El odio a los migrantes se expande: casi la mitad de los murcianos quiere que cierren los centros de menores

Vox es el único partido que crece en intención de voto, según la última encuesta del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM, por lo que es natural que sus discursos sean los que más impregnan en la sociedad. En concreto, su rechazo a la inmigración ilegal se ha ido extendiendo entre la población y uno de sus objetivos, el cierre de todos los centros de menores extranjeros no acompañados, es compartido por el 46,6% de los encuestados.

Es importante aclarar que en la Región de Murcia, como en el resto de España, no existen, al menos oficialmente, centros exclusivos para niños, niñas y adolescentes extranjeros que llegan a la Comunidad sin sus padres y sin ningún tutor legal, lo que obliga a la Administración autonómica a hacerse cargo de su cuidado. Lo que sí existen son centros de menores en general, sea cual sea su origen.

Pese a esta realidad, solo un 35% de los murcianos rechazan el cierre de estos centros y más del 18% no sabe qué responder.

La distribución por edad aporta una clave interpretativa fundamental. El apoyo al cierre es significativamente menor entre los jóvenes de 18 a 30 años (28,9%), grupo en el que también se registra el mayor porcentaje de rechazo a esta medida (44,7%) y de indecisión (26,3%). En cambio, en el grupo de 45 a 64 años el respaldo al cierre asciende al 50,8% y se mantiene elevado entre los mayores de 65 (50,0%). "Esta evolución sugiere que la percepción del fenómeno migratorio está mediada por experiencias vitales, sensación de seguridad y relación con el entorno, siendo los grupos de mayor edad más proclives a interpretar la presencia de estos centros como un factor de riesgo o desorden", analizan desde el Obede.

"El análisis por recuerdo de voto refuerza la lectura de polarización ideológica extrema", añaden. En este sentido, el 87,% de los votantes de Vox apoya el cierre frente a solo el 15,6% entre los votantes del PSOE y el 11,5% entre los de Unidas Podemos/Sumar, donde el rechazo a la medida supera el 80%.

Por otra parte, el sondeo de la UCAM también pregunta por la ubicación deseada para estos centros. Casi un 54% considera que lo adecuado es que los niños se acojan en "las afueras", mientras que solo un 18% opina que deberían vivir en los "barrios de las ciudades". Hasta un 28% no se ve capaz de contestar.

"El gráfico visualiza con nitidez una lógica NIMBY (Not In My Back Yard) muy marcada. Incluso entre quienes no se oponen frontalmente a la existencia de los centros existe una resistencia clara a su proximidad residencial. La opción 'afueras' supera el 50% en todos los grupos de edad y alcanza el 59,2% entre jóvenes de 18 a 30 años, lo que resulta especialmente revelador: incluso el segmento más tolerante con la inmigración opta mayoritariamente por situar estos centros fuera del espacio cotidiano", subrayan los encuestadores.

La vivienda, la mayor preocupación

La mayor preocupación que trasladan los murcianos es la relativa a la vivienda (adquisición o alquiler), citándola el 31,9% de los entrevistados. Le siguen el desempleo (28,6%), la inmigración (26,0%) y la seguridad (25,5%). Luego hay otros cuatro asuntos que, aún a distancia de los anteriores, superan el 10%, relativos todos ellos a la salud y la economía: sanidad, situación económica, impuestos, precios y sueldos.

La vivienda es el principal motivo de preocupación en todas las franjas de edad, superando en cualquier caso el 30%. Tal vez por este motivo, desde la UCAM han profundizado en su barómetro sobre esta cuestión y un abrumador 72,1% de los encuestados admiten tener personas en su entorno (familiares o amigos) que no pueden acceder a su primera vivienda (comprada o en alquiler).

Sobre los motivos que han llevado a este problema, la mayoría cree que el principal problema son los impuestos excesivos que se aplican. La segunda razón son los altos costes que aplican los dueños de los solares, promotores y constructores; y, en tercer lugar, que ha habido una falta acumulada de vivienda protegida. También aparecen otros factores como la falta de previsión de la administración para dar respuesta a la demanda, dificultad en los trámites, las exigencias de la banca en la concesión de préstamos y la falta de facilidades para colectivos con mayores limitaciones.