La Región necesita entre 48 y 56 plantas de biogás para gestionar sus 6 millones de toneladas de residuos

La Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, una cifra que —según los datos expuestos ayer por el presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), Eduardo Piné— exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. Piné, también CEO de Lambert Bioenergy, defendió que este número no responde a una ambición empresarial, sino a una “realidad matemática” derivada de los residuos que ya existen en el entorno. “La Región necesita soluciones locales; no hablamos de traer residuos, sino de gestionar mejor los que ya están aquí”, afirmó.

La intervención tuvo lugar en el Salón de Actos Hermenegildo Lumeras de Castro durante la jornada universitaria 'Biometano y territorio: claves para una transición energética sostenible y participativa en la Región de Murcia', organizada por la Facultad de Química y AHMUR. En ella participaron empresas, asociaciones agrarias, colectivos ecologistas y organizaciones vecinales, precisamente para crear un foro de debate sobre la transición energética vinculada al biometano.

Desde el inicio, Piné insistió en que el principal debate no es si conviene instalar plantas de biometano, sino cómo se están gestionando hoy los residuos que generan agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria. Subrayó que, tal y como está diseñado el marco normativo europeo, el sector primario deberá adoptar soluciones avanzadas de gestión orgánica para poder seguir operando con normalidad. “Son seis millones de toneladas que ya existen y que necesitan un tratamiento mejor que el actual”, recalcó.

Según explicó, cuatro millones de toneladas corresponden al sector ganadero, principalmente estiércoles; 1,5 millones al sector agrícola y el resto a la industria agroalimentaria: conserveras, panificadoras, fábricas de golosinas o cualquier empresa que transforme alimentos. Con estos volúmenes, y aplicando modelos europeos de éxito basados en plantas locales y de cercanía, el cálculo se sitúa en “entre 48 y 56 instalaciones”. Piné recordó que hablar de «40 plantas» sin contexto induce a confusión: “Si queremos plantas pequeñas y locales, hacen falta muchas; si queremos macroplantas, necesitaríamos menos, aunque ese modelo en Europa ya se ha descartado”. Lo que triunfa en Europa, son modelos intermedios, ligados al territorio, de tamaño y funcionalidad similar a las plantas depuradoras de agua.

"Murcia ya es una una planta de biometano gigante, pero sin control", advierte Piné

Un problema que ya existe

El presidente de AHMUR insistió en que la ciudadanía suele percibir estas instalaciones como la llegada de un problema nuevo, cuando —según afirmó— los impactos ya están presentes. Señaló que hoy se almacenan estiércoles al aire libre, se aplican directamente al campo o se queman las podas cuando lo permite la normativa. Todo ello genera emisiones incontroladas de biogás y episodios de malos olores. “Murcia ya es una planta de biometano gigante, solo que funcionando sin control”, dijo.

Para ilustrar el cambio de paradigma, comparó la situación con la evolución de las depuradoras municipales. Recordó que hace décadas los municipios vertían aguas residuales directamente a cauces, algo hoy impensable. “Nadie discute que una población tenga su depuradora; pues con los residuos orgánicos pasará exactamente lo mismo”, subrayó. A su juicio, el rechazo inicial es comprensible, pero debe apoyarse en información rigurosa y en ejemplos reales.

La referencia europea

Piné insistió en que Europa ofrece un modelo probado sobre el que apoyarse. Existen más de 20.000 plantas de biogás, con cerca de 2.000 de biometano modernas, la mayoría con buenos resultados ambientales y de integración territorial. Francia supera las 600 instalaciones y crece a un ritmo superior a las cien por año. España, en cambio, tiene 21 (6 creadas este año) y en la Región de Murcia sólo 2 ya operativas, en Los Alcázares y Lorca.

El dirigente subrayó que la ventaja de llegar tarde es poder aprender de los modelos que no funcionaron: las plantas excesivamente grandes o las demasiado pequeñas vinculadas a explotaciones individuales. El modelo óptimo —dijo— son plantas de proximidad, vinculadas al territorio y similares en concepto a una depuradora de aguas urbanas. “En Polonia, por ejemplo, las nuevas plantas se ubican junto a las depuradoras. Funcionan de manera impecable”, añadió.

Existen 20.000 plantas de biogás en Europa, Francia tiene 600 y España sólo 21

El ponente recordó que las nuevas normativas europeas —la estrategia 'De la granja a la mesa', la ley de gestión de residuos y la ley de nutrición sostenible de suelos— obligarán al sector primario a evolucionar. Estas leyes controlan qué puede aplicarse como abono, cómo deben gestionarse los residuos orgánicos y los límites al vertido o a las quemas agrícolas. “O adoptamos estas soluciones o tendrá que desaparecer parte del sector”, advirtió.

Desde su punto de vista, mantener la actividad agrícola y ganadera es un elemento de seguridad estratégica para España. “Si la independencia energética es importante, imaginemos la alimentaria”, expresó.

El impacto económico real

En el plano económico, Piné afirmó que el debate no debe reducirse al empleo directo que genera cada instalación. Explicó que una planta puede necesitar entre una decena y una veintena de trabajadores, pero el verdadero impacto se mide en la cadena productiva que depende de ella. Para las 50 plantas estimadas, el empleo directo sería de unos 600 puestos y el indirecto rondaría los 1.100, sin contar el mantenimiento de la actividad primaria y de la industria agroalimentaria asociada.

“No se trata de si un promotor obtiene beneficios, sino de garantizar que agricultores, ganaderos y empresas de transformación puedan seguir existiendo en la Región”, señaló. Del mismo modo que una depuradora permite la expansión urbana, una planta de biometano —indicó— permite que el territorio mantenga su producción sin incumplir las leyes ambientales.

El presidente de AHMUR concluyó apelando a la corresponsabilidad de promotores, administraciones y grupos políticos. Insistió en que el debate debe basarse en datos reales, no en suposiciones o temores. La jornada universitaria —en la que participaron asociaciones agrarias como Asaja, colectivos ecologistas y entidades vecinales— buscó precisamente ese espacio de diálogo informado. Piné agradeció esa presencia porque, según dijo, “la única forma de avanzar es entender que el problema ya está aquí y que la alternativa es gestionarlo mejor”.