Los sindicatos reclaman a la Comunidad más participación en la nueva Estrategia contra la Economía Irregular

Malestar entre los sindicatos por cómo la Comunidad viene anunciando la puesta en marcha de una nueva Estrategia Regional contra la Economía Irregular que pretende ver la luz a partir del próximo año para combatir el empleo sumergido y el trabajo en 'B' que escapa al control fiscal y laboral. UGT y CCOO de la Región de Murcia expresaron este viernes "su profunda preocupación" por la forma en que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, dicen, está gestionando la elaboración de la Estrategia Regional contra la Economía Irregular, "un fenómeno que daña gravemente al empleo digno, a la competencia leal y a la sostenibilidad de nuestro modelo productivo". Ambos sindicatos, en un comunicado conjunto, denuncian que la Consejería estaría preparando así a sus espaldas este documento.

El fraude laboral es una cuestión que debe preocupar mucho en la Región: la Inspección de Trabajo impuso multas de más de 50 millones a empresas murcianas y destapó en 2024 casi 3.000 empleos irregulares y transformó más de 5.000 contratos en indefinidos.

El peso de la economía sumergida continúa representando un 17,4% del Producto Interior Bruto regional, unos 6.900 millones de euros, una cifra que supera incluso el presupuesto anual de la Comunidad -de 6.755 millones de euros-. El objetivo del departamento que dirige López Aragón es tratar de reducirla en tres puntos porcentuales, hasta situarla en el 14,4% del PIB, tal y como anunció entonces.

La economía sumergida alcanza el 17,4% del PIB de la Comunidad

La propia consejera, Marisa López Aragón, anunció hace ahora un mes en la mesa redonda organizada por La Opinión ‘La economía sumergida en la Región de Murcia. Retos, impacto y soluciones' que el Gobierno regional estaba ultimando esta estrategia integral, que vería la luz en 2026.

Exigen una "rectificación inmediata"

Ahora, UGT y CC OO solicitan a López Aragón "una rectificación inmediata para constituir una verdadera mesa de trabajo y participación, con calendario, documentos de referencia y metodología clara".

"La falta de lealtad institucional que ha mostrado la consejera atenta contra la estabilidad del diálogo social en la Región de Murcia", denuncia Víctor Romera, secretario de Acción Sindical y Empleo de CC OO.

Para ambos sindicatos resulta "grave" que, tras todo este recorrido "inconcluso", la Consejería haya iniciado una campaña pública sobre economía irregular "sin haber convocado previamente a los agentes sociales, sin haber compartido sus contenidos y sin facilitar un espacio para contraste, mejora o aportación".

En este sentido, "lamentan profundamente que la consejera haya optado por continuar este proceso de forma unilateral, al margen del diálogo social y sin activar los espacios de participación comprometidos desde 2022, algo que reiteradamente se le ha solicitado desde los sindicatos".

"Esta forma de proceder deteriora la confianza institucional, debilita la eficacia de la estrategia y contradice las mejores prácticas de gobernanza pública", sostiene Joaquín Lucas, vicesecretario del área interna de UGT.

"No está finalizada, se está ultimando"

Fuentes de la Consejería apuntan que la Estrategia "no está finalizada, se está ultimando, y antes de su presentación será remitida a los sindicatos para su conocimiento. Además, estos contarán con una partida económica para desarrollar aquellas acciones que propusieron y que han sido incorporadas".

Asimismo recuerdan que la Estrategia Regional contra la Economía Irregular es una iniciativa del Gobierno regional, que, a diferencia de otras estrategias desarrolladas en el marco del diálogo social, "parte de la decisión de encargar un estudio técnico a la Universidad de Murcia y al Consejo Económico y Social (CES) para analizar la realidad de la economía sumergida en la Región y definir una hoja de ruta eficaz".

Defienden que el Gobierno regional "mantiene su compromiso con el diálogo social y con una Estrategia contra la Economía Irregular sólida, realista y eficaz, basada en el análisis técnico y la coordinación institucional".

Tras la presentación del estudio del CES, apuntan las mismas fuentes de la Consejería, los sindicatos, la patronal y diversas sectoriales del metal, autónomos o agrícolas "fueron convocados y se les solicitó expresamente que realizaran aportaciones, que fueron recibidas por la Dirección General de Trabajo y trasladadas a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo para valorar técnicamente las medidas" que podían implementarse. "Por tanto, sí se ha contado con los sindicatos en el proceso", apuntaron.

Los antecedentes del proceso

Tanto UGT como CC OO exponen que en septiembre de 2022 la Administración regional les solicitó formalmente que remitiesen sus aportaciones antes del 3 de octubre. Se envió a los agentes sociales la estrategia anterior, un borrador de índice y una ficha de medidas, con el objetivo de que todos los miembros de la mesa conocieran las propuestas antes de una primera reunión de trabajo prevista para octubre de 2022.

Los sindicatos, añaden, "cumplieron puntualmente con los plazos y remitieron las propuestas dentro del marco establecido". Posteriormente, "y sin continuidad del proceso", se decidió encargar este estudio realizado por la Universidad de Murcia y el CES que se presentó en octubre de 2024. Durante ese periodo, aseguran los sindicatos, "no se convocó ninguna mesa ni se abrió ningún proceso real de trabajo, pese a solicitarlo en reiteradas ocasiones".

Asimismo los sindicatos en julio del pasado año se celebró una reunión pública con la participación de UGT, CC OO, Croem, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y otros organismos. "Aquella reunión, presentada como el inicio formal de los trabajos, no tuvo continuación, ni se creó la mesa de negociación anunciada, ni se compartió un calendario, documentos técnicos o borradores. Y ahora, la Consejería lanza una campaña sin informar de su contenido ni consultar a ambos sindicatos".

CC OO y UGT vienen advirtiendo que la economía irregular está vinculada a la precariedad estructural, el abuso de la temporalidad, la figura del falso autónomo, los déficits de inspección, la falta de coordinación administrativa y de datos fiables y la necesidad de reforzar la formación profesional y la cualificación acreditada.

La lucha contra la economía irregular, defienden ambos sindicatos, "no puede afrontarse solo desde un enfoque comunicativo o sancionador. Requiere el conocimiento del terreno que aportan los sindicatos y una estrategia con medidas realistas, sectoriales y evaluables".