Industria sí, pero lejos: el fenómeno NIMBY en la Región de Murcia

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio ‘Percepción social de la industria en la Región de Murcia’, presentado este lunes y elaborado entre septiembre y octubre de este año por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop) y la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU), es la clara contradicción aparente entre el fuerte apoyo social a la industria y el rechazo a su implantación en el entorno inmediato. La ciudadanía murciana defiende de forma mayoritaria una industria más fuerte y competitiva a escala regional, pero muestra intensas reticencias cuando esa industria podría instalarse en su propio municipio.

Cuando se plantea un escenario concreto —la llegada de una empresa industrial (como las relacionadas con el biogás), que generaría empleo y crecimiento económico, pero con posibles impactos ambientales—, solo un 27,8% de los encuestados apoyaría su instalación en su municipio, mientras que un 58,9% preferiría que se ubicara en otro, aunque se perdiesen beneficios económicos. En el caso reciente de Las Torres de Cotillas, aunque intervienen otras variables a tener en cuenta, el rechazo (vinculante gracias a una consulta popular) alcanzó cerca del 97%.

Casi el 60% prefiere que una industria de impacto se ubique fuera de su municipio

Este resultado refleja un patrón clásico de 'sí, pero no aquí' (NIMBY, por sus siglas en inglés): existe aceptación abstracta del desarrollo industrial, pero rechazo cuando se perciben (justificada o injustificadamente) riesgos directos para la salud, el entorno o la calidad de vida local.

La encuesta deja claro que la industria no es rechazada de forma estructural, pero su aceptación está condicionada. La ciudadanía no acepta cualquier tipo de actividad industrial a cambio de empleo. Exige garantías ambientales, control de externalidades y convivencia con el entorno.

La contaminación aparece como el principal motivo de oposición a nuevas industrias (41,7%), muy por encima de otros factores como el tráfico, el ruido o la calidad del empleo. Esto sugiere que el conflicto no es tanto económico como ambiental y de confianza. En este contexto, el informe subraya que la llamada 'licencia social para operar' ya no puede darse por automática: debe construirse mediante transparencia, información accesible, participación local y compromisos verificables desde el inicio de cada proyecto.

Brecha de género y sensibilidad ambiental

El rechazo a la instalación local de industrias es mucho más intenso entre las mujeres. Mientras que el 36% de los hombres apoyaría la llegada de una industria potencialmente contaminante a su municipio, entre las mujeres el apoyo cae hasta el 19,4%

El rechazo a la instalación local de industrias es más intenso entre las mujeres

Este dato apunta a una sensibilidad ambiental y social diferenciada, que obliga a replantear los discursos tradicionales basados exclusivamente en el empleo o el crecimiento económico. Para una parte relevante de la población, especialmente femenina, la calidad de vida, la salud y el entorno pesan más que los beneficios económicos abstractos.

No es rechazo a la industria, es exigencia de calidad

El propio informe insiste en que esta actitud no debe interpretarse como un rechazo frontal a la industria, sino como una exigencia de alta responsabilidad. De hecho, la industria no aparece como el sector percibido como más contaminante de forma clara (25,3%), prácticamente empatada con la agricultura y la ganadería (24,7%)

El problema, por tanto, no es solo el impacto real, sino cómo se gestiona y cómo se comunica. Las experiencias previas de conflicto ambiental, la desconfianza institucional y la percepción de falta de control refuerzan la resistencia vecinal ante nuevos proyectos, como el que se proponía en las Torres de Cotillas.