El alquiler sustituye a la hipoteca como principal causa de desahucio

En la Región de Murcia, el desahucio ya no suele llegar desde el banco ni tras una hipoteca fallida. Llega desde el alquiler. Desde un contrato que no se renueva, una subida imposible de asumir o un impago que se convierte en procedimiento judicial. Familias con empleo, ingresos discretos y una aparente normalidad descubren que su hogar es mucho más frágil de lo que creían. No porque falten casas, sino porque falta un sistema que las convierta en un derecho estable.

Así lo refleja el informe ‘Prevención y atención de la exclusión residencial. Radiografía de la provisión de vivienda en España’, elaborado por Provivienda, que sitúa a la Región dentro de un patrón estructural marcado por la debilidad del parque público y una fuerte dependencia del mercado privado. Según el estudio, alrededor del 30% del parque residencial regional no se destina a vivienda habitual. Se trata de viviendas vacías, de segunda residencia o con usos temporales que, en teoría, podrían incorporarse al mercado.

Sin embargo, el diagnóstico va más allá del volumen. «El problema no es solo cuánta vivienda hay, sino bajo qué condiciones se accede a ella», señala el informe. La clave está en la titularidad y en la capacidad de intervención pública.

En la Región de Murcia, la inmensa mayoría de las viviendas en alquiler pertenece a pequeños y medianos propietarios, mientras que la presencia de la Administración es residual. Provivienda define este esquema como un modelo de «rentismo popular», donde el acceso a la vivienda depende casi exclusivamente de decisiones individuales y no de una red pública capaz de amortiguar crisis, subidas de precios o situaciones de vulnerabilidad.

Las consecuencias de este modelo se reflejan con claridad en los juzgados. Más de la mitad de los lanzamientos practicados en 2024 en la Región de Murcia derivaron de procedimientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, de conflictos relacionados con el alquiler y no con ejecuciones hipotecarias. El dato confirma un cambio profundo: el desahucio ha dejado de estar asociado mayoritariamente a la compra de vivienda y se ha trasladado al mercado del arrendamiento.

Este giro no es coyuntural. Provivienda advierte de que responde a una transformación estructural del sistema residencial. El alquiler ha pasado de ser una etapa transitoria a una condición permanente para muchos hogares, pero sin las garantías necesarias. A nivel estatal, casi el 40% de los inquilinos soporta un sobreesfuerzo económico, destinando más del 40% de sus ingresos a la vivienda, y cerca de la mitad vive con la incertidumbre de no saber si podrá mantener su hogar a corto plazo.

El caso de la Región de Murcia es especialmente sangrante: aquí los salarios son más bajos que en otras grandes áreas metropolitanas y la oferta de vivienda social es muy limitada, esta presión se traduce en una vulnerabilidad silenciosa. Familias que no encajan en los perfiles clásicos de exclusión, pero que dependen de contratos frágiles, de subidas de renta o del apoyo familiar para no quedar fuera del sistema. El informe describe este rasgo como propio del modelo mediterráneo, donde la familia actúa como red de seguridad ante la insuficiencia de las políticas públicas.

Desde el sector inmobiliario se cuestiona, no obstante, la lectura puramente cuantitativa del stock disponible. El portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Jerónimo Jover, matiza que «el que haya viviendas que no sean primera vivienda no quiere decir que sean casas aptas para alquiler de primera vivienda», especialmente en una comunidad con fuerte peso de la segunda residencia y zonas de costa. A su juicio, el problema central es la inseguridad jurídica que perciben los pequeños propietarios: «El pequeño propietario oye cosas y le da miedo; cuando las ve, le entra pánico».

Ese temor, sostiene, retrae oferta y termina teniendo un efecto directo sobre los inquilinos con menos recursos. «Las medidas actuales están echando fuera del mercado, en un momento de carestía de oferta, a los más vulnerables», advierte Jover, describiendo una exclusión que comienza mucho antes del juzgado. Cuando hay decenas de candidatos por una vivienda, el mercado prioriza perfiles estables y deja fuera a quienes más necesitan protección.

Pese a las diferencias de enfoque, existe un punto de coincidencia claro entre el diagnóstico social y el del propio sector inmobiliario: la escasez de vivienda pública. Sin un parque suficiente de alquiler social y asequible, la función de contención del desahucio recae sobre el mercado privado y, en última instancia, sobre las familias. Provivienda lo resume con claridad: «Sin una red pública estable, el mercado expulsa antes de integrar».

La combinación de ambos datos —un porcentaje elevado de vivienda infrautilizada y un alquiler que ya concentra la mayoría de los desahucios— dibuja un diagnóstico claro para la Región de Murcia. No falta vivienda; falta un sistema capaz de convertirla en un derecho efectivo.

Jerónimo Jover: «El precio no es el problema es un síntoma»

No todos los hogares que quedan fuera del sistema de vivienda en la Región de Murcia llegan a un lanzamiento judicial. Muchos se quedan antes, en la fase invisible del mercado: cuando no superan los filtros, cuando no pueden competir, cuando el alquiler deja de ser una opción real. Es una exclusión previa al desahucio, pero íntimamente ligada a él.

La escasez de vivienda social y el predominio del alquiler privado han transformado la forma en la que se asignan las viviendas disponibles. Con una oferta limitada y una demanda creciente, los propietarios -mayoritariamente pequeños- aplican criterios cada vez más restrictivos. Contratos indefinidos, ingresos altos y estabilidad a largo plazo se han convertido en requisitos habituales.

Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), describe una situación cotidiana en las inmobiliarias: «Pongo un anuncio y en tres horas me salen 40 posibles candidatos; tengo 10 o 15 buenos. ¿A quién se le va a alquilar?». En ese proceso, reconoce, quienes tienen trabajos precarios o ingresos ajustados quedan automáticamente descartados.

Este fenómeno no se refleja en las estadísticas de desahucios, pero prepara el terreno para ellos. Al no acceder a un alquiler estable, muchos hogares se ven abocados a soluciones temporales, sobreocupación o acuerdos informales, con mayor riesgo de ruptura.

Cuando finalmente acceden a una vivienda, lo hacen en condiciones más frágiles, con rentas altas y menor margen ante cualquier imprevisto.

Desde el sector se insiste en que el problema no es solo el precio. «El precio es un síntoma», sostiene Jover, que señala a la falta de oferta estructural y a la ausencia de vivienda pública como los factores de fondo. En su opinión, cargar la función social sobre el propietario privado genera un efecto contrario al deseado: retrae viviendas del mercado y eleva la competencia.

La familia solo lo retrasa

En esto coincide el informe de Provivienda, que subraya que en territorios como la Región de Murcia la familia sigue actuando como red de seguridad ante la debilidad de las políticas públicas. El apoyo familiar amortigua el golpe, pero no resuelve el problema: retrasa el desahucio, no lo evita.

La consecuencia es un mercado del alquiler cada vez más selectivo, donde acceder a una vivienda no depende solo de necesitarla, sino de demostrar a los caseros solvencia constante. Mientras no se refuerce el parque de alquiler social -una medida que el propio sector inmobiliario considera imprescindible-, la exclusión residencial seguirá creciendo sin necesidad de llegar al juzgado. Cuando lo hace, el desenlace ya estaba escrito mucho antes.