Barrachina: “Se envían más de 6.000 hm³ a Portugal al año y aquí nos recortan el agua”

El consejero valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, denunció este viernes en Murcia lo que considera un “despropósito” en la gestión de los envíos de agua hacia Portugal, asegurando que el Gobierno de España está transfiriendo al país vecino más caudal del pactado en el Convenio de Albufeira. Según sus afirmaciones, esa sobreentrega se estaría produciendo mientras en el Levante se imponen restricciones y recortes al trasvase Tajo-Segura.

Barrachina señaló que el acuerdo internacional fija una entrega anual de 2.400 hectómetros cúbicos, pero que el caudal real enviado “supera los 6.000”, una cifra que, según sostuvo, duplica con creces las obligaciones del tratado. El consejero valenciano consideró que esta situación representa una incoherencia política y técnica: “Se está aportando a Portugal un volumen que no han pedido y que no necesitan, mientras aquí se nos exige justificar hasta el último vaso de agua”, afirmó.

"No saben qué hacer con tanta agua en el Atlántico", advierte Barrachina

El responsable autonómico insistió en que esta gestión genera incluso problemas en el país luso. Según explicó, las autoridades portuguesas habrían trasladado al Gobierno español la necesidad de ser avisadas cuando se produzcan liberaciones extraordinarias, debido al riesgo de inundaciones en determinados puntos del cauce. “No saben qué hacer con tanto agua en el Atlántico”, ironizó Barrachina, quien sostuvo que estos episodios muestran que la situación no responde a criterios ambientales reales, sino a decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo central.

El consejero valenciano criticó que mientras en el Levante se aplican restricciones basadas en caudales “políticamente decididos”, en la cuenca del Tajo se producen liberaciones masivas que no se ajustan —dijo— a una planificación coherente. A su juicio, estas decisiones comprometen el futuro de la agricultura de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, territorios que dependen en gran medida del trasvase.

Barrachina enmarcó estos hechos en una estrategia gubernamental que, según él, prioriza criterios ideológicos frente a las necesidades reales del territorio. Reclamó transparencia en la gestión del agua y exigió que se expliquen públicamente los motivos de estas entregas extraordinarias.

Por otra parte, Miguel Barrachina advirtió de que los cambios planteados y los previsibles recortes no solo ponen en riesgo a la agricultura del Levante, sino que generan "un triple daño ecológico”. Explicó que se podrían talar hasta 10 millones de árboles, lo que afectaría a la capacidad de depuración de la atmósfera y eliminaría un sumidero de 1,2 millones de toneladas de CO₂. Además, cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar obliga a recurrir a desalación y bombeos eléctricos “mucho más intensivos energéticamente”, incrementando así las emisiones y el coste ambiental y económico para toda la ciudadanía.