Economía
El Gobierno regional no aceptará la reforma de la financiación que pueda salir de la reunión de Sánchez y Junqueras
"El nuevo modelo debe ser fruto de una negociación multilateral, basada en el consenso, y garantizar un sistema justo, equitativo y suficiente para todas las comunidades", destacan desde la Consejería de Hacienda
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, durante una intervención en la Asamblea. / Iván J. Urquízar
"Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación de Cataluña", avanzó el pasado domingo Oriol Junquerasa El Periódico (del Grupo Prensa Ibérica, del que también forma parte La Opinión). Hoy es el día, por tanto, en el que se dé un impulso a una modificación del caduco Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que afecta a las diecisiete comunidades autónomas, no solo a la catalana.
De hecho, la Región de Murcia es uno de los territorios que con más ahínco exige la reforma, puesto que es la comunidad más perjudicada por el modelo actual. Desde el Gobierno autonómico defienden que este sistema es el responsable del 95,5% de la deuda regional. Además, la diferencia entre la comunidad autónoma peor financiada (Murcia) y la que tiene mejor financiación (Cantabria) es de 1.005 euros por habitante.
Desde el Gobierno autonómico defienden que este SFA es el responsable del 95,5% de la deuda regional
Pese a la claridad de las cifras, la reforma del modelo que pueda salir de la reunión de este jueves no interesa a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital que dirige Luis Alberto Marín. "No aceptaremos un modelo hecho a la medida del independentismo, como ya hemos visto con propuestas recientes como la condonación de deuda o la posible cesión de competencias fiscales a Cataluña", trasladan a esta redacción fuentes cercanas al consejero.
Lo cierto es que nada parece indicar que al líder de ERC le interese debatir sobre la Región de Murcia en su reunión con el presidente del Gobierno de España. Más bien, abordarán la imposición del principio de ordinalidad en la reforma del modelo, una subida del IVA de las pymes que recaudan los territorios del 50% actual al 56% o la condonación de parte de la deuda, que en la Región suponen 3.318 millones de euros, entre otros asuntos.
Ordinalidad vs. solidaridad
Según el principio de ordinalidad, ninguna comunidad debería perder posiciones relativas en recursos por habitante después de la redistribución. Es decir, aunque el sistema de financiación debe redistribuir recursos para garantizar servicios públicos similares entre regiones, según el principio de ordinalidad, el orden de riqueza de los distintos territorios no debería alterarse tras la redistribución. En otras palabras, si una comunidad está por encima de otra antes del reparto, no debería quedar por debajo después, aunque aporte más al sistema. De esta forma, se evita que comunidades con mayor capacidad fiscal queden castigadas y es defendido normalmente por las regiones con más recursos, sobre todo por Cataluña. Este principio choca a veces con interpretaciones más intensas del principio de solidaridad interterritorial.
Desde la Región lamentan que, durante los años que llevan solicitando la reforma del sistema solo han encontrado "silencio y falta de voluntad política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", agregando que "resultaría llamativo que ahora, cuando los partidos independentistas ponen condiciones, el Ejecutivo central muestre por fin disposición a abordar esta reforma, sin que a día de hoy ni siquiera se haya convocado oficialmente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro legítimo para hacerlo".
Las mismas fuentes insisten en que, aunque la reforma es imprescindible, "no puede diseñarse para satisfacer los intereses de una sola comunidad ni responder a exigencias concretas de un grupo político".
En este sentido, explican que desde el Gobierno regional están dispuestos a trabajar y a negociar para alcanzar un modelo que sea "fruto de una negociación multilateral, basada en el consenso", y cuyo fin sea "garantizar un sistema justo, equitativo y suficiente para todas las comunidades autónomas, con el objetivo último de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".
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