas de explotación, ante la ausencia de una propuesta actualizada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

El acuerdo llega, además, en un contexto especialmente sensible: todavía queda agua pendiente de trasvasar del periodo anterior, la conducción permanecerá cerrada durante dos meses por trabajos de mantenimiento y el propio Ministerio ha incrementado de forma paralela las obligaciones de salida de agua por el río Tajo para cumplir los nuevos caudales ecológicos.

Los pueblos ribereños estallan y hablan de "colapso"

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha reaccionado con dureza a la decisión, alertando de una situación que califican de "colapso" del sistema. A su juicio, la combinación de trasvases automáticos con una normativa desfasada y el aumento de las exigencias ambientales en el Tajo está "desangrando" los embalses de cabecera.

Su portavoz, Borja Castro, sostiene que el Ministerio actúa "con piloto automático" y recuerda que las nuevas reglas de explotación deberían haberse aprobado hace ya dos años. En su opinión, mantener abiertos los envíos al Segura cuando el escalón previsto para 2025 y 2026 apuntaba a restricciones mayores supone "dilapidar el pequeño ciclo húmedo" registrado en los dos últimos años, justo cuando el año hidrológico en curso se sitúa entre los más secos de las últimas décadas.

En la misma línea, el técnico de la Asociación, Miguel Ángel Sánchez, describe la situación como si Entrepeñas y Buendía soportaran "dos tuberías enormes vaciándolos": la del propio Tajo, necesaria para cumplir la ley y los caudales ecológicos, y la del trasvase, que, a su entender, debería haberse ajustado ya a las nuevas condiciones.

El malestar castellanomanchego llegará a los tribunales

La tensión ha dado un paso más en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha anunciado que sus servicios jurídicos ya preparan la demanda contra el Ejecutivo central para exigir el cumplimiento íntegro de los caudales ecológicos del Tajo, tal y como recogen las sentencias europeas. La consejera castellanomanchegade Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha avanzado que los informes previos ya están en marcha y que la decisión se elevará al Consejo de Gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que no hay motivo para seguir retrasando la aplicación de las nuevas normas de explotación del trasvase, pese a que el Ministerio alegue la espera de una resolución judicial pendiente sobre un recurso del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats). Gómez ha defendido que existen resoluciones suficientes que avalan fijar los caudales ecológicos "en sus máximos" y no de forma progresiva.

Mirada murciana: preocupación sin efecto inmediato

En la Región de Murcia, el debate se observa con una mezcla de inquietud y cautela. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, da prácticamente por hecho que el cambio de las reglas de explotación llegará a lo largo de 2026 y sitúa el momento clave en la próxima primavera, cuando el Tribunal Supremo previsiblemente se pronuncie sobre el Plan Hidrológico del Tajo.

Jiménez admite que, con las reservas actuales, los regantes del sureste no notarán un impacto inmediato, ya que el sistema seguirá previsiblemente en nivel 2 durante buena parte del año. Sin embargo, advierte de que el verdadero efecto se sentirá cuando los embalses entren en niveles de mayor estrés, especialmente si se confirma la reducción de los envíos automáticos y el endurecimiento de las restricciones en nivel 3, donde el regadío sería el principal damnificado.

Desalación y futuro incierto

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y líder del PSRM, Francisco Lucas, ha evitado concretar plazos y ha insistido en que la gestión del agua debe adaptarse a un escenario de sequías más frecuentes. En ese camino, ha defendido una hoja de ruta basada en la desalación, la modernización de regadíos y la eficiencia hídrica, con inversiones en nuevas plantas, ampliaciones y conexiones energéticas para abaratar costes.

Mientras tanto, el Trasvase vuelve a navegar entre decisiones técnicas, presiones políticas y amenazas judiciales. Un equilibrio cada vez más frágil que, una vez más, sitúa al agua en el centro del pulso territorial entre la cabecera del Tajo y la Región de Murcia.