La CHS abre la puerta al Júcar-Vinalopó y advierte del límite socioeconómico para cerrar pozos

La comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, este jueves, antes de la celebración de la Junta de Gobierno de esta entidad estatal, permitió radiografiar con detalle el momento en que se encuentra la gestión del agua en la Región de Murcia. Más allá del balance hidrológico del último año y de los anuncios relativos a restricciones o desembalses, el núcleo más estructural del mensaje apuntó hacia la necesidad de redefinir la explotación de aguas subterráneas, la búsqueda de alternativas externas, y el encaje del Júcar-Vinalopó como pieza potencial del futuro hidrológico de territorios históricamente tensionados, como el Altiplano murciano o la parte más oriental de la cuenca.

Urrea recordó que la CHS trabaja ya inmersa en el cuarto ciclo de planificación hidrológica, cuyo Esquema de Temas Importantes se encuentra en consulta pública hasta mayo de 2026. Entre las 14 fichas que definen los principales retos, una emerge con especial relevancia: el estado crítico de las masas de agua subterránea y las obligaciones impuestas por Europa para 2027. Señaló que estos objetivos deben revisarse porque "el impacto socioeconómico de cerrar acuíferos enteros no es asumible tal y como están las cosas". Este reconocimiento marcó uno de los puntos más sensibles de la intervención.

Acuíferos en situación límite y reordenación de objetivos

Los acuíferos de la cuenca del Segura, en especial algunos situados en el Altiplano y en zonas que llevan décadas soportando extracciones por encima de la recarga natural, se hallan en una situación límite. Urrea explicó que, en el próximo período de planificación, se planteará "fijar objetivos menos rigurosos en aquellas masas donde quede acreditado que la alternativa de agua desalada aún no está disponible". Según argumentó, imponer reducciones drásticas sin contar antes con recursos sustitutivos generaría un impacto productivo y social inasumible.

"El impacto social del cierre de acuíferos no es asumible tal y como están las cosas", advierte Urrea

La idea de fondo consiste en establecer un periodo transitorio, de duración todavía abierta, en el que los volúmenes extraídos desde acuíferos en riesgo no se reduzcan hasta que las nuevas desaladoras —en redacción actualmente y dotadas de 150 hm³ adicionales— entren en funcionamiento. La progresiva dependencia del recurso desalinizado, subrayó, no es una opción ideológica sino técnica: se trata de la única fuente capaz de crecer en volumen sin comprometer ecosistemas ni aumentar la presión sobre el Tajo o sobre otros sistemas frágiles.

La Confederación Hidrográfica del Segura sostiene que la recuperación de los acuíferos continúa "estancada", sin señales sólidas de mejora ni en las masas superficiales ni en las subterráneas. Ante este bloqueo, el organismo ampliará a toda la cuenca las restricciones y controles aplicados hasta ahora en el Campo de Cartagena para frenar la contaminación por nitratos. Urrea explicó que esta extensión responde a la necesidad de un “tratamiento homogéneo y coherente” en un territorio en el que la presión agrícola y el deterioro químico superan las previsiones del ciclo anterior, y recordó que el cumplimiento de las obligaciones europeas exige actuar con mayor intensidad y alcance.

El papel del Júcar-Vinalopó: una vía que se reabre

En este contexto, el posible papel conectivo del Júcar-Vinalopó volvió a la agenda pública ( hace unas semanas era el presidente del Gobierno, Fernando López Miras quien rescataba esta vieja aspiración de los regantes del Altiplano). Urrea mencionó que, desde hace años, la CHS mantiene conversaciones con la Confederación del Júcar para estudiar la viabilidad de suministrar recursos al Altiplano, una zona históricamente aislada de grandes infraestructuras de transferencia. Las declaraciones fueron discretas en su formulación, pero significativas en su alcance: "No ignoramos que la zona del Altiplano tiene una alternativa que no es estrictamente de la cuenca del Segura. El Júcar-Vinalopó existe y podría ser clave si se articula administrativamente", afirmó.

La idea, tal y como la planteó el presidente, no supone un trasvase clásico, sino un intercambio o apoyo intercuencas encuadrado en la normativa del ciclo de planificación. Pero el mensaje dejó clara la existencia de un interés institucional por explorar fórmulas que permitan aliviar la presión en los acuíferos más deteriorados. Un planteamiento que, insistió, "lleva tiempo sobre la mesa, aunque requiere pasos administrativos que exceden la competencia directa de la CHS".

El acuífero Ascoy-Sopalmo es el más esquilmado de la demarcación

La situación de Ascoy-Sopalmo ilustra de forma palpable los límites de la actual estructura de explotación subterránea. En este acuífero, uno de los más esquilmados de la demarcación, algunos usuarios ya no pueden extraer los mínimos necesarios. Por ello han solicitado ampliar la distancia máxima para trasladar los puntos de bombeo, pasando de los 2 km actuales a un radio de hasta 5 km. La propuesta será elevada a la Junta de Gobierno, pero Urrea recordó que esta flexibilización solo se autorizará “siempre que se garantice la ausencia de perjuicio a terceros”, lo que reduce la viabilidad de algunas solicitudes.

Reutilización: un nuevo obstáculo en el ciclo subterráneo

Otra pieza determinante para el modelo de alivio de los acuíferos es el nuevo Reglamento Europeo de Reutilización, cuya implantación está resultando problemática. Tras señalar que solo cuatro ayuntamientos —Murcia, Cartagena, Lorca y Águilas— han solicitado la autorización de "productor de agua regenerada", Urrea advirtió de que el retraso pone en riesgo parte del recurso regenerado que hoy suplementa extracciones y ayuda a mantener a raya la sobreexplotación: "No vamos bien. Sin los planes de gestión de riesgos aprobados, podríamos comprometer la utilización de agua depurada para regadío". La advertencia adquiere especial gravedad en zonas donde la reutilización es la única vía para evitar un mayor descenso de los niveles piezométricos.

La desalación continúa siendo el eje que permitirá relajar la presión en los acuíferos y asumir la recuperación exigida por Europa. Con una producción conjunta pública y privada de 259,65 hm³ en el último período hidrológico, se prevé aumentar esa cifra mediante las nuevas plantas. Sin embargo, Urrea alertó también del límite de capacidad de pago de los usuarios: "Estamos llegando al tope de lo que pueden asumir los regantes". Este aspecto económico condiciona la estrategia global: el agua desalada es la alternativa más segura, pero no infinita desde el punto de vista financiero.