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Sanidad

Los farmacéuticos aplauden el aplazamiento de ‘Verifactu’

La entrada en vigor del nuevo sistema para la digitalización de todo el proceso de facturación de las boticas se retrasa a 2027

Imagen de recurso de antibióticos en una farmacia.

Imagen de recurso de antibióticos en una farmacia. / XUNTA

E. P.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha valorado positivamente la decisión del Consejo de Ministros esta semana de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de ‘Verifactu’, un sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, al considerar que ofrece un «margen adicional» para que las oficinas de farmacia puedan adaptarse con garantías a este cambio.

«Las farmacias ya asumimos una carga burocrática y regulatoria muy elevada. Cada nueva obligación administrativa, si no se planifica y acompaña adecuadamente, se traduce en menos tiempo para lo esencial: atender a nuestros pacientes», afirma la presidenta de FEFE, Ana Oliver.

Tras ello, subraya que la digitalización y la lucha contra el fraude son «objetivos legítimos», pero que este tipo de transformaciones deben aplicarse con «seguridad jurídica, calendario realista y soporte técnico».

Oliver también pide aprovechar este margen de tiempo para una implantación ordenada con un calendario estable y comunicado; con antelación criterios técnicos claros; coordinación con los proveedores de software, apoyo y formación; y una simplificación real que evite añadir nuevas cargas sin eliminar trámites redundantes.

Por último, reitera su disposición a colaborar para que la facturación sea un proceso «útil, seguro y compatible» con la realidad diaria de las farmacias, evitando que se traduzca en más burocracia y en menos tiempo de atención sanitaria.

Estaba previsto que ‘Verifactu’ fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos. Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros.

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