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Viviendas

Con okupas cada vez más preparados, ¿quién compra las viviendas con inquilinos ilegales en la Región?

Alertan de que el "exceso de protección" provoca que estos moradores contraten abogados para tener asesoramiento: "Tras irse, aparecen al poco en otro inmueble cercano"

Interior de un edificio con ocupas en Cartagena.

Interior de un edificio con ocupas en Cartagena. / Iván J. Urquízar

Adrián González

Adrián González

El procedimiento judicial para recuperar una vivienda okupada tanto en la Región de Murcia como en todo el conjunto nacional "en teoría es rápido, pero en la práctica no lo es tanto". Cada vez los propios okupas están más preparados a la hora de 'negociar' su salida de donde están viviendo de forma ilegal y se buscan las mañas para asesorarse y conocer qué puede o no puede hacer la ley con ellos. Suelen contar con asesoramiento legal: "Cada vez más tienen abogados desde el primer momento. Conozco casos recientes de propietarios en los que, al intentar hablar con los okupantes, estos derivan directamente al abogado que les representa".

Así lo afirma en declaraciones a La Opinión Jerónimo Jover, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de la Región de Murcia, que menciona además otros ejemplos de compradores que han tenido que negociar acuerdos económicos para conseguir la marcha voluntaria de los okupantes: “Hay operaciones en las que se ofrece una compensación, pero puede ocurrir que, tras irse, aparezcan en otro inmueble cercano. Es una dinámica cada vez más habitual", lamenta.

Con esta situación (una vivienda que se desconoce cómo está por dentro, con conflictos que acaban desembocando en los tribunales y que no se puede hipotecar y debe ser pagada 'a tocateja'), ¿quién está dispuesto a comprarlas?

Un mercado casi exclusivo para inversores

El perfil del comprador de este tipo de propiedades es casi exclusivamente inversor. "Estas viviendas no se pueden hipotecar. El comprador debe pagar al contado y asumir que el desalojo puede tardar entre seis meses y cuatro años”, explica. Además, recuerda que ni se puede visitar el interior ni se tiene garantía del estado en el que se encontrará la vivienda una vez recuperada: "No dejan pasar y, en muchos casos, ni siquiera hay fotos actuales en los portales inmobiliarios", insiste el portavoz de Coapi.

Esto abre la puerta a operaciones en las que el inversor compra con un importante descuento, asume el proceso de lanzamiento, reforma y posteriormente revende la vivienda: “Compran por debajo de precio, resuelven la situación y venden más arriba. Para un particular, en cambio, no es una operación aconsejable”.

Un negocio por el "efecto llamada"

Sobre el origen del fenómeno, Jover afirma que la legislación vigente y el Gobierno central en los últimos años "han favorecido un entorno que, lejos de solucionar el problema, ha generado un negocio en torno a la okupación". Considera que esto provoca un "efecto llamada" y que "el ciudadano normal es el principal perjudicado".

“Muchas personas no creen que esto pueda pasar hasta que les toca de cerca: en su edificio, en la puerta de al lado, o en una vivienda vacía que poseen”, indica. Y alerta de que la presencia de okupaciones puede generar conflictos en las comunidades y depreciar los inmuebles colindantes.

“No es un vacío legal, es un exceso de protección hacia el okupa, lo que está provocando que el problema crezca y que tanto okupantes como ciertos inversores hayan encontrado un nicho de negocio que no beneficia al conjunto de la sociedad”, defiende.

A la venta tal cual están

“Podemos dividir estos inmuebles en dos categorías. Por un lado, los que pertenecen a la Sareb o a fondos de inversión. Hasta hace poco solían ‘sanear’ la propiedad antes de sacarla al mercado, pero ahora, ante la inseguridad jurídica, prefieren venderlas tal cual están, aplicando descuentos que van del 20% al 40%", expone Jover.

Jover afirma que estas entidades están acelerando la venta de activos que consideran problemáticos. “Tienen miedo a que aparezcan nuevas normativas que perjudiquen sus intereses. Antes no los sacaban, ahora sí. Por eso se ven tantos anuncios”, señala.

A ello se suma el creciente número de particulares que, tras años de litigios, también optan por vender: “Hay propietarios que están hartos de bregar con la situación y prefieren deshacerse del inmueble antes que seguir en procesos judiciales que pueden alargarse, concluye.

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