La Asamblea aúna fuerzas con el Poder Judicial para pedir 18 unidades judiciales más para la Región

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles una moción del Partido Popular en la que se insta al Gobierno de España a dotar a la Región de los jueces y juzgados suficientes "para acabar con la peor ratio de Europa". En línea con las demandas del Consejo General del Poder Judicial, a través de esta iniciativa se pide al Ministerio de Justicia la creación de 18 unidades judiciales nuevas.

"España es el país donde menos unidades judiciales hay por cada 100.000 habitantes de toda Europa, y nuestra Región es donde menos jueces hay de toda España, lo que nos convierte en el lugar donde menos jueces hay de toda la Unión Europea", apuntó el diputado Víctor Martínez-Carrasco, defensor de la iniciativa.

El TSJ de Murcia dice que "la Región se sitúa con una ratio de 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media nacional de 12,1"

En concreto, piden tres plazas de magistrado correspondiente al orden penal, para constituir una nueva sección en la Audiencia Provincial; tres plazas de magistrado correspondiente al orden civil, para constituir una nueva sección en la Audiencia Provincial; dos plazas judiciales en la Sección Civil en el Tribunal de Instancia de Cartagena; cuatro plazas judiciales en la Sección Civil en el Tribunal de Instancia de Murcia; y una plaza judicial en la Sección de Familia, infancia y Capacidad en el Tribunal de Instancia de Murcia, para la llevanza de asuntos relativos a medidas de apoyo y personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y los internamientos.

También reclaman una plaza judicial en la Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de Murcia; una plaza judicial en la Sección de Vigilancia Penitenciarla en el Tribunal de Instancia de Murcia; una plaza judicial en la Sección Civil y de instrucción en el Tribunal de Instancia de Molina de Segura; una plaza judicial en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de instancia de Lorca; y una plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lorca, que se considera prioritaria para su agrupación posterior con Totana.

El diputado del PP recordó que, según el último informe judicial y de la Memoria Judicial 2024 del TSJ de Murcia, "la Región de Murcia se sitúa con una ratio de 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 12,1". Además, "la litigiosidad ha crecido más de un 30% en diez años, y los asuntos pendientes se han incrementado en torno a un 124% en la última década, por encima de la media nacional como es lógico", añadió.

Todos los grupos aprobaron esta moción, a la que se añadió una enmienda de Vox para incluir un punto en el que se pide al Ejecutivo nacional que se atienda las necesidades y justas reivindicaciones de los profesionales de los partidos judiciales de la Región de Murcia, dotándoles de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, se echó para atrás otra enmienda de Vox para suprimir el punto en el que se solicita una plaza judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer en el Tribunal de Instancia de Lorca.

Tres mociones rechazadas

El nuevo intento del Partido Socialista de aprobar una moción sobre vivienda no surtió efecto. El diputado Miguel Ortega defendió una moción para exigir al Ejecutivo regional que reprograme los 344 millones de euros de fondos Feder no comprometidos que tiene la Región de Murcia y los utilice para la construcción de vivienda pública asequible. La iniciativa socialista hubiera posibilitado, según aseguró, la edificación de más de 9.000 viviendas públicas a precios asequibles. "Hablamos de otra oportunidad perdida, otra más para la Región de Murcia. De un total de 344 millones, que tenían a 20 de agosto sin comprometer, hace unos días anuncian que reprograman 7 millones. Con 7 millones, en el mejor de los casos y siendo extremadamente generosos, puede construirse 60 viviendas", explicó.

Tampoco salió adelante la iniciativa de Podemos-IU sobre recuperación para la gestión pública directa del servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de Emergencias 112 en la Comunidad; como tampoco vio la luz la moción de Vox sobre "rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España", es decir, contra las Zonas de Bajas Emisiones en los centros de las ciudades.

No llegaron a debatirse dos iniciativas que estaban programadas para el pleno. La primera, sobre anulación de los mapas de delimitación de las zonas de flujo preferente en el municipio de Lorca y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en el Plan de Defensa de las Inundaciones, queda en 'stand by' hasta que los servicios jurídicos resuelvan la solicitud de reconsideración presentada por Vox ante la inadmisión de una de sus enmiendas. La segunda, sobre reprobación al consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, fue retirada por el PSOE. Fuentes socialistas trasladaron a este periódico de que están estudiando las cuentas de 2022 "para tener más información".