La 'cara B' de los servicios sociales en la Región: más demoras en las ciudades y menos recursos en los pueblos

La actual Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia reconoce por primera vez el acceso al sistema como un derecho subjetivo, pero su aplicación real está lejos de garantizar la equidad en los municipios: las condiciones actuales no permiten que todos los murcianos puedan acceder por igual a servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia, valoración de la dependencia o atención temprana, entre otros.

Los vecinos de los pueblos más pequeños de la Región tienen un acceso más rápido, ya que sus centros atienden a una menor población; pero, sin embargo, no cuentan con recursos suficientes para dar soluciones a los usuarios.

Por contra, las grandes ciudades de la Comunidad cuentan con más servicios y programas, pero para acceder a ellos hay más lista de espera y, en consecuencia, mayores dificultades de acceso.

Es una de las conclusiones principales del estudio Las prestaciones garantizadas en la Ley de Servicios Sociales y su aplicación en los servicios sociales de Atención Primaria que se presentó este martes en el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia y de la que alertó uno de los autores del informe, Antonio Ripoll Spiteri. En definitiva, la ley aprobada en el año 2021 no ha logrado por ahora hacerse efectiva por la ausencia de desarrollo reglamentario y por importantes déficits estructurales.

El estudio analiza factores que facilitan o dificultan el acceso a la población a los Servicios Sociales y constata que, aunque la ley establece un marco sólido, las condiciones actuales no permiten que todas las personas accedan en igualdad: "Es fundamental que cualquier ciudadano pueda acceder al sistema de servicios sociales en condiciones de equidad, y ahora mismo esa equidad no existe", indicó Ripoll.

"Ahora mismo la equidad para acceder al sistema de servicios sociales no existe"

También resalta la necesidad de reforzar el sistema con más profesionales, más recursos y, sobre todo, un mayor consenso político, así como visibilizar el sistema público de servicios sociales ya que sigue siendo poco conocido por la ciudadanía.

Una de las asignaturas pendientes expuestas en las conclusiones del estudio es la falta de un catálogo de prestaciones, cuya aprobación es "condición imprescindible" para garantizar los derechos reconocidos en la norma. A esta necesidad se suman también la puesta en marcha de un mapa de servicios sociales, la mejora del sistema de financiación y la ordenación territorial y funcional del propio sistema.

El reto de la longevidad

Otro de los autores del trabajo, Manuel Aguilar, profesor en la Escola de Treball Social de Universitat de Barcelona, señaló que los servicios sociales deben "evolucionar" para adaptarse a una sociedad que ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

En este sentido, advirtió que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sistema es el reto de la longevidad: el aumento de la esperanza de vida implica también mayores necesidades de cuidados, atención y apoyos.

El licenciado en Ciencias Políticas y Sociología señaló además que existen otros retos que están transformando la demanda de servicios sociales, como el caso de la parentalidad y la crianza, que se han vuelto "más complicadas" debido a cambios culturales, sociales y económicos. Las vidas de las personas, dijo, son ahora mismo "más inestables y variadas" que en generaciones anteriores.

Antes, enfatizó, la gente vivía en el mismo pueblo, con la misma pareja y dedicándose a lo mismo durante toda su vida, mientras que en la actualidad los cambios de residencia, de empleo o de pareja son más frecuentes y forman parte de la autonomía personal, pero también pueden generar vulnerabilidades cuando surgen complicaciones.

Aumenta la inversión casi un 65% en cinco años

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó que el estudio resalta que la situación no es favorable debido a la "infrafinanciación estructural" que sufre la Región de Murcia. A pesar de ello, se sitúa como la quinta comunidad con mayor crecimiento en inversión social, con un aumento del 64,5% entre 2019 y 2024, una cifra que supera en 13 puntos porcentuales a la media nacional.

La responsable autonómica de Política Social señaló además el aumento de personal en los servicios sociales, gracias a una inversión de dos millones de euros que ha permitido la incorporación de 71 profesionales adicionales en Atención Primaria, que se suma a la puesta en marcha de los servicios de acompañamiento intensivo (SAI) y los equipos comarcales, destinados a atender familias vulnerables y prevenir situaciones de pobreza en la Región.

La consejera recordó que la Comunidad Autónoma destina cerca del 80% de su presupuesto a los tres pilares del Estado del bienestar: servicios sociales, educación y salud. “Estamos haciendo un esfuerzo fundamental no solo para reforzar e impulsar los servicios sociales de atención primaria y especializada, sino también para garantizar una atención de calidad en educación y sanidad”, recalcó.

Los ayuntamientos, "primera trinchera en la atención"

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y el también alcalde de Ulea, Víctor Manuel López, resaltó la importancia del papel de los ayuntamientos en la aplicación de la ley: "Somos la primera trinchera en la atención a la ciudadanía", dijo en alusión a que los consistorios son quienes lidian directamente con los problemas sociales que afectan a sus vecinos.

López remarcó la necesidad de trasladar a todos los regidores el seguimiento de las prestaciones y programas en marcha, insistiendo en que, aunque la sanidad y la educación son vitales, la política social debe ocupar también un lugar prioritario para los gobiernos locales debido a la vulnerabilidad de muchas familias: "Hablamos de personas que necesitan nuestra ayuda, ahora más que nunca por la situación que están viviendo".

Preguntado por las desigualdades en el acceso a los servicios sociales según el tamaño del municipio, el presidente de la Federación de Municipios de la Región defendió la utilidad de los servicios mancomunados, una fórmula que ya funciona en algunas zonas de la Comunidad, como la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle de Ricote, integrada por Archena, Ricote, Villanueva, Ulea y Ojós, donde la gestión conjunta permite ampliar recursos y mejorar la capacidad económica de los consistorios.