Medio ambiente
Madrid copia la iniciativa del Mar Menor en la Región y buscará personalidad jurídica para el Manzanares
Una iniciativa ciudadana quiere reconocer al río como sujeto de derechos y alerta de los riesgos que afronta este ecosistema urbano

Tramo urbano del río Manzanares en Madrid, vulnerable a la contaminación. / KIKE CARBAJAL
El eco del Mar Menor resuena lejos de la laguna. También en Madrid, a orillas del Manzanares, donde un grupo de colectivos ciudadanos y especialistas ha comenzado a explorar la posibilidad de que el río obtenga personalidad jurídica. Entre quienes impulsan este esfuerzo está Carmen Haro Barba, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Redes por el Clima, para quien el precedente murciano se ha convertido en una guía. «El proceso de la Ley del Mar Menor es absolutamente inspirador», resume.
Haro recuerda que la laguna fue el primer ecosistema europeo —y uno de los primeros del mundo— en recibir este tipo de reconocimiento. Y subraya, desde un contexto madrileño que intenta aprender del recorrido murciano, que el logro no surgió de los despachos: «Fue un movimiento ciudadano absolutamente transversal; la gente se unió por su amor y su apego al ecosistema, sin importar ideologías».
El logro murciano fue transversal, la gente se unió por amor y su apego al ecosistema y sin ideologías
El impacto de aquel proceso ha ido más allá de España. Tras la aprobación de la ley, explica la investigadora, Europa encontró por fin una referencia en un continente que carecía de ejemplos. De hecho, señala que en Francia se debate otorgar personalidad jurídica al Sena y en Polonia al río Óder. El impulso incluso ha alcanzado foros internacionales: el equipo del Mar Menor llegó a Naciones Unidas para promover una Asamblea de la Tierra y una Declaración de los Derechos de la Naturaleza.
Pero la conversación en Madrid no se limita a la admiración. Haro detalla sin ambages los riesgos que enfrenta el Manzanares: contaminación química y farmacéutica, vertidos, depuración insuficiente, presión urbanística, fragmentación de hábitats y los efectos crecientes de la crisis climática. Recuerda que, tras el proceso de renaturalización iniciado en 2016, especies como la garza real volvieron al río, pero advierte que esa biodiversidad vuelve a estar amenazada. «El Manzanares no tiene por qué morir ante nuestros ojos para que reaccionemos», insiste.
El debate en Madrid se pregunta, inevitablemente, si existe un movimiento ciudadano comparable al que surgió en la Región de Murcia. Haro cree que está germinando: asociaciones vecinales, organizaciones sociales, grupos de investigación, artistas y vecinos trabajan ya alrededor del río. La declaración presentada el pasado 15 de noviembre —fruto del trabajo conjunto de más de 30 personas— busca unir esas fuerzas y servir de referencia para futuras leyes o acuerdos.
La gobernanza, reconoce, está aún en construcción. La propuesta contempla la creación de un Consejo del Manzanares y su cuenca, encargado de velar por el cumplimiento de la futura carta de derechos y actuar en nombre del río, del mismo modo que ocurre en otros lugares del mundo. Pero la figura exacta está abierta a debate; el grupo se constituyó apenas hace unos días y el diseño final ocupará las próximas reuniones.
Sobre la estrategia política, Haro es clara: no quieren vincular la iniciativa a ningún partido. «Esto es un movimiento ciudadano», recalca. Aspiran a empezar por lo local —Ayuntamiento y Comunidad de Madrid— y solo si fuera necesario se abriría la vía de una Iniciativa Legislativa Popular, aunque reconoce que el caso murciano ha generado ya jurisprudencia suficiente como para que quizá no sea imprescindible repetir aquel recorrido. Por ahora, los apoyos son numerosos y llegan sin ruido de confrontación: ya han superado las 250 firmas sin haber puesto en marcha todavía una campaña de gran alcance.
La investigadora se emociona al recordar algunos gestos recientes. Durante un encuentro ciudadano, un artista llevó una botella con agua del río para que «estuviera presente» en la sesión. Un vecino del barrio de San Fermín observó que el agua estaba clara y bromeó: «Claro, si la hubieras recogido allí, no podríamos estar en la misma habitación por el olor». Una escena que ejemplifica, según Haro, la urgencia de actuar.
La investigadora sonríe ante la posibilidad de que la onda expansiva continúe, y subraya un mensaje que considera esencial: «Nuestra inspiración es el Mar Menor y, por supuesto, Teresa Vicente», la catedrática y gran impulsora de la ILP del Mar Menor, a la que parafrasea: «Ella suele decir que el siglo XIX fue el de las empresas, el XX el de los derechos humanos y que el XXI será el de los derechos de la naturaleza». Para Haro, la aprobación de la ley murciana y la sentencia del Constitucional de 2024 marcan un cambio de era en el que «la naturaleza deja de ser un objeto para convertirse en sujeto».
Antes de despedirse, la investigadora comparte su opinión sobre el futuro: si tuviera que señalar el próximo ecosistema en España en el que podría plantearse esta figura jurídica, respondería sin dudar: Doñana.
Teresa Vicente, abogada y profesora de la UMU: «O tomamos medidas o seguimos avanzando hacia el suicidio»
La huella del Mar Menor sigue abriendo caminos. Tres años después de que la laguna murciana se convirtiera en el primer ecosistema europeo reconocido como sujeto de derechos, su principal impulsora, la abogada y profesora de la Universidad de Murcia Teresa Vicente, observa cómo aquel precedente se expande ahora por España y Europa. Y entre los movimientos que siguen esa estela, destaca el del río Manzanares en Madrid, cuyo proceso sigue con atención. «Nuestro triunfo debe servir para alumbrar», afirma.
Vicente explica que el interés por otorgar personalidad jurídica a ríos y lagunas ha crecido de forma notable. Recuerda que en París fue invitada por la alcaldesa para compartir la experiencia murciana en el debate sobre el Sena, y que en Italia han surgido iniciativas embrionarias.
La ciudadanía se moviliza con iniciativas como esta y empieza a ver la naturaleza de otra manera
También en España, donde se han mostrado interesados plataformas de Galicia, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro o Doñana. Asegura que la expansión está aún «en fase de estudio», pero que el flujo de colectivos que la contactan es constante: movimientos sociales que escriben para preguntar si su ecosistema puede iniciar el mismo camino que tomó la laguna.
La profesora subraya que el modelo murciano abrió una vía, aunque no determina la forma jurídica que deben seguir otros territorios. «Facilita el camino, pero no es vinculante», recuerda. Tampoco garantiza que la vía de la Iniciativa Legislativa Popular sea necesaria, como sí ocurrió con el Mar Menor, porque existen otras maneras de promover estas declaraciones siempre que no se politicen. De hecho, insiste en que cuando la propuesta parte de un partido «se arma la batalla», mientras que los procesos ciudadanos, como el murciano, resultan más sólidos y difíciles de derribar.
Para Teresa Vicente, el auge de estas iniciativas refleja un cambio cultural profundo: la ciudadanía comienza a reconocer que ríos, bosques y humedales no son vertederos, sino espacios esenciales para la vida. «Cuando se pone en juego esta figura, la gente se moviliza y empieza a valorar el ecosistema de otra manera», explica.
Y ese impulso es clave ante el deterioro ambiental global: «O tomamos medidas drásticas frente al camino que llevamos, o seguimos avanzando hacia el suicidio».
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