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Territorio

Llega el primer plan de ordenación contra inundaciones

El POTPRI nace tras años de demanda política y aspira a anticiparse al riesgo hídrico, coordinar administraciones y evitar que el crecimiento urbano repita errores del pasado

Calles inundadas y casi impracticables  en el municipio de Cartagena, tras las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice en octubre de 2025.

Calles inundadas y casi impracticables en el municipio de Cartagena, tras las lluvias torrenciales provocadas por la dana Alice en octubre de 2025. / Iván Urquízar

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La Región de Murcia ha dado un paso largamente esperado para ordenar su territorio frente a uno de los riesgos naturales más recurrentes y devastadores: las inundaciones. Tras años de episodios extremos, debates técnicos y mucha presión política (a nivel autonómico e incluso nacional), llega el primer Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación (POTPRI), un instrumento específico que pretende anticiparse a los daños y aportar coherencia a la planificación del suelo en toda la comunidad autónoma. Su puesta en marcha satisface, en parte, una demanda reiterada de la oposición —especialmente de las formaciones de Podemos y PSOE— y marca un punto de inflexión en la manera de integrar el riesgo hídrico en las decisiones territoriales.

El POTPRI no es un plan urbanístico al uso ni un documento ambiental más. Se trata, como explica el profesor Salvador García-Ayllón, director del equipo redactor, de «el instrumento que sirve para regular los usos del suelo y ordenar la problemática de la inundabilidad desde el punto de vista de la ordenación territorial». Su importancia radica en que fija un marco común para todos los municipios, de modo que los planes generales y las decisiones urbanísticas futuras tengan en cuenta, desde el inicio, dónde y cómo se puede crecer sin reproducir errores del pasado.

La Universidad Politécnica de Cartagena ha sido seleccionada por la Consejería de Fomento, mediante un proceso competitivo, para redactar este plan pionero. El equipo, liderado por García-Ayllón e integrado por cinco investigadores, dispondrá de 32 meses y un presupuesto de 150.000 euros para desarrollar un documento que deberá someterse a exposición pública y ser aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno regional. Se trata del primer plan de estas características que se gesta en la Región de Murcia, algo que, a juicio de muchos, llega con un considerable retraso, ya que se anunció por primera vez en el año 2020.

El ‘boom’ inmobiliario

El contexto normativo explica parte de esa demora. Durante años, los planes generales aprobados en pleno ‘boom’ inmobiliario apenas incorporaban estudios detallados de inundabilidad. Todo cambió con la Directiva europea de 2007 sobre riesgos de inundación y su transposición en España en 2010, que impulsó el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. «Antes no había ni la conciencia social ni las herramientas tecnológicas», recuerda García-Ayllón. Ahora, el POTPRI pretende aprovechar ese conocimiento para pasar de una visión reactiva a una preventiva: «Lo bueno es tener una visión más a priori, evitar urbanizar en zonas con riesgo» o, si se hace, tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo.

Este plan constituye «una herramienta esencialmente preventiva» ya que las funciones correctivas y sancionadoras «ya están reguladas por la legislación estatal y corresponden tanto a la Confederación Hidrográfica del Segura como a los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias», recuerdan desde la Consejería de Fomento.

El plan no borrará del mapa las áreas ya consolidadas y expuestas a avenidas, pero sí ayudará a decidir dónde son necesarias infraestructuras de defensa y dónde conviene limitar nuevos desarrollos.

«Las zonas urbanas ya construidas en zonas vulnerables necesitan infraestructuras de laminación de avenidas como la presa de Tabala, o la de la zona de Santomera o Lorca», señala el investigador, y el POTPRI servirá para «evitar riesgos futuros en zonas donde se permita construir en lo sucesivo».

La clave está en armonizar competencias: el Estado delimita el dominio público hidráulico y los mapas de riesgo; la comunidad autónoma ordena los usos del suelo; y los ayuntamientos conceden licencias.

Uno de los rasgos distintivos del POTPRI será la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, combinadas con infraestructuras tradicionales cuando sea necesario. «Habrá que ver en qué zonas conviene más incrementar soluciones de biodiversidad o mejoras de gestión del territorio y en cuáles seguir con infraestructuras grises», explica García-Ayllón, subrayando la enorme diversidad territorial de la Región: desde zonas endorreicas del Altiplano hasta la franja costera del Mar Menor o el área metropolitana de Murcia.

El Mar Menor

Precisamente el entorno del Mar Menor tendrá una atención especial, por su complejidad ambiental y por la acumulación de impactos tras episodios de lluvias torrenciales. El plan deberá coordinarse con otros instrumentos y con distintas administraciones para ofrecer respuestas coherentes. En ese proceso, la participación pública será clave. «La idea es realizar un proceso muy consensuado, buscando alianzas entre los distintos sectores afectados», afirma el director del proyecto.

El enfoque multidisciplinar y la colaboración internacional refuerzan la ambición del POTPRI. El equipo integra ingenieros, biólogos, juristas, arquitectos y especialistas en sistemas de información geográfica, con el apoyo de expertos de universidades como la de California Berkeley. «California tiene problemáticas climáticas muy parecidas a la Región de Murcia y son punteros en este tema», destaca García-Ayllón.

Mirando al futuro, el objetivo es claro: que el POTPRI ayude a no repetir errores. «Tenemos ahora el conocimiento a priori; la idea es que lo nuevo que se construya lo haga teniendo en cuenta los riesgos existentes», resume el investigador.

Si se aplica correctamente, dentro de una década podría ser recordado como el plan que introdujo un cambio de paradigma en la Región.

Fomento: «Los papeles no paran las inundaciones»

Más allá de su alcance técnico, uno de los aspectos menos visibles pero más relevantes del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación es su encaje en el complejo reparto de competencias entre administraciones. El POTPRI nace con un margen de actuación definido: no introduce nuevas prohibiciones ni sustituye a la legislación estatal en materia de aguas, pero sí refuerza la coherencia entre la planificación territorial y urbanística.

Desde la Consejería de Fomento se subraya que las limitaciones de usos en zonas inundables corresponden al Estado, a través de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En ese marco, el plan regional actuará como una herramienta complementaria, orientada sobre todo a los nuevos desarrollos y a la adaptación de los planes generales municipales cuando se revisen.

Su función, indican estas fuentes autonómicas, es anticipar problemas y ordenar el crecimiento mientras se ejecutan —o siguen pendientes— las grandes infraestructuras hidráulicas de defensa. El Gobierno regional insiste en que el POTPRI se sitúa en los dos últimos escalones del denominado principio de jerarquía hídrica: ordenación del territorio y concienciación ciudadana. De ahí que incorpore medidas de difusión y sensibilización, pensadas para reducir riesgos en situaciones de emergencia y mejorar la preparación de la población.

La tramitación del plan incluirá periodos de exposición pública, durante los cuales ayuntamientos, colectivos y ciudadanos podrán presentar alegaciones. No es un trámite menor: estas aportaciones suelen modificar y enriquecer los documentos finales. El Ejecutivo autonómico considera que el consenso será clave para que el POTPRI se convierta en una herramienta eficaz y asumida por todos.

Su correcta aplicación, señalan desde Fomento, permitirá ganar seguridad y coherencia en la planificación territorial, aunque recuerdan que «los papeles no paran inundaciones» si no van acompañados de inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas. En ese equilibrio entre planificación, prevención y obra pública se jugará buena parte del éxito real del plan.

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