El Constitucional frena la ley de la Asamblea Regional que suprimía las subvenciones a sindicatos y Croem

El Tribunal Constitucional frena la ley aprobada en la Asamblea Regional que suprimía las subvenciones obligatorias a sindicatos y la patronal Croem y la deja paralizada de forma cautelar después de que haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España.

La Corte admitió este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la modificación de la Ley de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. Este recurso se suma al ya admitido previamente por el Constitucional y presentado por el PSOE y Coalición Sumar.

De esta forma, el TC, a petición del Gobierno central, "suspende la vigencia y la aplicación de la norma recurrida" desde la fecha de interposición del recurso -el pasado 29 de octubre- para las partes del procesos y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La modificación de la norma fue aprobada el pasado mes de junio a través de una proposición de ley en el Parlamento autonómico con los votos de PP y Vox para eliminar las ayudas de forma directa y obligatoria a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Murcia.

La modificación de la norma era una de las 'líneas rojas' de Vox para apoyar los Presupuestos regionales

Cabe recordar que el Gobierno fundamentó su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral. La propia portavoz del Estado, la ministra Pilar Alegría, anunció que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Ejecutivo de Fernando López Miras rechazara dar marcha atrás a su modificación de la ley.

Cambiar la Ley de Participación Institucional era una de las 'líneas rojas' marcadas por Vox en la Región para apoyar los Presupuestos regionales del PP y el Gobierno murciano de Fernando López Miras para este año. Además, esta misma medida también estaba contemplada en el acuerdo de investidura en 2023 por el que PP y Vox conformarían el Gobierno murciano de coalición con Miras como presidente y José Ángel Antelo (Vox) como vicepresidente.

El propio Antelo celebraba tras su aprobación que suponía "el primer paso para erradicar el gasto superfluo y devolver el dinero a los ciudadanos", asegurando que se acababa así "la financiación obligatoria a los chiringuitos sindicales".

Con la modificación, la participación institucional pasaría a ser completamente gratuita. Los sindicatos y la patronal deberán asumir con sus propios recursos los gastos derivados de acudir a comisiones y mesas de diálogo.

Además, la reforma elimina del presupuesto regional las partidas nominativas destinadas a estas organizaciones. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024 de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social la cuantía suprimida asciende a 835.955 euros anuales, lo que representa apenas el 0,01 % del presupuesto total de la Comunidad Autónoma (7.708 millones de euros).¡

Trascendencia nacional

Una vez que la Asamblea Regional sacó adelante la propuesta de PP y Vox -a la que se opusieron PSOE y Podemos-IU-, el asunto escaló en clave nacional hasta llegar a Madrid. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, denunciaba que la ley pretendía "deshacerse" de las organizaciones sindicales más representativas "afirmando barbaridades" como que "incurren en el clientelismo político".

Yolanda Díaz denunció que PP y Vox pretendían "deshacerse" de las organizaciones sindicales más representativas

La amenaza de Díaz se cumplió y llevó la reforma de la norma al Constitucional. Mientras tanto, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, pedía al Ejecutivo central como al PSOE que respetasen "la autonomía de la Asamblea" tras dar luz verde a la modificación de la ley.

Díaz denunció que la "extrema derecha" en España, "que lidera Feijóo pero que se llama Vox", quería eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical -el artículo 6 y el artículo 7- para acabar con lo que, según ellos, es el "monopolio de los sindicatos subvencionados".

Las consecuencias de la modificación

Con la modificación regional, las subvenciones no se destinarían a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal y como recoge la legislación, y se distribuirían mediante concursos específicos contraviniendo la normativa española.

En la práctica, según denuncia Trabajo, elimina la financiación, impide el ejercicio del derecho de sindicación y abre la puerta a otorgar ayudas económicas a organizaciones empresariales y sindicales sin representatividad ya que se basarían en "necesidades concretas" establecidas en cada caso.

Además, para Trabajo "contraviene" a la Constitución porque "viola" el derecho de libertad sindical negando a los murcianos su derecho de participación institucional en los mismos términos que en el resto del Estado y afecta a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación.

Vox no se achanta: "Tendrán que vivir de sus afiliados"

No tardó en reacionar Vox en la Región de Murcia a través de su líder, José Ángel Antelo, y aseguró que "de una manera o de otra, acabaremos con todas las subvenciones tanto a sindicatos como a la patronal, y tendrán que vivir de sus afiliados, al igual que los partidos políticos".

Antelo cargó contra PSOE y PP tras conocer la decisión del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido: "Se han repartido los jueces del Tribunal Constitucional como si fueran cromos y Conde-Pumpido es una persona que ha dicho públicamente que, mientras él esté, Vox no va a ganar ningún recurso", denunció.

Decisión "muy positiva" para CC OO y UGT

Desde los sindicatos mayoritarios en la Región de Murcia, Comisiones Obreras y UGT, celebraron la decisión del Constitucional: desde antes de la aprobación de la normativa en la Asamblea advertían que ese cambio era anticonstitucional.

Las secretarias generales de UGT y CC OO en la Región de Murcia, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes respectivamente, valoraron este miércoles esta decisión del TC como "muy positiva", y aunque quieren ser prudentes hasta que se celebre el juicio, creen que "es un primer paso para recuperar la Ley de Participación Institucional regional que nunca se tendría que haber tocado, y menos por intereses partidistas". Asimismo, aseguran que "seguirán luchando por no perder ningún derecho de la clase trabajadora conseguidos en estos 50 años de democracia".

"Seguiremos luchando por no perder ningún derecho de la clase trabajadora", dicen Sánchez y Fuentes

Ambas entienden la decisión judicial como "un golpe a las políticas que atacan los derechos laborales y sindicales" de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y exigen que, a partir de ahora, las políticas desde el Ejecutivo regional tomen en cuenta esta decisión.

"Esta modificación atentaba contra los derechos de unos trabajadores tan ninguneados en una región que tiene unos salarios muy por debajo de la media española. En una comunidad donde hay que estar luchando constantemente por la salud laboral y la prevención de riesgos laborales", añadía también Paqui Sánchez.

Por su parte, el presidente de la Croem, Miguel López Abad, siempre ha sido crítico con la propuesta de Vox y PP, asegurando que los empresarios no son "moneda de cambio" y que la Constitución Española reconocía y regulaba "en sus artículos 7, 36 y 129 el papel fundamental de las patronales y sindicatos en el diálogo social".

Una labor, dijo en junio el propio López Abad, que tenía un coste y recortarla podría vulnerar un derecho constitucional; sin embargo, el presidente de la Croem ha defendido en todo momento que este recorte no pondría en riesgo la viabilidad de la patronal, ya que el 75% de los ingresos de la entidad proceden de fondos propios.