El TSJ mantiene viva la ILP de Vivienda en la Región: ordena revisar la decisión "arbitraria" que frenó miles de firmas

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el Derecho a la Vivienda en la Región de Murcia, que logró conseguir 16.000 firmas, sigue con vida. Al menos en la batalla judicial que mantienen los promotores de la iniciativa con la Junta Electoral, que solo contabilizó un total de 11.000 de forma "totalmente arbitraria".

Ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región admite a trámite el recurso presentado por Francisco Morote, miembro de la comisión promotora de la ILP contra la decisión que limitó la validación de firmas.

La resolución, firmada por la Secretaría de la Junta Electoral hace unos días, confirma que el conflicto sobre la validez del recuento de firmas sigue así su curso judicial cuatro meses después de que la Asamblea Regional la rechazase con los votos en contra de PP y Vox.

Morote había denunciado previamente la actuación de la Junta Electoral por detener el recuento cuando la iniciativa había superado las 11.000 firmas, pese a que se entregaron más de 16.000. Cabe recordar que la legislación regional exige 10.000 apoyos para que una ILP pueda ser debatida en el Parlamento autonómico.

"Podían haber cortado en 10.001 o seguir hasta el final; no existe base legal para detener el recuento en ese punto", afirma a La Opinión Morote, que califica la decisión de “absolutamente arbitraria".

"No se puede cortar un recuento cuando conviene a alguien"

El portavoz sostiene que esta actuación buscó restar "legitimidad al apoyo social de la iniciativa” y "favorecer los intereses" de un Gobierno regional que ya había anunciado su Modelo de Vivienda Asequible, que le tumbaron PSOE y Vox hace ahora un mes.

En protesta por esta situación, los promotores decidieron no acudir al debate de la ILP en la Asamblea Regional y presentaron un recurso en julio.

Un precedente para el futuro

Ahora, Morote celebra que haya sido aceptado y espera a que la Junta Electoral remita al Tribunal el expediente completo, paso previo a formular la demanda: "Lo importante es que esto sentará un precedente sobre cómo debe actuar la administración en futuras ILP. No se puede cortar un recuento cuando conviene a alguien", señala el también portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Asimismo insiste en que esta actuación vulneró "el derecho de participación política, reconocido en la Constitución" de aquellas más de 5.000 firmas que no se contabilizaron en un primer momento.

Denuncian que se vulneró "el derecho de participación política" con el recorte de apoyos

Si el TSJ diese finalmente la razón y declara que debería contarse más firmas o que el recuento fue ilegal, los promotores podrían usar ese fallo como base para reactivar la ILP o pedir que vuelva a debatirse, aunque no tienen muchas esperanzas de que tanto PP como Vox cambien el voto que emitieron este verano.

¿Qué medidas incluía la ILP?

La ILP incluía, entre otras medidas, compensaciones por retrasos en ayudas al alquiler, la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda y la garantía de que el suelo público siga siendo público.

El PP, que votó en contra, defendió que su 'no' no suponía un desprecio a nadie. "Utilizar la vivienda como arma política sí es faltar al respeto a la ciudadanía", dijo el portavoz popular Antonio Landáburu.

Por su parte, desde Vox justificaron el voto en contra señalando que el texto había sido rechazado por los servicios jurídicos por su deficiente técnica legislativa y por contener errores que dificultaban su aplicación.