"López Miras solo ha construido 5 de las 566 viviendas asequibles comprometidas"

La guerra política por la falta de vivienda en la Región de Murcia se recrudece. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cargó este viernes contra el Gobierno de la Región de Murcia de forma muy dura debido a la "mínima" ejecución de los fondos europeos destinados a la construcción de vivienda pública asequible, y reclamó mayor compromiso autonómico para afrontar “el principal problema del país”.

Lo hizo durante su intervención en el Foro Europeo Vivienda 'El reto de la vivienda en la Región de Murcia, respuestas desde Europa', organizado por el Parlamento europeo y La Opinión: Rodríguez denunció que la Comunidad está a la cola en la ejecución de los fondos concedidos a las comunidades.

"De las 566 viviendas previstas y que deberían estar listas para junio de 2026 para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, solo se han construido 5", aseguró. Este hecho, sostuvo, "no ha ocurrido en ninguna otra comunidad". Y ahora, en pleno debate sobre una Ley de Vivienda regional que no han hablado con nadie, deberían atender primero a los recursos que tienen. No pidan más recursos cuando son incapaces de ejecutar los que ya tienen".

Así, la titular de la cartera de la vivienda advirtió que, con este panorama, el Gobierno murciano de Fernando López Miras tendría que devolver los fondos transferidos al no haberlos ejecutado.

Además, según la ministra, unas 1.200 personas de la Región de Murcia se verían afectadas al quedarse sin poder habitar esas viviendas que estaban proyectadas. "Es para hacérselo mirar. No se puede pedir más recursos cuando se es incapaz de ejecutar los que ya se tienen", dijo durante su intervención. No obstante, Rodríguez cree que el Gobierno popular murciano todavía tiene tiempo para tratar de "reconducir la situación".

"No se puede pedir más recursos cuando se es incapaz de ejecutar los que ya se tienen"

Isabel Rodríguez

— Ministra de Vivienda

"Hay esperanza. Cuando todas las administraciones públicas trabajamos en la misma dirección, cuando somos capaces de poner de acuerdo a las constructoras y promotoras con los sindicatos de trabajadores, cuando conciliamos y presentamos en la misma mesa a la banca y a la plataforma antidesahucios, cuando atendemos a los movimientos sociales que luchan por el derecho a la vivienda y somos capaces de llegar a acuerdos... En definitiva, cuando este país se propone solucionar problemas es capaz de conseguirlo", resaltó la ministra.

Blindaje frente a posibles privatizaciones

La ministra defendió la necesidad de que las viviendas promovidas con dinero público queden protegidas de forma permanente, evitando que, como ocurrió en décadas anteriores, se privaticen.

Recordó que durante décadas en el país se construyeron 2,5 millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que, de haberse conservado, España “no tendría el problema que padece hoy” y estaría “en niveles similares a los europeos”.

"Aprendamos de los errores. Por eso pedimos blindar este esfuerzo: que las viviendas públicas no se puedan vender a precio de mercado ni regalar a fondos buitre", dijo.

“Planteo a las comunidades que lo que se construya con dinero público sea para el interés general y se blinde, igual que hospitales y escuelas. Solo así podremos poner fin a esta crisis”, subrayó Rodríguez.

Asimismo insistió en que si todas las administraciones coinciden en que la vivienda es una urgencia social, deben acompañarlo con recursos y gestión. Respecto a nuevo Plan Estatal de Vivienda que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2026 y 2030 y que contempla tripicar los fondos destinados hasta los 7.000 millones de euros, la ministra recordó que el Estado pondría un 60% y las comunidades un 40%.

"Del presupuesto de 6.600 millones de la Región, solo destinarían 20 millones a vivienda. Tampoco parece que estemos pidiendo demasiado", dijo irónicamente.

Rodríguez también reclamó una colaboración más estrecha entre administraciones en el intercambio de datos referentes a la Vivienda. Su propuesta pasa por un censo estatal de vivienda, que permita conocer con precisión la demanda en cada territorio: si los ciudadanos piden compra o alquiler o si necesitan viviendas unipersonales o familiares, entre otras.

Un nuevo parque público, regulación y ayudas

La titular de Vivienda a nivel estatal también hizo balance de la gestión que ha hecho Pedro Sánchez y sus Ejecutivos desde que llegase a Moncloa: "Este Gobierno multiplicó por ocho los presupuestos que nos encontramos del anterior del PP destinados a la vivienda. Entonces eran unos 50 millones de euros; y hoy superan los 3.500 millones. Y aun así no nos conformamos", defendió.

El primer objetivo del Gobierno es, insistió, conformar un parque público de vivienda "con estándares europeos, porque solo así podemos garantizar el acceso y la asequibilidad a la clase media, a las familias y especialmente a la juventud".

El segundo pasaría por "poner un torniquete" y regular los precios del alquiler a la espera de que sea realidad ese parque público: "La Ley de Vivienda nos permite detectar dónde se producen situaciones de mayor injusticia social o económica, zonas donde una persona tiene que dedicar el 60, 70, 80 o incluso el 100% de su salario a pagar el alquiler. Ante esa urgencia, las administraciones no podemos mirar hacia otro lado. La ley nos permite utilizar todos los instrumentos para revertir esa situación.

Declarar áreas tensionadas, apuntó Rodríguez, permite actuar con mayor urgencia. "Por ejemplo, acompañando a propietarios que decidan bajar el precio del alquiler: si un propietario reduce un 5% un alquiler de 800 euros al mes, su inquilino se ahorraría 450 euros al año. Y ese propietario podría bonificarse hasta el 90% del rendimiento del alquiler en su declaración. Parece sensato: todos ganamos. Eso es declarar zonas tensionadas".

El Ejecutivo quiere priorizar las ayudas donde más falta hace vivienda para construir parque asequible

Rodríguez adelantó que con el nuevo Plan Estatal de Vivienda al que quiere dar luz verde se priorizarán las ayudas donde más falta hace vivienda para construir parque asequible: "Si una vivienda industrializada se construye en zona sin emergencia, la ayuda será de 4.000 euros; si está en zona tensionada, podrá alcanzar 8.500 euros".

Además, especificó que si en esa ciudad hay suelo público, no se venderá: la empresa pública de vivienda construirá vivienda asequible para familias y jóvenes. "También estamos actuando para evitar que bloques enteros se conviertan en alojamientos turísticos -muchos de ellos ilegales- regulando la ley y aplicando el reglamento europeo de alquileres de corta duración, siendo España el primer país en hacerlo.

A la espera de vigilar esa contención de los precios y de la construcción del parque público de vivienda, la ministra abogó por ofrecer ayudas a quienes estén en peor situación ("jóvenes, familias que viven en viviendas deterioradas o personas vulnerables"). En este sentido, recordó que el Ejecutivo destinó más de 3.500 millones de euros a rehabilitar barrios y viviendas para dotarlas de más dignidad.