Las plataformas ciudadanas cargan contra el avance del Plan Territorial del Mar Menor por ignorar el impacto industrial

La Plataforma Stop Biogás Mar Menor ha elevado el tono de sus críticas al modelo de planificación territorial impulsado por el Gobierno regional. Coincidiendo con el cierre del periodo de exposición pública del Avance del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Cuenca Vertiente, el colectivo ciudadano ha registrado una batería de alegaciones en las que denuncia graves carencias del documento y exige medidas urgentes para evitar que el entorno del Mar Menor se convierta en un polo de atracción de industrias contaminantes ligadas a la ganadería intensiva y la gestión masiva de residuos.

Las alegaciones fueron presentadas en el último día del plazo habilitado tras la publicación del avance en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 5 de diciembre. Desde la Plataforma critican duramente que todo el periodo de participación haya transcurrido durante las fechas navideñas, lo que, a su juicio, evidencia "una nula voluntad de fomentar una participación ciudadana real". Pese a ello, el colectivo asegura haber elaborado un documento técnico sólido y detallado que recoge sus principales reivindicaciones.

El objetivo central de las alegaciones es impedir que la falta de una regulación clara permita convertir la Cuenca Vertiente en un "sumidero regional de residuos" bajo el paraguas de la economía circular. En este sentido, Stop Biogás alerta de una deficiencia estructural del plan: aunque el documento identifica presiones derivadas de la agricultura y del desarrollo urbano, "ignora por completo el impacto industrial acumulativo asociado a la ganadería industrial y a la proliferación de plantas de tratamiento de residuos".

"La economía circular no puede convertir la laguna en un sumidero de residuos"

Entre las principales medidas reclamadas, la Plataforma exige que el documento que se someta a aprobación inicial incluya una suspensión cautelar inmediata de nuevas autorizaciones ambientales para plantas de biogás. El objetivo, explican, es evitar una política de "hechos consumados" mientras se tramita el plan definitivo y se evalúa adecuadamente la capacidad real del territorio.

El colectivo advierte además de que el avance del POT valida por omisión un modelo basado en la importación masiva de residuos, incompatible con la recuperación del ecosistema del Mar Menor. Según denuncian, "la documentación presentada no evalúa la capacidad de carga del territorio ni para albergar las plantas industriales necesarias ni para gestionar el volumen de deyecciones previsto sin comprometer la restauración ambiental".

La urgencia de estas demandas se sustenta, subrayan, en el deterioro de las masas de agua subterránea. En este contexto, recuerdan que "el estado crítico de los acuíferos exige limitar cualquier aporte que no sea estrictamente necesario", especialmente en un entorno ya sometido a una fuerte presión ambiental.

Pacto por el Mar Menor amenaza con la vía judicial

A las alegaciones de Stop Biogás se han sumado las del Pacto por el Mar Menor, plataforma que agrupa a más de una treintena de organizaciones ecologistas, profesionales y culturales. Su portavoz, Ramón Pagán, sostiene que el documento presentado como avance no supone ningún progreso real respecto al de 2023. "Han vuelto a presentar prácticamente el mismo informe, pese a que ya hicimos alegaciones hace dos años que ni siquiera han sido contestadas", denuncia.

Pagán recuerda que la Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor fijaba un plazo máximo de tres años para aprobar el Plan de Ordenación Territorial, un plazo que expiró en 2023. "Ni está publicado ni hay visos de que vaya a salir adelante. No se ha visto avance alguno", afirma.

"Uno se pregunta si este plan va a ser útil para algo", lamenta Ramón Pagán

Desde esta organización señalan que el plan debería definir con claridad las normas futuras en materia urbanística, agraria y de implantación de nuevas actividades industriales, incluyendo granjas porcinas, plantas fotovoltaicas o instalaciones de biogás, aspectos que, según aseguran, no aparecen en el documento. "El número de deficiencias es tal que uno se pregunta si este plan va a ser útil para algo", lamenta Pagán.

Ante este escenario, Pacto por el Mar Menor ha dejado constancia por escrito de que se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales por la "inacción por omisión" del Gobierno regional. A su juicio, la falta de aprobación del plan no solo incumple la ley, sino que ha dejado sin efecto la moratoria urbanística vinculada a su entrada en vigor. No puede ser el propio Gobierno el primero en incumplir la ley", subraya.

Además, la plataforma critica que el avance del POT no incorpore la gobernanza prevista en la ley estatal que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor. "Ni siquiera se menciona", reprocha Pagán, quien considera este vacío especialmente grave en un momento clave para el futuro de la laguna.

Mientras el Ejecutivo autonómico defiende que la tramitación del POT es compleja y que los plazos serán necesariamente largos, los colectivos ciudadanos advierten de que el tiempo juega en contra del ecosistema. Para Stop Biogás y el Pacto por el Mar Menor, sin un blindaje efectivo del territorio y sin decisiones firmes, el riesgo es que la planificación llegue demasiado tarde.