Agricultura
Pesticidas prohibidos y bajos costes salariales: así golpea la competencia desleal al campo murciano
El bromuro de metilo está vetado desde 2005 en la UE, pero sigue permitiéndose al otro lado del Estrecho

Palés de un camión con tomates / EFE
La importación de frutas y hortalizas marroquíes se ha disparado en los últimos años. Desde que en 2012 entró en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, las compras comunitarias han pasado de 831.338 toneladas a 1,4 millones, un aumento del 71%. Un volumen que, según el sector hortofrutícola español, está provocando graves perjuicios a los productores nacionales, incluidos los de la Región de Murcia, una de las huertas de Europa y uno de los grandes motores económicos y laborales del sureste español.
El consejero de Fepex (Federación Española de Asociaciones de Productores-Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas), José María Pozancos, aseguró esta semana en el Parlamento Europeo que este acuerdo se ha convertido en "un paradigma de la competencia desleal hacia los productores comunitarios". Según explicó, los agricultores españoles compiten con costes salariales imposibles de igualar: el salario mínimo por hora es de 9,74 euros en España, mientras que en Marruecos apenas llega a 0,98. Pozancos subrayó que esta situación también perjudica a otros países como Italia o Polonia, con salarios mínimos igualmente muy superiores a los del país magrebí.
Los agricultores murcianos compiten con costes salariales imposibles de igualar
La federación sostiene que, además de la desigualdad laboral, existen diferencias en las exigencias ambientales y fitosanitarias. Pozancos denunció que Marruecos emplea productos prohibidos en la UE, como el bromuro de metilo, vetado desde 2005 por su impacto en la capa de ozono, pero todavía autorizado allí. Recuerdan que Europa presume de liderazgo climático y de sostenibilidad, pero permite que entren productos con estándares que aquí serían sancionados.

Mesa redonda sobre 'Competencia desleal: el Acuerdo UE-Marruecos. Valores de la UE en venta', esta semana en la sede del Parlamento Europeo. / Fepex
España pierde el liderazgo con el tomate
Para Fepex, los daños ya son visibles. La organización asegura que España ha dejado de ser el principal proveedor de tomate del mercado europeo desde 2022, desplazada precisamente por Marruecos. "No se trata solo del tomate. Toda la producción hortofrutícola española está en riesgo", insistió Pozancos. En regiones como Murcia, donde miles de familias dependen del sector primario y la exportación para subsistir, la preocupación es máxima. Además, cabe recordar que las organizaciones agrarias vienen denunciando que las cadenas de supermercados europeos privilegian el precio sobre el origen y sobre el cumplimiento normativo.
La situación podría empeorar con la modificación aprobada por la Comisión Europea en octubre y ya en vigor de forma provisional. Fepex afirma que permitirá que las cosechas del Sáhara Occidental se beneficien de las ventajas arancelarias como si fueran marroquíes. "Esto generará un incremento aún mayor de la competencia y mucha más presión en los precios", aseguró.
Además, la federación alerta de que los productos saharauis podrán etiquetarse sin mencionar el país de origen, utilizando nombres regionales. Consideran que se trata de una fórmula para confundir al consumidor y esquivar la obligación de indicar claramente la procedencia real de los alimentos. Productores murcianos consultados advierten de que, si el consumidor no puede diferenciar, el producto nacional pierde valor y se iguala al más barato.
¿Qué pide el sector español?
Fepex reclama que el Parlamento Europeo frene la ratificación de este cambio legislativo para evitar lo que califican como un perjuicio "grave y creciente" para el campo español, especialmente para territorios agrícolas clave como la Región de Murcia, donde el sector hortofrutícola es estratégico.
La denuncia fue presentada en la mesa redonda 'Competencia desleal: el Acuerdo UE-Marruecos. Valores de la UE en venta', organizada por Vox en el Parlamento Europeo y en la que intervinieron también representantes de COAG y Asaja, junto a parlamentarios autonómicos y eurodiputados españoles. El mensaje fue claro: si la UE no rectifica, el campo mediterráneo perderá competitividad, empleo y futuro.
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