La Asamblea rechaza las cuentas de la Comunidad entre 2015 y 2021 y pone rumbo a la reprobación del consejero Marín

El pleno de la Asamblea Regional rechazó este miércoles las cuentas generales de la Comunidad Autónoma para el período comprendido entre 2015 y 2021, después de once años sin fiscalizarlas, incumpliendo así el reglamento de la Cámara.

No solo eso, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, sí aprobó un documento en el que se recogen 21 medidas instando al Gobierno regional a corregir las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas y facilitar la labor fiscalizadora de la Asamblea Regional.

Desde el PP, su diputado Carlos Albaladejo no dudó en arremeter contra la "pinza" del PSOE y Vox, que se unieron para decir no a la gestión económica regional por "mera estrategia electoralista". Albaladejo acusó a la oposición de "sesgar el informe del Tribunal de Cuentas", puesto que considera que este órgano fiscalizador "ha avalado la gestión" del Gobierno regional "afirmando su legalidad". Asimismo, consideró que "las recomendaciones que se hacen son solo sobre una parte ínfima del volumen presupuestario total de la Comunidad".

Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas son sobre una parte ínfima del volumen presupuestario total de la Comunidad

Carlos Albaladejo

— Diputado PP Asamblea

El diputado 'popular' dejó claro que este rechazo "no tiene consecuencias legales", que este órgano de gestión externa "no ha detectado desviaciones ilícitas de capitales ni ilegalidades" y que solo hace recomendaciones que ya han sido asumidas por el Gobierno regional. También hizo hincapié en que la situación económica-financiera de la Comunidad sería "ampliamente mejorable" si el Gobierno de España diera a la Región de Murcia la financiación necesaria.

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, anunció durante el pleno que pedirá la reprobación del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, como responsable directo de la gestión de las cuentas del año 2021 "porque esta nefasta gestión alguien la tiene que asumir".

El Tribunal detecta un error en la contabilidad de la Comunidad de 4.376 millones de euros

Alfonso Martínez Baños

— Diputado PSOE Asamblea

El diputado Alfonso Martínez Baños detalló algunas de las "irregularidades" en la gestión de fondos públicos detectadas por el Tribunal de Cuentas, entre las que destacan el incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, gastando 5.000 millones más de los ingresados, o la aprobación de modificaciones con cargo al remanente de tesorería, cuando es negativo en más de 2.500 millones de euros. "Dice el Tribunal de Cuentas que el remanente está inflado en 4.376 millones de euros. El Tribunal detecta un error en la contabilidad de la Comunidad de 4.376 millones de euros. Un auténtico disparate", destacó.

Las irregularidades más graves están relacionadas con las pérdidas de la desaladora de Escombreras y con el agujero multimillonario que presentan las cuentas del Servicio Murciano de Salud (SMS), cuyo presupuesto se encuentra muy por debajo de las necesidades reales y que presentaba un déficit a 31 de diciembre de 2021 de 2.740 millones de euros.

Podemos poner nombre y apellidos a la parálisis y a la estafa. Ese nombre es Partido Popular

Rubén Martínez Alpañez

— Portavoz adjunto Vox Asamblea

El portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, tampoco fue misericordioso. "Podemos poner nombre y apellidos a la parálisis y a la estafa. Ese nombre es Partido Popular. Así de simple", manifestó.

"Fallos, errores, faltas muy graves y manipulación. Mentira y manipulación. Eso es el Partido Popular", añadió el diputado, que "esos errores se repiten año a año" y que "siempre se equivocan a favor del gobierno", ya que "se olvidan de contabilizar las deudas" y de "quitar de la contabilidad algunas de las cosas que ya cobran".

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, afirmó que "no se pueden aprobar unas cuentas generales con tamaño disparate de salvedades y de observaciones que hace el Tribunal de Cuentas". Para él, "lo peor es que no ha habido propósito de enmienda", ya que, viendo los presupuestos de 2023, 2024 y 2025, "siguen reincidiendo" en no ajustar las partidas a los gastos reales, especialmente, en el caso del SMS.

Curiosamente, la Asamblea sí aprobó las cuentas públicas de la Comunidad de los años 2012 y 2013, que coinciden con Alberto Garre, actual diputado de Vox, en la Presidencia regional. En estos casos, Vox se abstuvo.

No a la vivienda cooperativa

Si los diputados tumbaron hace una semana la moción socialista para que "el suelo público siempre sea público", esta semana hicieron lo propio con la iniciativa sobre vivienda cooperativa. Según Miguel Ortega, esta "mantiene la esencia de una vivienda individual, pero establece espacios comunes y garantiza el acceso a una vivienda barata que puede ser autogestionada". PP y Vox votaron en contra, lo que llevó a Ortega a denunciar que "el Partido Popular no está moviendo ni un solo dedo" para poner solución al problema de acceso a la vivienda.

Por otra parte, la Cámara aprobó la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox. El diputado Ignacio Arcas cifró en más de 400 millones de euros el coste que puede acabar asumiendo la Comunidad, entre el aval de 160 millones, la liquidación de daños y perjuicios y las últimas sentencias contrarias a los intereses autonómicos.

Por último, el Pleno también dio luz verde a una iniciativa de Podemos-IU para alejar los salones de apuestas de los centros educativos. La diputada morada María Marín explicó que la moción responde a peticiones directas de diversas AMPA que denuncian la presencia de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio". El PSOE ha votado a favor de los puntos aprobados y ha reforzado su contenido con una enmienda y, aunque el PP recordó que desde hace siete años no se otorgan nuevas licencias, la oposición le reprochó que esas medidas no han ido acompañadas de la regulación de distancias.