Rechazan la subida salarial de un 10% en cuatro años para casi 80.000 funcionarios de la Región de Murcia

No es suficiente; a la tercera tampoco fue la vencida. Los sindicatos rechazaron este miércoles la propuesta planteada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de subirle el sueldo un 10% a los funcionarios del país en cuatro años, entre 2025 y 2028. En la Región de Murcia se verían beneficiados casi 80.000 empleados públicos tanto de la Administración General del Estado como aquellos que trabajan para la Comunidad y los diferentes ayuntamientos murcianos.

Comisiones Obreras, UGT y CSIF rechazaron la oferta del Gobierno por la que no se podría superar el 4% para este año y el próximo -con el objetivo de no sobrepasar el techo de gasto-. En cambio, durante los ejercicios de 2027 y 2028 se podría asumir esa subida del 6%, tal y como planteó este miércoles la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez-.

Desde el Ministerio saben que no hay tiempo que perder, ya que, si la situación no se desbloquea, los sindicatos amenazan con convocar una huelga general el próximo mes de noviembre de empleados públicos.

Vuelven a sentarse este jueves para negociar tras la amenaza de huelga general en diciembre

Tanto es así que, apenas 24 horas después de esta reunión, este jueves al mediodía estarán llamados a sentarse de nuevo Ministerio y representantes de las organizaciones sindicales para volver a negociar esta subida salarial, que tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2025.

En concreto, la medida favorecería en la Región de Murcia a los 60.000 funcionarios de Función Pública (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales...), a los alrededor de 3.200 que están en oficinas de la Administración General del Estado (AGE) y a los cerca de 14.000 dependientes de los ayuntamientos y administraciones locales. A nivel nacional, más de tres millones de empleados públicos están pendientes de esta subida progresiva de dinero en sus nóminas.

"Espectadores de una negociación que acabaremos pagando"

Tampoco es ajena a esta subida salarial la Comunidad, que tendría que hacer frente al pago de sus empleados públicos según lo que se llegue a pactar en Madrid: "Nos encontramos una vez más en una situación en la que las comunidades autónomas asistimos como espectadores a una negociación que acabaremos pagando", criticó el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

El consejero recordó que "el coste de esas subidas salariales va a recaer directamente sobre las espaldas de las comunidades autónomas", y en el caso de la Región de Murcia todos sabemos ya que somos la comunidad peor financiada de toda España.

Por eso, indicó Marín, exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "antes de pactar ninguna subida salarial garantice a las comunidades que va a enviar los recursos correspondientes para poder hacerla efectiva sin asfixiar aún más a las comunidades infrafinanciadas".

"El coste va a recaer directamente sobre las espaldas de las comunidades", alerta Marín

El responsable de la cartera de Hacienda en la Región señaló que el sistema de financiación autonómica no da los recursos suficientes para sostener el Estado del Bienestar, mientras que "el presidente Sánchez se dedica a prometer más gasto a nuestra costa sin que tengamos ninguna certeza sobre una supuesta reforma del modelo de financiación que no ofrece ninguna credibilidad".

Además, apuntó que las comunidades van a tener que elaborar sus presupuestos regionales de 2026 "sin saber el impacto que va a tener esa subida que se está negociando tarde y mal".

La "torpeza" del Gobierno de Pedro Sánchez llega a que "se negocie esta subida cuando el año casi ha terminado, y corremos un alto riesgo de tener que desplazar el pago al año siguiente con efectos retroactivos", concluyó Marín.

Del "todo inaceptable" al "insulto"

En clave nacional, CSIF entiende que esta primera oferta del Gobierno "no cubriría" la subida de los precios, pues hasta octubre de este año la inflación interanual era del 3,1%. "Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar", insistieron desde CSIF, que añadieron que, por responsabilidad, seguirá negociando con el Gobierno.

"Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%", defendieron desde el sindicato de Miguel Borra, a la vez que recordaron que el Gobierno "está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto hay margen para elevar la oferta".

Por su parte, desde CCOO calificaron del "todo inaceptable" la propuesta del Gobierno porque entienden que supone un "insulto" para los empleados públicos. El sindicato afirmó que sólo aceptará una propuesta salarial que implique la recuperación del poder adquisitivo y ha amenazado con retomar la convocatoria de una huelga general en diciembre "si no hay una propuesta económica justa".

"El Gobierno presume de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea, ha modificado al alza su previsión de un 2,7% a un 2,9% para este año, mientras propone continuar con la política de contención salarial para el personal de las Administraciones Públicas, con un repunte preocupante de la inflación, a la vez que olvida que los empleados públicos de este país continúan por debajo del promedio de la Unión Europea", denunció CCOO.

"No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero", advierten

Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, indicó que el porcentaje ofrecido por el Gobierno "complica la negociación" y avisó de que para el sindicato el acuerdo plurianual debe "garantizar el poder adquisitivo". "No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero", advirtió.

Desde UGT señalaron que harán "números" y esperarán a ver cómo discurre la nueva mesa de negociación convocada para mañana por el Gobierno a mediodía. "Imagino que el Gobierno, con lo que le hemos dicho, que no nos vale ni el 4% ni el 10%, se irá a hacer números", añadió.

Por último, desde el Ministerio que dirige Óscar López aseguraron que estudiarán los planteamientos de las organizaciones sindicales.

En las anteriores reuniones entre ambas partes se ha avanzado en el bloque del empleo público, como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación, y unas condiciones de trabajo "dignas, seguras y saludables", según el Ministerio.

Un incremento del 10% en el pacto anterior

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.