Política
El PP de la Región de Murcia impulsa una ley con sanciones de más de 45.000 euros por agredir a sanitarios
Insultar a un profesional conllevará multas de hasta más de 15.000 euros, explicó la diputada 'popular' de la Asamblea María del Carmen Ruiz Jódar
Los diputados del Partido Popular María del Carmen Ruiz Jódar y Antonio Martínez Pastor. / PPRM
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea Regional una Proposición de Ley sobre infracciones administrativas en materia de sanidad relacionadas con las agresiones a profesionales sanitarios, tanto físicas como verbales.
"Hacemos realidad una de las principales reivindicaciones de los trabajadores de la Sanidad: poner fin a la impunidad de una violencia que sufren con cada vez más frecuencia, y que, además de afectar a su integridad física y psicológica, deteriora la calidad de nuestro sistema sanitario", destacó la diputada regional María del Carmen Ruiz Jódar, que presentó la iniciativa junto al también parlamentario autonómico Antonio Martínez Pastor.
La norma establece sanciones con multas de hasta más de 15.000 euros a situaciones como la falta de consideración o el trato insultante, despreciativo o denigrante hacia los profesionales sanitarios, mientras que la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias, además de cualquier otra forma de violencia física o verbal grave sobre los profesionales sanitarios, serán consideradas infracciones muy graves y conllevarán sanciones de hasta más de 45.000 euros.
La gran mayoría de los casos, un 78%, son amenazas y agresiones dirigidas contra mujeres
Martínez Pastor alertó de que "las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad laboral han ido creciendo cuantitativamente en los últimos años". En concreto, y según datos del Ministerio de Sanidad, aumentó en 2024 por cuarto año consecutivo, con un incremento del 16% respecto a 2023. "La gran mayoría de los casos, un 78%, son amenazas y agresiones dirigidas contra mujeres, y muy especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, cuya tasa de agresiones triplica la de la Atención Hospitalaria", resaltó el diputado del PP. Los colectivos más afectados son el personal facultativo (33%) y el de Enfermería (29%).
Entre las consecuencias del incremento de la violencia ejercida contra profesionales sanitarios, Martínez Pastor puso el acento en las "renuncias al puesto de trabajo, cambios de domicilio, de función o actividad profesional, incremento del 'síndrome del trabajador quemado', o incluso fuga de talentos hacia otros países".
Ruiz Jódar confía en que la norma salga adelante porque esta materia no debe someterse a "debates ideológicos"
El parlamentario explicó que, "si bien el Código Penal protege al profesional sanitario ante agresiones físicas, no lo hace suficientemente con la violencia verbal, como coacciones, intimidaciones, insultos y amenazas", añadiendo que, "de hecho, la inmensa mayoría de las denuncias, el 84%, corresponden a situaciones de agresión verbal".
Ruiz Jódar confía en que la Proposición de Ley "saldrá adelante con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, a cuyas ideas y aportaciones estamos abiertos", ya que "la urgente necesidad de proteger a los profesionales del sector de la salud y de cuidar a quienes nos cuidan no es materia que deba someterse a debates ideológicos ni a estrategias políticas".
Las infracciones establecidas en esta Proposición de Ley:
En caso de infracciones leves (falta de consideración o el trato insultante o despreciativo de los usuarios y pacientes a los profesionales sanitarios, siempre que no constituya falta grave o, en su caso, infracción penal):
- En grado mínimo: desde 300 hasta 1.000 euros
- En grado medio: de 1.001 hasta 2.000 euros
- En grado máximo: de 2.001 hasta 3.005,06 euros
En caso de infracciones graves (falta de consideración reiterada, coacciones, amenazas leves o trato denigrante por parte de los usuarios y pacientes a los profesionales sanitarios, así como a otros usuarios y a sus familiares, siempre que no constituya falta leve o muy grave o, en su caso, infracción penal):
- En grado mínimo: de 3.005,07 hasta 7.000 euros
- En grado medio: de 7001 hasta 11.000 euros
- En grado máximo: de 11.001 hasta 15.025,30 euros
En infracciones muy graves (resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes así como la coacción, amenaza grave, agresión, o cualquier otra forma de violencia física o verbal grave sobre los profesionales sanitario):
- En grado mínimo: desde 15.025,31 hasta 30.000 euros
- En grado medio: de 30.001 hasta 45.000 euros
- En grado máximo: de 45.001 euros en adelante
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