Protección o castigo: el Plan del Mar Menor despierta recelos en todos los frentes

El Gobierno regional ha sacado a exposición pública el Documento de Avance del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTMARME), pieza clave para coordinar el urbanismo y la protección ambiental en la zona. Con su publicación en el BORM se abre un mes para presentar alegaciones, al tiempo que se inicia una ronda de consultas institucionales con ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio para la Transición Eccológica, entre otros organismos, para actualizar datos sobre población, zonas inundables, ramblas o estado ecológico de la laguna.

La Consejería defiende que es un trabajo "complejo y ambicioso" que requiere la mejor información disponible antes de su aprobación inicial. Pero mientras el documento empieza a rodar, las primeras reacciones muestran expectativas enfrentadas.

ANSE alerta de que el plan podría llegar tarde o quedarse corto

Desde ANSE, su director, Pedro García, admite que "aunque sea tarde, bienvenido sea" el inicio del proceso y recuerda que las ONG llevaban meses insistiendo en ello. No obstante, critica que la exposición pública coincida "otra vez" con periodos vacacionales, lo que dificulta una participación real.

García teme que "se corre el riesgo de que ni siquiera se apruebe", recordando que queda mucho trámite y que la legislatura entra en su recta final. Advierte además que la utilidad del plan dependerá de que se enfoque en "contener el crecimiento de ciertos sectores que tienen una repercusión directa en los problemas del Mar Menor" y no en consolidar “el desarrollismo”.

El dirigente ecologista cree que el POT debe fijar límites claros a nuevos crecimientos urbanísticos en la ribera, al sellado de suelo y al aumento de invernaderos y fotovoltaicas: "Tiene que incidir de verdad en los factores que han llevado al Mar Menor a donde lo han llevado". Añade que la Comunidad Autónoma puede y debe jugar un papel activo más allá de lo que ya imponen la normativa estatal y la Ley del Mar Menor, porque "si se limita solo a lo que viene impuesto (Ley del Mar Menor, normativa estatal), podemos esperar poco del plan".

Pone como ejemplo que, aunque Cartagena ha retirado grandes urbanizaciones proyectadas en la ribera, mantiene o permite otros desarrollos urbanísticos entre Los Belones y La Manga Club, o junto a Calblanque: "Eso debería corregirlo el plan. La comunidad puede limitar desarrollos incluso fuera de zonas inundables", señala. Anse participará en la exposición pública "en coordinación con otras organizaciones", aunque reconoce que el final de año complica el trabajo.

Asaja Murcia rechaza más restricciones: "Ya hay normativa suficiente"

En el lado agrario, la preocupación es otra. El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, afirma que "cualquier limitación en la actividad agraria nos preocupa", porque el sector del Campo de Cartagena ya está sometido a la Ley del Mar Menor, que considera una regulación "más que suficiente".

A su juicio, "lo verdaderamente importante" es que todas las administraciones ejerzan sus competencias para corregir los impactos, tanto los ayuntamientos como la Confederación Hidrográfica, y que se actúe sobre depuración, pluviales y gestión de ramblas. Gálvez rechaza tajantemente que se plantee convertir regadíos en secano: "Nos parece una auténtica barbaridad; lo que hay que hacer es garantizar recursos para continuar con la actividad agrícola".

También reivindica recuperar las extracciones para rebajar el nivel freático y utilizar ese agua en el regadío: "No tenemos por qué estar pagando agua desalada mientras hay recursos hídricos disponibles bajo los cultivos", sostiene. La organización ya prepara alegaciones contra cualquier medida que implique reducir superficie de regadío o modificar usos: "Vamos a estar muy vigilantes".

Un plan llamado a coordinar administraciones… si llega a tiempo

El Ejecutivo autonómico recuerda que el POTMARME complementa a los planes urbanísticos municipales y a la Ley del Mar Menor, de rango superior. Habrá una nueva fase de participación al redactar el documento completo y su Estudio Ambiental Estratégico, antes de pasar por informes técnicos, Consejo Asesor y aprobación provisional.

Queda por ver si el plan logrará desarrollarse dentro del calendario político y si será lo bastante ambicioso para frenar la degradación de la laguna o si, como teme el ecologismo, se convertirá en "papel mojado". Y, al otro lado, si las garantías de protección podrán convivir con la actividad económica agraria, cuyo sector advierte de que "no es el momento" de añadir nuevos límites.

El debate arranca, y será largo.

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