La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región

Multas millonarias por tener a trabajadores inmigrantes del campo sin dar de alta en la Seguridad Social y echando horas de sol a sol, empleadas del hogar sin contrato, camareros con un contrato a tiempo parcial y acumulando horas extra sin que contabilicen… Es una realidad que día tras día ocurre y se sucede en el sector laboral de la Región de Murcia: el lastre de la economía sumergida sigue muy presente en la Comunidad a pesar de que la Inspección de Trabajo siga intentando atacar el problema de raíz con el objetivo de aminorar de forma importante el trabajo en ‘B’ o en negro.

Los empresarios denunciados por la Inspección de Trabajo se vieron obligados a pagar a lo largo de 2024 24,9 millones de euros en sanciones después de que el organismo público del Ministerio que dirige Yolanda Díaz interpusiese 5.080 infracciones en la Región. A esta desorbitada cantidad hay que sumar otros 28,9 millones de euros que tuvieron que abonar en los expedientes liquidatorios abiertos para recuperar los impagos que estaban pendientes.

En total, 53,8 millones de euros por actuaciones irregulares en el mercado laboral murciano, donde la economía irregular tiene un peso todavía demasiado importante: los inspectores sacaron a la luz a lo largo del pasado año un total de 2.912 puestos de trabajo en economía sumergida o, lo que es lo mismo, unos 242 al mes o 60 cada semana.

El trabajo en negro y las jornadas ilegales disparan las sanciones hasta superar las 5.000

Así consta en el balance de la Inspección de Trabajo correspondiente al año 2024 que ha hecho público recientemente el Ministerio: a pesar de que el número total de inspecciones se redujese en la Región respecto al año pasado (30.104 frente a las 33.475 que tuvieron lugar en el año 2023), el número de sanciones sigue al alza al pasar de 4.875 a las 5.080 mencionadas anteriormente.

Entre las distintas formas de fraude laboral, la Inspección centró principalmente su intervención en combatir la economía sumergida en la Comunidad. Dentro de este apartado se llevaron a cabo 13.905 actuaciones y se identificaron 1.922 infracciones, gracias a las cuales 2.912 trabajadores que estaban sin contrato pudieron ser dados de alta.

Los inspectores también pusieron el foco en combatir el fraude en la contratación, especialmente el uso de contratos temporales sin una causa que los respalde y la declaración insuficiente de horas en los contratos a tiempo parcial: son prácticas que permiten a las empresas abaratar costes salariales y de cotización, pero lo hacen a expensas de empeorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

"La Alabama del siglo XXI"

El problema, no solo laboral, también trasciende al ámbito social y político. Cabe recordar que en febrero de este mismo año la propia Asamblea Regional sacaba adelante una propuesta de Podemos para que la Región de Murcia no se convirtiese en "la Alabama del siglo XXI". En concreto, la formación morada vio respaldada su moción para reforzar la labor de inspección sobre todo en el ámbito agrícola por la que exigía al Gobierno central más recursos, tanto humanos como materiales, para que la Comunidad "dejase de ser noticia todos los meses".

Tanto Policía Nacional como Guardia Civil también llevan a cabo numerosas operaciones, sobre todo en el campo, para tratar de cazar a aquellas empresas que sobrepasan los límites y están explotando a trabajadores sin contrato y sin papeles - en la gran mayoría de casos, son extranjeros en situación de vulnerabilidad que llegan a la Comunidad en busca de un trabajo y que, en muchas ocasiones, desconocen cómo deben hacerlo con legalidad -.

Regularizan a más de 1.400 empleados a tiempo parcial que echaban más horas de las que constaban

En la Región se destapó un número mucho mayor de contrataciones fraudulentas, lo que llevó a la Inspección a exigir la transformación de más de 5.000 contratos. La mayoría de estas irregularidades se concentraron en el uso del contrato fijo discontinuo, cuya utilización indebida obligó a modificar la situación de 3.540 trabajadores de la Comunidad para convertirlos en indefinidos ordinarios.

Además, la Inspección requirió que otros 1.897 asalariados con contratos temporales pasaran a ser fijos, al no cumplirse los requisitos necesarios para justificar la temporalidad. Estas actuaciones están estrechamente relacionadas con la última reforma laboral, que estableció el contrato indefinido como la modalidad general. En conjunto, la labor inspectora durante el pasado año permitió que 5.437 personas puedan contar ahora con un contrato indefinido.

Más horas de las permitidas

Aunque la conversión de contratos temporales y de fijos discontinuos fue la más numerosa, el incremento más destacado se dio en las jornadas a tiempo parcial. La Inspección regularizó la situación de 1.438 empleados en la Región (860 mujeres y 578 hombres) cuyo tiempo de trabajo real superaba ampliamente el que figuraba en sus contratos. En muchos casos, sobre el papel debían trabajar, como mucho, 20 horas semanales, pero en la práctica su jornada alcanzaba las 30 o incluso 40 horas. Esta práctica abusiva e ilegal, denuncian los sindicatos, permite a estas empresas reducir costes salariales y de cotización.

Pérdidas de 6.900 millones en la Comunidad

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que dirige Marisa López Aragón, también es consciente de la problemática que arrastra la Región en este sentido. La propia consejera señalaba hace unos días en la mesa redonda ‘La economía sumergida en la Región de Murcia. Retos, impacto y soluciones’ organizada por La Opinión que la hostelería, el servicio doméstico y los servicios personales -como arreglos exprés en casas- son los más afectados, seguidos por el comercio y la agricultura.

López Aragón expuso que la economía sumergida supone el 17,4% del Producto Interior Bruto regional, unos 6.900 millones de euros, una cifra que supera incluso el presupuesto anual de la Comunidad -de 6.755 millones de euros-. El objetivo que se plantea el Gobierno regional es, a través de la una estrategia integral que está preparando, tratar de reducirla en tres puntos porcentuales, hasta situarla en el 14,4% del PIB.

La Consejería trabaja en un plan para rebajar en tres puntos su peso en el PIB

Fuentes del área de Economía de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, la patronal Croem, consideran que la economía sumergida constituye "una competencia desleal contra las empresas que cumplen las obligaciones".

En este sentido, fuentes de la patronal que preside Miguel López Abad apuntan a que aunque las últimas estimaciones señalan que en la última década se han reducido los niveles de economía irregular en la Región, "esta seguiría ligeramente por encima de la media nacional, circunstancia que justificaría reforzar los mecanismos de control".

Por último, añaden que siguen "colaborando con la Administración Regional en la realización de propuestas para incentivar la formalización y la competencia leal".