Cruzada de Vox contra las balizas V-16 en la Asamblea Regional

A apenas tres semanas para que sea obligatorio llevarla en cualquier vehículo para avisar de cualquier incidencia o emergencia en la carretera, el Grupo Parlamentario Vox anunció este miércoles el registro una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir la suspensión de las balizas V-16 (los nuevos dispositivos que a partir del 1 de enero serán obligatorios tenerlos a la hora de circular y que sustituyen a los triángulos de emergencia), porque esta medida "solo introduce más trabas y exigencias económicas a las familias y empresas, en un contexto en el que el precio de la vida no deja de aumentar".

El portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, denunció esta última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que pretende "cambiar las reglas del juego en materia de seguridad vial imponiendo un gasto totalmente innecesario a los ciudadanos".

A renglón seguido, explicó que lo que antes servía, como los tradicionales triángulos de señalización, "ahora ya no sirve porque Sánchez quiere obligar a todos los conductores a utilizar sus balizas, y no vale cualquier baliza: tiene que ser la suya, a un precio de 60 euros". 

En negocios como tiendas de recambio de la Región de Murcia se venden por un precio aproximado de 35 a 40 euros, pero lo cierto es que los profesionales lamentan que a día de hoy se pueden encontrar puestas a la venta balizas de este tipo con precios totalmente distintos a través de plataformas de compra en Internet y distintas páginas webs: desde 10 o 15 euros hasta superar los 50 euros.

La medida "carece de una justificación técnica sólida", advierte Alpañez

En consecuencia, Martínez Alpañez reclamó la derogación definitiva de esta imposición "que esquilma el bolsillo de los ciudadanos de la Región de Murcia" y que, además, solo afecta a los vehículos matriculados en España, "mientras que millones de vehículos extranjeros que circulan cada año por nuestras carreteras quedan exentos de esta obligación". Asimismo denunció que la medida "carece de una justificación técnica sólida y no cuenta con estudios que evalúen su impacto real".

"Desigualdad" frente a extranjeros

Por otro lado, el parlamentario afirmó que la obligatoriedad de la baliza V-16 "no garantiza un beneficio real ni acreditado en términos de seguridad vial, genera desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros e impone una carga económica injustificada a las familias españolas", al tiempo que alertó de que puede fomentar prácticas peligrosas "expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia".

"No se entiende por qué no se contempla que sea el propio conductor quien pueda elegir entre la baliza V-16 y los clásicos triángulos reflectantes, que han cumplido perfectamente su función durante décadas", añadió.

Finalmente, Martínez Alpañez concluyó subrayando que la imposición de la baliza V-16 debe ser revisada “hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del dispositivo”.