Laboral
Carta íntegra de los sindicatos a Miras y Pedreño para desatascar el convenio de la sanidad privada: "Los trabajadores perciben lo equivalente al salario mínimo"
"La precariedad y la sobrecarga de trabajo están teniendo indudables impactos negativos en la calidad asistencial que reciben los pacientes", alertan Comisiones Obreras y UGT en el escrito

Teresa Fuentes (CC OO), Paqui Sánchez (UGT), Fernando López Miras y Juan José Pedreño. / Juan Carlos Caval / Iván J. Urquízar
UGT y Comisiones Obreras han remitido una carta al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y al consejero de Salud, Juan José Pedreño, para exigirles que rompan los conciertos de la sanidad pública con las empresas privadas que mantienen a sus trabajadores sin convenio colectivo desde hace 15 años.
Los sindicatos reclaman una intervención “activa y responsable” del Gobierno regional ante la precariedad que sufren más de 7.000 profesionales del sector, con salarios en torno a los 1.200 euros mensuales, y advierten de que no es aceptable seguir destinando millones de euros de dinero público a compañías que incumplen derechos laborales básicos.
Lee a continuación la carta íntegra firmada por las dos secretarias generales de CC OO y UGT, Teresa Fuentes y Paqui Sánchez, respectivamente:
Nos dirigimos a ustedes para trasladarles la situación insostenible y critica que atraviesa el sector de establecimientos sanitarios, de hospitalización y asistencia como consecuencia del bloqueo de la negociación de su convenio colectivo de aplicación; convenio que permanece, como sabrán, sin vigencia desde hace más de quince años, en concreto, desde el 31 de diciembre de 2010.
Durante todo este tiempo, los reiterados intentos de la parte social por entablar una negociación colectiva de buena fe han resultado infructuosos, ante una representación empresarial instalada en una sistemática negativa a alcanzar un acuerdo que permita dotar al sector de un marco laboral equilibrado y acorde con la realidad económica y social actual.
Este inmovilismo ha generado una degradación progresiva y sostenida de las condiciones laborales y salariales del sector, encontrándose la mayoria de sus profesionales percibiendo salarios equivalentes al SMI y viendo compensadas las subidas de éste con complementos como la antigüedad, lo que equivale a una congelación salarial de facto que se prolonga ya más de una década.
Como consecuencia de ello, los centros sanitarios privados de la Región tienen cada vez más dificultades para atraer y retener personal cualificado y con experiencia, de manera que la precariedad y la sobrecarga de trabajo se extienden de forma preocupante en el sector, lo que a su vez está teniendo indudables impactos negativos en la calidad asistencial que reciben los pacientes, muchos de ellos derivados de la sanidad pública.
Debe recordarse, que una parte sustancial de estos establecimientos sanitarios privados mantiene conciertos y contratos con la Administración regional, prestando servicios hospitalarios y, de forma creciente, extrahospitalarios, que son competencia de los servicios públicos de salud. Por tanto, nos encontramos ante centros financiados con fondos públicos en los que se permiten condiciones laborales claramente incompatibles con los principios de trabajo digno y calidad del empleo que deben regir la acción pública.
Por todo ello, consideramos imprescindible que el Gobierno regional, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopte una posición activa y responsable, garantizando que la contratación pública sanitaria incorpore cláusulas sociales efectivas y veriicables, que vinculen a las empresas contratistas con el cumplimiento de la normativa laboral y con la existencia de un marco de negociacion colectiva que deber ser real y vigente.
En este sentido, CCOO y UGT reclaman que no se proceda a la renovación ni adjudicación de nuevos conciertos a las empresas de la sanidad privada incluidas en el ámbito funcional del citado convenio sectorial mientras persista el bloqueo de su negociación, como medida necesaria para proteger tanto a las personas trabajadoras como a la ciudadania usuaria de los servicios externalizados a través de estas empresas.
Quedamos, asimismo, a su disposición para mantener las reuniones que consideren oportunas para abordar esta problemática de indudable relevancia para el interés general.
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