Agua
Los regantes de Lorca auguran en la Asamblea un escenario “casi apocalíptico” por el recorte del Tajo-Segura
Juan Marín Bravo denuncia que el horizonte de 2027 es "inviable, injusto, insolidario y hasta inmoral" para las 26.000 hectáreas del Guadalentín

Miembros en la segunda reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura. / Asamblea Regional
La Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura celebró este lunes su segunda sesión con la comparecencia de Juan Marín Bravo, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca. El responsable inició su intervención en la Asamblea agradeciendo la oportunidad de que una comunidad centenaria, con casi 27.000 hectáreas y 17.000 comuneros, pudiera exponer su visión en un momento que calificó de máxima preocupación.
Marín dedicó buena parte de su intervención inicial a explicar la estructura del regadío lorquino, insistiendo en que no nació con el Trasvase, sino con una tradición agrícola que se remonta a los regadíos árabes. Recordó que Lorca conserva todavía "canales, canalillos, tablachos y balsas" que evidencian esa herencia y que su comunidad ha evolucionado desde una agricultura de subsistencia a un modelo tecnificado y orientado a la exportación tras la llegada del Tajo-Segura, que supuso, dijo, “una revolución social” en el Guadalentín.
Según Marín, el Trasvase permitió abandonar cultivos poco rentables y dar paso a cooperativas, SAT (Sociedades Agrarias de Transformación) y empresas hortofrutícolas que consolidaron empleo y evitaron la emigración. "Se guardan las maletas en las casas y empiezan a venir trabajadores", recordó, aludiendo a cómo la llegada de nuevos recursos hídricos transformó no sólo la economía, sino la estructura demográfica de la comarca.
La llegada del Trasvase fue una revolución social en Lorca
El valor del ‘mix’ de aguas y la dependencia del Trasvase
El presidente de los regantes lorquinos detalló el sistema hídrico que sostiene hoy a la comunidad: aguas superficiales procedentes de sus dos embalses, subterráneas, regeneradas al 100% y, desde hace casi cinco décadas, las del Trasvase. A ellas se suma la apuesta por el agua desalada, especialmente la vinculada a la ampliación de la desaladora de Torrevieja, cuya distribución, advirtió, sigue pendiente de la construcción de la tubería necesaria para hacerla operativa en Lorca.

Juan Marín Bravo, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca. / Asamblea Regional
A pesar de ese 'mix de agua', Marín defendió que el Tajo-Segura sigue siendo la pieza estructural que permite la viabilidad económica del conjunto. Destacó su volumen, su calidad y su coste, "un precio de 10-12 céntimos que te ayuda a que otros recursos más caros se puedan absorber". Sin él —advirtió— determinados cultivos, como los cítricos, no podrían mantenerse solo con agua de pozo o desalada.
La amenaza de 2027: recortes del Trasvase y cierre de acuíferos
El compareciente situó el horizonte de diciembre de 2027 como un punto crítico. Para entonces coincidirán el recorte escalonado del Trasvase —derivado del aumento del caudal ecológico del Tajo— y el cierre de acuíferos previsto en la planificación hidrológica. Ambos factores, dijo, conducirían a los regantes a un escenario que no dudó en calificar como grave.
"El recorte es inviable, inaceptable, insolidario y hasta inmoral", advierte Marín
Advirtió también de que, sin la tubería que permita hacer efectiva la llegada del agua procedente de Torrevieja, los regantes quedarán sin la alternativa que se concibió precisamente para compensar futuros recortes. "¿Cuándo se va a hacer esa tubería? ¿Quién va a hacer esa tubería?", preguntó, tras ironizar con que, de no construirse, habría que trasladar el agua "en barcos o en cisterna", o incluso "hacer una ristra de esos 17.000 comuneros".
Un llamamiento político y un diagnóstico tajante
Marín evitó profundizar en las justificaciones técnicas, económicas o jurídicas del Trasvase, remitiéndose a la comparecencia anterior del presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, pero insistió en que la situación es "inviable, inaceptable, insolidaria, injusta" y llegó a añadir que empieza a parecerle "hasta inmoral".
Concluyó apelando a la responsabilidad de los grupos parlamentarios presentes en la comisión. "Aquí estamos en Murcia —subrayó—, ni en Castilla-La Mancha, ni en Extremadura, ni en Aragón. La Región de Murcia necesita garantía hídrica para seguir trabajando, para seguir desarrollándose y para seguir generando alimentos y empleo".
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