Las presas del Segura entran en revisión: dos años de obras y 12 millones en juego

Las presas de la cuenca del Segura —esas murallas silenciosas que regulan el agua en una de las zonas más sensibles a las sequías del país— están a punto de someterse a un exhaustivo plan de revisión y mejora. El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha una licitación valorada en 12,7 millones de euros para asegurar su mantenimiento, conservación y operación durante los próximos dos años. La iniciativa, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, afecta a un amplio conjunto de embalses repartidos por distintos municipios de la demarcación del Segura.

La Dirección General del Agua ha detallado que los trabajos incluirán actuaciones sobre las presas, los embalses y todas sus instalaciones complementarias. En el anuncio se especifica que los servicios comprenderán “el mantenimiento, conservación y vigilancia de la obra civil, equipos y sistemas complementarios”, además de las “reparación y reforma necesarias” para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de estas infraestructuras estratégicas.

El contrato se ha organizado en tres grandes lotes, una división pensada para agilizar la gestión y adaptar las tareas a las características de cada grupo de embalses.

El primer lote, valorado en 4,76 millones, reúne las presas de El Morrón, La Rambla del Moro, El Judío, El Cárcabo, Alfonso XIII, Argos, La Risca y Moratalla, un conjunto que combina presas de tamaño medio con obras esenciales para la laminación de avenidas.

El segundo, dotado con 4,23 millones, incluye las presas de La Cierva, Los Rodeos, Doña Ana, Pliego, Bayco u Ortigosa, Los Charcos y El Boquerón, infraestructuras que desempeñan un papel clave en el control de crecidas y el abastecimiento de varias zonas agrícolas.

El tercer lote, con un presupuesto de 3,76 millones (sin IVA), engloba las instalaciones de José Bautista Martín, El Paretón, Santomera, Valdeinfierno y Puentes, algunas de ellas consideradas críticas por su capacidad de regulación y su cercanía a áreas densamente pobladas.

El plazo de ejecución será de 24 meses, un periodo en el que se reforzará la vigilancia permanente, se actuará sobre elementos estructurales y se revisarán sistemas automatizados de control. El objetivo, según el propio documento de licitación, es mantener “los niveles de seguridad requeridos” y garantizar la plena operatividad de todas las instalaciones.

Con este contrato, el Gobierno pretende asegurar que cada una de estas barreras de hormigón continúe cumpliendo su doble misión: proteger frente a episodios de lluvias torrenciales y garantizar un uso eficiente del agua en una cuenca marcada históricamente por la escasez y los extremos climáticos.