Ecologistas y vecinos reclaman planificación y límites ante el despliegue de plantas de biometano

La mesa redonda celebrada ayer en la jornada universitaria sobre biometano y territorio permitió escuchar las voces críticas del ecologismo y de los colectivos ciudadanos, que pidieron un modelo de implantación basado en la planificación pública y no únicamente en intereses privados. Aunque la sesión contó también con la participación de expertos del ámbito académico y empresarial —como Antonia Baeza (UMU), Antonio Illescas (Enagás Renovable) y Félix Navarro (Asaja)— fueron las intervenciones de Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, y de Nuria Velázquez, representante de la plataforma Stop Biogás Región de Murcia, las que más alertaron sobre un despliegue acelerado y sin criterios territoriales claros.

Desde Ecologistas en Acción, su portavoz, Pedro Luengo, advirtió de que el debate no puede plantearse “en blanco o negro”, sino situarse en una escala intermedia donde importe tanto la tecnología como el modo en que se aplica. Recordó que la región acumula un grave problema de purines, y que estos vienen de un sector que ha crecido de una forma desproporcionada, orientado en gran parte a la exportación.

Para la organización, abordar únicamente la fase final del residuo sin analizar su origen supone “parchear”, en lugar de corregir una dinámica productiva que genera impactos climáticos y territoriales. Luengo también alertó sobre los riesgos asociados a contaminantes presentes en residuos orgánicos, como metales pesados o compuestos químicos empleados en la industria agroalimentaria, que podrían afectar a acuíferos ya muy deteriorados.

El biometano es más un problema que una solución", advierte Nuria Velázquez.

Desde el ámbito vecinal, Nuria Velázquez se mostró más contundente. Aseguró que para los colectivos ciudadanos “el biometano es un problema”, no por la tecnología en sí, sino por la forma en la que —dijo— se están autorizando los proyectos en la Región. Según denunció, el despliegue actual no responde a una planificación pública rigurosa, sino a iniciativas privadas que presentan estudios fragmentados, sin evaluar los efectos acumulativos ni la capacidad real de los territorios.

“Si de verdad se quisiera dar solución a los biorresiduos existentes, deberíamos empezar por un estudio correcto de campo”, aseguró. Velázquez señaló varios ejemplos para ilustrar lo que considera un modelo incoherente. En San Javier, explicó, se proyecta una planta de más de 165.000 toneladas anuales pese a que el municipio carece de macrogranjas de cerdo y pese a que albergará un centro público de gestión de biorresiduos de 20.000 toneladas que prestará servicio a seis localidades. También mencionó el caso de Fuente Álamo, donde —según detalló— en una franja de 14 kilómetros se concentran cuatro proyectos, uno de ellos superior a los dos millones de toneladas.

La representante de Stop Biogás alertó de que la desmesura con estos proyectos provoca un efecto indeseado: la necesidad de “generar o potenciar” más residuos para garantizar la rentabilidad de las plantas. A su juicio, esto convierte una solución ambiental en un nuevo problema inserto en un círculo vicioso. Además, denunció que la ciudadanía no participa en las decisiones, puesto que no se les consulta hasta la fase final de información pública, cuando los proyectos ya están definidos. “No nos queda otra que oponernos”, afirmó, porque es la única vía para frenar iniciativas que, en su opinión, implican un impacto grave sobre los territorios.