El PP asegura que el cierre de los acuíferos en 2027 supondrá pérdidas de 680 millones y de 22.000 empleos en la Región

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una moción, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Ejecutivo nacional la paralización de las medidas destinadas a reducir las extracciones en los acuíferos declarados en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo para el año 2027. La propuesta, que recibió el apoyo de todos los grupos excepto el Mixto (Podemos), busca una moratoria hasta el año 2033 para el cierre de los pozos.

El texto de la moción, que fue aprobado con un punto rectificado a propuesta de Vox, pide al Consejo de Gobierno que, en el marco del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2027-2033), reitere y refuerce las alegaciones formuladas previamente. Estas alegaciones se centran en la necesidad de avanzar en la interconexión de cuencas como garantía de seguridad hídrica, la mejora de la gestión de las masas de agua subterránea compartidas y la aplicación de las excepciones previstas en la normativa vigente para evitar reducciones que el PP considera injustificadas, especialmente en zonas donde la agricultura es un pilar socioeconómico.

Consecuencias Económicas y Legales

El diputado popular Jesús Cano fue el encargado de defender la moción, alertando sobre las graves consecuencias económicas que, a su juicio, tendría el cierre de los acuíferos sobreexplotados en 2027. Citando un estudio de la Universidad de Alicante, Cano advirtió que la medida supondría unas pérdidas de 680 millones de euros y la destrucción de 22.500 empleos directos en la Región. El diputado remarcó que "los datos son estremecedores", citando también la afección a 40.720 hectáreas de regadío y pérdidas patrimoniales que superarían los 2.000 millones de euros. En este sentido, denunció que en la zona del Altiplano "o se paraliza este atropello o están muertos".

Cano solicitó al Gobierno de España que "actúe y garantice la seguridad hídrica y el desarrollo económico del campo", y criticó que "no se puede dejar a los regantes de la Región de Murcia sin alternativas". Exigió que se cumpla la Ley, recordando que la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea contempla mecanismos para aplicar una moratoria y evitar un daño que la propia UE calificaría como "desproporcionado". El diputado destacó que la normativa no obliga a cerrar explotaciones sin alternativas ni a aplicar objetivos medioambientales cuando esto provoca un daño desmesurado.