Nuevas alegaciones al Plan del Mar Menor: Procabo reclama más ambición y control territorial

Tras las alegaciones ya presentadas por diversas plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas, que han coincidido en señalar la falta de ambición y de medidas realmente transformadoras del Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, la asociación Procabo ha formalizado también sus observaciones al texto actualmente en exposición pública. La entidad considera que el planteamiento propuesto no está a la altura del principal reto ambiental de la Región de Murcia y reclama un giro claro hacia una ordenación del territorio más efectiva y vinculante.

Procabo presentó sus alegaciones el pasado 12 de enero, dentro del plazo legal, tanto al Documento de Avance como al Documento Inicial Estratégico de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (DyPOT-CVMM). A juicio de la asociación, el contenido actual del plan "no garantiza una respuesta eficaz ni proporcionada a la gravedad de los problemas ambientales del Mar Menor".

Desde la entidad se reconoce el esfuerzo técnico realizado en la recopilación de información, pero se considera insuficiente para un instrumento que debería ser clave en la recuperación del ecosistema lagunar. El documento se apoya, según Procabo, en datos elaborados mayoritariamente entre 2020 y 2022 y no incorpora de manera adecuada actuaciones, planes y marcos estratégicos impulsados en los últimos años por la Administración General del Estado, especialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Entre las carencias más relevantes, la asociación señala la ausencia de una integración real del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, así como de los programas de transformación agraria financiados a través de la Fundación Biodiversidad. Se trata de proyectos que ya están actuando directamente sobre la cuenca vertiente mediante restauración ambiental, soluciones basadas en la naturaleza y medidas de reducción de presiones. Para Procabo, dejar fuera estos instrumentos resta coherencia y eficacia al planteamiento territorial.

El plan no tiene en cuenta los programas de la Fundación Biodiversidad, denuncian

Otro de los ejes centrales de las alegaciones es la protección del suelo agrario de alto valor, que la asociación considera un recurso estratégico tanto para la cuenca como para la propia recuperación del Mar Menor. El documento, a su juicio, no aborda esta cuestión con la contundencia necesaria, pese a tratarse, según este colectivo, de uno de los factores clave en la crisis ambiental. Por ello, se reclama una delimitación clara de estos suelos y la aplicación de un régimen de protección efectivo, en línea con la normativa europea sobre vigilancia y resiliencia del suelo, actualmente en proceso de implantación.

Las instalaciones fotovoltaicas, bajo la lupa ciudadana

Especial preocupación suscita también la falta de criterios territoriales claros para la implantación de instalaciones fotovoltaicas. Procabo alerta de que, en los últimos años, este tipo de proyectos está ocupando suelos agrícolas fértiles y espacios no urbanizables estratégicos. La asociación considera imprescindible que el Plan establezca zonas compatibles y zonas excluidas para estos usos, de forma que la transición energética no se realice a costa de la pérdida irreversible de suelo productivo ni de una mayor fragmentación del territorio.

La entidad recuerda que la degradación del Mar Menor es el resultado de decisiones territoriales acumuladas durante décadas, vinculadas principalmente a la intensificación agraria y a un urbanismo poco controlado en la cuenca vertiente. Por ello, entiende que el nuevo Plan debe asumir un papel claramente regulador y recuperar el liderazgo público frente a intereses privados que han condicionado históricamente el uso del suelo.

Las alegaciones presentadas por Procabo se concretan en una serie de demandas claras: la actualización del diagnóstico territorial y ambiental; la integración efectiva de los planes y actuaciones impulsados por el Ministerio; la protección estricta del suelo agrario de alto valor; una regulación clara y territorialmente justificada de las instalaciones fotovoltaicas; y la incorporación de objetivos cuantificados, indicadores y mecanismos de seguimiento vinculantes.

Desde la asociación se advierte de que "la ordenación del territorio no puede seguir siendo un documento declarativo ni un mero trámite administrativo" y se subraya que "nos jugamos la capacidad real de proteger el Mar Menor y de ordenar su cuenca vertiente con criterios de interés general, sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional".

Procabo confía en que sus alegaciones, sumadas a las ya planteadas por otras plataformas ciudadanas y ecologistas, sean atendidas y permitan que el documento final se convierta en una herramienta eficaz de planificación territorial, capaz de afrontar con rigor y ambición el principal reto ambiental de la Región de Murcia.