Veinte años de vigilancia en la Región de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales

La Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) cumple dos décadas de trabajo ininterrumpido en la Región de Murcia. Nació en 2005 como una unidad pequeña, casi experimental, destinada a aportar especialización al Cuerpo de Agentes Medioambientales frente a un escenario que ya entonces se intuía más complejo: incendios que requerían una reconstrucción rigurosa, uso ilegal de venenos, vertidos industriales, expolio de fauna protegida o la creciente problemática de las electrocuciones en líneas eléctricas.

Hoy, quienes la integran —solo cuatro agentes, pero con dedicación exclusiva— defienden que el salto profesional ha sido notable.

Lo explica Antonio Sánchez, el miembro más veterano de la brigada, con 20 años de servicio, quien recuerda los inicios con una mezcla de orgullo y perplejidad. «Cuando empezamos (con un caso de expolio de águilas perdiceras) éramos dos, y además con dedicación parcial. Atendías tu guardia normal y, además, investigabas. Era muy precario», rememora. Con el paso del tiempo, la unidad se consolidó y adquirió un régimen de guardias propio, lo que les permite una disponibilidad inmediata y el seguimiento integral de cada investigación. Su actividad, desarrollada a menudo de forma discreta, ha permitido esclarecer más de 700 investigaciones relacionadas con incendios forestales y abordar cerca de un millar de actuaciones vinculadas con distintos delitos ambientales, según refleja la memoria elaborada con motivo de su vigésimo aniversario.

Entre los episodios que más destacan en estos veinte años figura la secuencia de más de cuarenta incendios que afectaron a la zona de Calasparra y Moratalla entre 2008 y 2018. La BRIDA participó activamente en aquellos sucesos, casi «obsesivamente», según confiesa el agente: «Era muy difícil separar lo profesional de lo personal. Fue un trabajo de mucha gente, pero nuestra participación sirvió para que la cadena de incendios se detuviera».

Junto a esta serie, la brigada acumula hitos significativos: una sentencia firme por uso ilegal de sustancias tóxicas —un logro especialmente relevante por la dificultad probatoria del veneno— y, más recientemente, una investigación por electrocución de avifauna en líneas eléctricas, todavía pendiente de resolución judicial. Para Antonio Sánchez, este trabajo tiene un impacto real: «Ayuda a que todo esto se vaya protegiendo».

La estadística interna dibuja un patrón claro. Los incendios forestales siguen siendo el grueso de las investigaciones, aunque con matices. La percepción social tiende a atribuir la mayoría a la intencionalidad, pero la experiencia de la BRIDA es distinta. «Hay accidentes naturales, como los rayos; otros derivados de líneas eléctricas; y muchas imprudencias. Muchísimas. Señores que queman restos sin intención de causar un incendio», explica. La frontera entre negligencia y dolo es fina, y precisamente por eso la investigación resulta clave para «interpretar la causa y prevenir».

También son frecuentes los casos de tenencia ilegal de fauna protegida. La brigada recuerda una actuación reciente en una instalación donde se mantenían varias especies sin autorización, entre ellas un aguilucho, cuya posesión no está permitida salvo para proyectos científicos o supuestos excepcionales. En estos casos, BRIDA actúa como policía ambiental, documentando pruebas y asegurando la cadena de custodia.

Los vertidos siguen siendo otro frente histórico. La unidad ha instruido denuncias en polígonos industriales como el de Lorquí por vertidos a cauces públicos, así como en la Rambla del Albujón, un punto negro recurrente. Aunque reconoce que se han dado pasos importantes desde 2020, admite que aún se detectan prácticas irregulares: «A veces, cuando hay mucho caudal (por lluvias intensas), algunos aprovechan, pero también hay episodios naturales de anoxia que generan problemas».

Técnica policial aplicada

El método de trabajo de la BRIDA combina conocimientos ambientales con técnicas forenses y policiales. En incendios siguen el modelo estandarizado de evidencias físicas introducido en España desde Estados Unidos, Canadá y Portugal. Consiste en reconstruir la evolución del fuego a partir de señales, vestigios y marcas. «Son diez pasos, muy rigurosos. Pero un incendio está vivo y a veces no sigue el patrón», advierte el brigadista.

La tecnología ha revolucionado su forma de trabajar. Imágenes aéreas, satélite, fotos de dispositivos móviles enviadas por ciudadanos, análisis térmicos y herramientas digitales permiten acotar áreas de inicio o incluso detectar el origen probable de un foco. «Hoy la sociedad lo graba todo. Y eso ayuda muchísimo».

El desafío del clima extremo

La emergencia climática atraviesa toda la conversación. Incendios más rápidos, más intensos y más grandes. El agente explica con crudeza el nuevo escenario: «Los rayos siempre han estado. Pero ahora hay más combustible seco, más calor, más sequedad. Por eso aparecen los (GIF), los grandes incendios forestales que superan 500 hectáreas».

Este cambio convierte la labor de investigación en algo más complejo y exigente: no solo deben esclarecer causas, sino anticiparse a patrones futuros y alimentar las políticas de prevención.

Los últimos casos

En los días previos a la entrevista, la brigada atendió un incendio en Ojós asociado a una quema agrícola y otro en Lorca posiblemente iniciado por pavesas —partículas incandescentes arrastradas por el viento—. Son hipótesis aún por confirmar. «Hay que verlo, probarlo, recogerlo todo. Cada caso exige un informe técnico».

BRIDA trabaja con la Fiscalía de Medio Ambiente bajo un protocolo específico que define cómo deben elaborarse y remitir las diligencias. «La relación es fluida», afirma. No todos los casos llegan a vía penal; muchos se archivan a la espera de nueva información.

La colaboración con Guardia Civil (especialmente Seprona), bomberos y policías locales es cotidiana. Aunque reconoce que puede haber «desequilibrios o roces», asegura que el objetivo común —«evitar los delitos ambientales»— está por encima de todo.

Tendidos eléctricos

La brigada ha remitido recientemente el resumen de actuaciones del último año. Los incendios abiertos rondan los siete u ocho; los informes técnicos sin autor conocido, unos treinta; los casos de venenos, entre cinco y seis; los vertidos, cuatro o cinco; y la destrucción de hábitat, dos o tres. En general, la tendencia es positiva: menos fuego imprudente, menos veneno y menos vertidos. «Conocer la causa permite prevenir», insiste el agente.

El problema que más está creciendo, sin embargo, es la electrocución de aves en líneas eléctricas. Las empresas, explica, colaboran, y la Comunidad Autónoma ha emprendido acciones y ha ampliado las zonas de especial protección. Pero la magnitud del tendido eléctrico es enorme.