Las demandas civiles se desploman casi un 30% en la Región por la mediación obligatoria

La Región se enfrenta a un escenario judicial contradictorio: aunque la entrada de demandas civiles se ha reducido considerablemente tras la puesta en marcha de la nueva ley que obliga a una mediación antes de litigar, los juzgados siguen acumulando un número récord de asuntos pendientes. Así lo reflejan los datos de la última estadística del Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo pese al acusado descenso de asuntos, la tasa de resolución sigue baja.

Como ya publicó este diario, entre finales de marzo y comienzos de abril, los juzgados de la Región registraron una avalancha de decenas de miles de demandas. La razón: tratar de sortear los requisitos de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que obligaba a demostrar que se había intentado negociar un acuerdo antes de ir a la vía judicial. Solo en el partido judicial de Murcia entraron 3.686 asuntos del 31 de marzo al 2 de abril de 2025, según datos del Servicio Común General. Los días 3 y 4 de abril entraron 118 asuntos, según la misma fuente.

Aunque la ley no está exenta de polémica, puesto que hay supuestos en los que es inviable cualquier tipo de acuerdo, como por ejemplo los impagos de las comunidades de vecinos, donde no hay margen para la negociación cuando el moroso busca no pagar o retrasarlo lo máximo posible. La norma también ha causado choques con algunos juzgados cuando no ven acreditado que se haya intentado negociar lo suficiente.

Según los datos que maneja el Poder Judicial, «los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el tercer trimestre de 2025 un total de 50.340 asuntos de nuevo ingreso, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior». «Pese a esta reducción en la entrada de procedimientos, la carga de trabajo acumulada continúa aumentando, ya que los asuntos pendientes al cierre del trimestre se elevaron hasta los 223.574, un 12 % más que hace un año.», explican fuentes judiciales.

«Por órdenes jurisdiccionales, el orden Civil fue el que registró un mayor descenso en el número de asuntos ingresados, con 15.710 procedimientos, muy por debajo de los datos del mismo trimestre del año anterior», apuntan desde el Poder Judicial, al tiempo que significan que «esta caída está estrechamente vinculada a la reducción de los procedimientos monitorios, que han experimentado un descenso muy acusado». En concreto, son un 28,3% menos de pleitos ingresados en un año.

"Es un disparate más de los que nos regalan quienes legislan, por su incompetencia", opina Evaristo Llanos

En cuanto a asuntos resueltos en Civil en la Comunidad murciana en el tercer trimestre, constan 17.277, con una media de 221,50 por órgano judicial.

La carga de trabajo y los pleitos sin resolver se acumulan, pues «esta jurisdicción continúa concentrando el mayor volumen de carga de trabajo, con 141.635 asuntos pendientes al finalizar el trimestre», precisa la fuente.

"Atasco sin precedentes"

«De ‘eficiencia’ solo tiene su rimbombante nombre», destaca el abogado murciano Evaristo Llanos de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual «lo único que ha conseguido es provocar un atasco judicial sin precedentes al obligar a los que necesitan litigar (olvidando que nadie acude a los tribunales y se gasta su dinero en ello por gusto) a tener que intentar previamente lo que se denomina ‘Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), esto es, justificar que se ha ofrecido un acuerdo al contrario (normalmente un deudor) por el que, además, se le obsequie con una rebaja o un beneficio a su favor si lo acepta».

«Lo que ha ocurrido realmente es que los juzgados se han colapsado con esos MASC, las demandas no pueden interponerse, los justiciables ven retrasadas (por no decir, no empezadas) sus justas peticiones, mientras que los ‘demandados’ , generalmente morosos, bailan con castañuelas, porque se benefician de ese retraso», va desgranando el profesional, que tiene claro que este panorama es «un disparate más que nos regalan quienes nos gobiernan-legislan, que no es fruto de su ideología, sino de su incompetencia».

Otro letrado, José Manuel Muñoz Ortín, apunta que «el descenso en las demandas civiles es una consecuencia lógica y esperable tras la implantación de la mediación obligatoria», la cual ve «intrínsecamente positiva, pues fomenta una cultura del acuerdo y negociación que ayuda a descongestionar los tribunales y permite resolver conflictos de forma más ágil, económica y menos traumática para las partes involucradas».

"Los gastos no están cubiertos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, afecta a las personas más vulnerables", destaca Hernández Benavente

«Sin embargo, para que este modelo sea realmente eficaz, no debe convertirse en una barrera burocrática insalvable», detalla, para denunciar que aún hay «obstáculos administrativos que desvirtúan la flexibilidad propia de la medida». «Debe de ser suficiente para acreditar el requisito cualquier intento de negociación con resultado infructuoso», subraya.

Más retrasos

Por su parte, José Manuel Hernández Benavente pone el acento en que «esa mediación previa en la mayoría de los casos no soluciona el problema y lo que hace es que acudir al juzgado se retrase. Es decir, se pierde mas tiempo en presentar una demanda».

Los MASC, por tanto, «solo retrasan el acceso del ciudadano a la justicia o lo impiden, ya que los gastos de esta mediación no están cubiertos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que en la práctica hay un verdadero problema de acceso a la justicia para las personas más vulnerables», hace hincapié el abogado.

Hernández Benavente afirma que «los abogados siempre hemos sido los primeros mediadores y conciliadores antes de presentar cualquier acción», mientras que «esta nueva ley parece que pretende descargar de trabajo a los juzgados en vez de dotarlos de medios, dando lugar a que haya profesionales y ciudadanos descontentos».