El Gobierno regional y los regantes cierran filas contra la subida del caudal ecológico del Tajo

El Gobierno regional y los regantes del Acueducto Tajo-Segura escenificaron este viernes una posición común de rechazo al nuevo aumento del caudal ecológico del Tajo, en una reunión celebrada en el Palacio de San Esteban entre el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el presidente del Scrats, Lucas Jiménez. Ambas partes coincidieron en denunciar que la medida, en vigor desde el 1 de enero, supone un nuevo recorte al trasvase sin justificación técnica y con graves consecuencias para el sureste español.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, explicó que el segundo escalón del caudal ecológico, fijado ahora en 8 metros cúbicos por segundo, implica una reducción adicional de unos 70 hectómetros cúbicos anuales en los envíos al Levante. A su juicio, se trata de una decisión "política" adoptada sin evaluar el impacto del primer incremento y sin que el Ministerio haya constituido la comisión de seguimiento obligatoria del plan hidrológico.

Durante la comparecencia, Ortuño subrayó la "enorme preocupación" existente por lo que considera una aplicación arbitraria de los caudales ecológicos. El portavoz regional recordó que mientras se endurecen las exigencias en el tramo del Tajo que condiciona el Trasvase, en otros puntos de la cuenca se aplican criterios menos restrictivos, lo que, en su opinión, evidencia un agravio hacia las cuencas receptoras. "No hay coherencia técnica ni ambiental", sostuvo, al tiempo que alertó del impacto económico y social de los recortes sobre la agricultura y el empleo.

El último recorte equivale a toda el agua embalsada hoy en la cuenca del Segura

Ortuño insistió en que la entrada en vigor del nuevo escalón reduce la garantía de los envíos, incrementa la incertidumbre de los regantes y encarece el acceso al agua, sin que existan alternativas reales que puedan sustituir los recursos del trasvase. En este sentido, reprochó al Gobierno central que haya prometido soluciones que, a día de hoy, no se han materializado.

Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, puso cifras al recorte y trató de ilustrar su alcance: los 70 hectómetros cúbicos que se pierden equivalen prácticamente al agua que almacenan actualmente todos los embalses de la cuenca del Segura. "Es como si toda esa agua dejara de estar disponible para nuestros regantes", resumió.

Jiménez recordó que el Ministerio vinculó la subida de caudales ecológicos a un paquete de inversiones millonarias para mejorar la calidad del río Tajo y desarrollar infraestructuras alternativas en las cuencas afectadas. Sin embargo, denunció que, de las obligaciones recogidas en el real decreto, la única que se está cumpliendo "con exquisitez" es el recorte del Trasvase. "El problema del Tajo no era de falta de agua, sino de contaminación, y ahí es donde debían haberse centrado las actuaciones", afirmó.

"El problema del Tajo es la contaminación no la falta de agua", señala Jiménez

El dirigente de los regantes también se refirió a la desalación como alternativa, señalando que su coste real hace inviable su uso para la agricultura si no va acompañada de fuertes subvenciones.

En relación con el recurso presentado por el Scrats contra la planificación del Tajo, Jiménez avanzó que la sentencia del Tribunal Supremo podría conocerse en primavera. Hasta entonces, los regantes permanecen expectantes ante posibles cambios en las reglas de explotación y ante la situación de los recursos subterráneos, sobre los que reclamó seguridad jurídica y decisiones plasmadas en normas, no solo en anuncios.

El encuentro sirvió también para analizar el estado de los cultivos tras las recientes lluvias. Según explicó Jiménez, aunque se han producido daños puntuales y dificultades en la recolección en algunas zonas, el balance general es positivo y beneficioso para los campos, especialmente por haberse producido en un momento adecuado del ciclo agrícola.

La reunión concluyó con el compromiso del Gobierno regional de seguir actuando de forma coordinada con los regantes en todos los ámbitos, incluido el jurídico, para defender el Trasvase Tajo-Segura. Ortuño reiteró que el Ejecutivo autonómico "siempre estará al lado de los regantes" y defendió la necesidad de un plan hidrológico nacional que garantice el equilibrio territorial y la seguridad hídrica.

Por último, el presidente de los regantes del Trasvase anunció la celebración de una asamblea del sector agrario en el Altiplano murciano, prevista para finales de enero o principios de febrero, que tendrá lugar en Jumilla o Yecla. El encuentro servirá para abordar, entre otras cuestiones, la situación de los recursos subterráneos y para reforzar la unidad del sector ante la política hídrica actual.