La Asamblea reclama un plan de choque para la dependencia que reduzca la espera a 180 días

La Asamblea Regional aprobó este miércoles una moción de Podemos-IU, con el único voto en contra del PP para que la Consejería de Política Social elabore un plan de choque "urgente" que reduzca el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación, como mínimo hasta los 180 días máximos que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, pide que incluyan en el Presupuesto de la Comunidad las partidas necesarias para llevar a cabo el mencionado Plan de Choque.

Para María Marín, portavoz del grupo proponente, se trataba de "una deuda, sobre todo, con las personas mayores que, después de luchar toda la vida necesitan ese auxilio". El diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, declaraba que la aprobación de esta propuesta supondrá "un recuerdo diario para López Miras", que, según él, "se acordará todos los días de que tiene una deuda pendiente con los mayores de la Región de Murcia".

En la actualidad, la lista de espera para la dependencia alcanza los 563 días. En su moción, Podemos muestra su preocupación porque, en los tres últimos ejercicios, desde enero de 2023, el tiempo medio de demora ha crecido de manera constante hasta alcanzar una diferencia, según el último dato de agosto de 2025, de 76 días más, pasando de 486 a 562, y creciendo notablemente en los ocho primeros meses de 2025 con un incremento de 42 días.

Cada día de retraso esupone que tres murcianos fallezcan sin recibir la prestación, recuerda Vox

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se añadió un punto a la moción para elaborar "con celeridad" una estrategia para reducir la lista de espera que ya fue aprobada por el Parlamento autonómico en sesión plenaria el pasado 1 de abril. La diputada Toñi Abenza acusó al Gobierno regional de haberse "acostumbrado a incumplir la Ley de Dependencia" y a "mirar hacia otro lado".

Vox destacó que cada día de retraso en la dependencia supone que tres ciudadanos de la Región fallezcan sin recibir la prestación que necesitaban. La diputada María José Ruiz dijo que es "es inaceptable" y acusó al PP de "mantener a miles de familias en un limbo administrativo, con expedientes bloqueados y un sistema incapaz de responder".

El diputado del Partido Popular Miguel Ángel Miralles dijo que es "imposible" cumplir con los plazos legales (180 días como máximo) por la falta de financiación estatal, administración al que le corresponde el 50%. El dirigente del PP llamó "desastre" a la gestión de la dependencia del Gobierno de Sánchez y destacó que solo este año "dejaron de financiarnos con 77 millones de euros".

El PP bloquea la moción de Atención Primaria

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez Jódar, no consiguió sacar adelante una moción que recoge los doce puntos del Manifiesto en Defensa de la Atención Primaria al contar con el voto en contra del PP.

El PSOE solicita más recursos y aumentar la eficiencia de la Atención Primaria, eliminando las listas de espera y garantizando la atención no urgente en un máximo de 72 horas, para atender adecuadamente a la población desde los centros de salud. "Es inadmisible que el PP, único responsable de la gestión de la sanidad pública en la Región de Murcia, condene al 40% de la población de esta tierra a que tenga que esperar más de una semana para una primera cita con su médico de cabecera. Esto no se puede consentir", manifestó la diputada socialista.

Desde el Grupo Popular, el diputado Antonio Martínez Pastor señaló que el principal problema de la Atención Primaria es la falta de una "planificación rigurosa de los recursos humanos: de los médicos de familia y pediatras que se necesitan". El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la jubilación de una generación de profesionales ha provocado un déficit de sanitarios, explicó. Asimismo, "se necesita una financiación estable y en condiciones de equidad", añadió.

Tumbadas dos iniciativas de Vox

Tampoco vio la luz la primera moción del pleno, en la que Vox pedía al Gobierno de la nación medidas con relación al coste de la inmigración masiva. En un tono muy crítico con el bipartidismo, Virginia Martínez aseguró que "abrir las puertas a la inmigración ilegal no es solidaridad, es el negocio del siglo para las mafias del tráfico de personas, para las oenegés y para todos aquellos que se lucran con la miseria y la necesidad". Es más, llegó a decir que "es el juego macabro del Partido Socialista por conseguir unos míseros votos, sin importar las muertes en el Mediterráneo, sin importar las violaciones, los machetazos o los asesinatos que tengamos que sufrir los ciudadanos, sin importar los ancianos apaleados o arrastrados por el suelo".

PP y Vox están convirtiendo la Región en laboratorio de mensajes de odio y xenofobia

Lola Jara

— Diputada GPS Asamblea

Nadie más allá de Vox apoyó esta iniciativa, pero sí que consiguió encender los ánimos de la izquierda. "Me da muchísimo pavor ver cómo la señora Martínez muestra sin problema sus tremendos sentimientos fascistas y sus mentiras hacia la población migrante", manifestó María Marín, portavoz de Podemos. Lola Jara, desde el Grupo Socialista, dijo que "lo único que pretenden PP y Vox es criminalizar a las personas migrantes", y les acusó de estar convirtiendo la Región "en laboratorio de mensajes de odio y xenofobia".

Por último, tampoco salió adelante una moción de los de Abascal sobre medidas para favorecer el acceso a la vivienda, basada, principalmente, en la rebaja de distintos impuestos. El portavoz adjunto del grupo, Rubén Martínez Alpañez, aprovechó su intervención para criticar el modelo de Vivienda Asequible que defiende el Gobierno regional. "El PP llama vivienda asequible a tener que pagar 56.901 euros de entrada con sueldos de 18.333 euros al año. Eso significa tres años sin comer, sin moverse y sin comprar ni un chicle", dijo.