La economía sumergida, una lacra contra la que luchará la Región

La economía sumergida, esa parte invisible pero persistente de la actividad económica que escapa al control fiscal y laboral, sigue siendo uno de los grandes desafíos de la Región de Murcia. Aunque su peso ha descendido en los últimos años, continúa representando un 17,4% del Producto Interior Bruto regional, unos 6.900 millones de euros, una cifra que supera incluso el presupuesto anual de la Comunidad Autónoma -de 6.755 millones de euros-. Ante esta realidad, el Gobierno regional está ultimando una estrategia integral para reducirla en tres puntos porcentuales, hasta situarla en el 14,4% del PIB.

Así lo anunció la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la mesa redonda ‘La economía sumergida en la Región de Murcia. Retos, impacto y soluciones’ , celebrada este miércoles en las instalaciones de La Opinión. El encuentro, moderado por el periodista José Antonio Sánchez, reunió a representantes empresariales y del ámbito laboral para analizar las causas, consecuencias y posibles soluciones de un fenómeno que erosiona la competitividad empresarial, merma la recaudación pública y priva de derechos a miles de trabajadores.

Mesa de Exepertos "La Economía Sumergida en la Región de Murcia" (Resumen 1)

Tres ejes y un objetivo

López Aragón expuso que la economía sumergida no solo afecta a la recaudación y al funcionamiento del mercado, sino que también genera «competencia desleal» entre empresas y vulnerabilidad laboral entre quienes trabajan fuera de la legalidad. «Tiene una incidencia muy grave para los derechos de los trabajadores, por la falta de cotización, de prestaciones y de prevención de riesgos laborales», advirtió.

La estrategia que el Ejecutivo regional prevé presentar a comienzos del próximo año se apoya en tres grandes ejes. El primero será la sensibilización y la concienciación ciudadana. «Hace falta mucha formación fiscal y laboral, y acabar con esa cultura de tolerancia que existe hacia la economía sumergida», subrayó la consejera. Pagar sin factura o aceptar parte del salario fuera de la nómina «no puede estar bien visto por los empresarios».

«Aplicaremos medidas específicas para los sectores más afectados»

Marisa López Aragón

— Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

El segundo eje estará enfocado en los sectores con mayor incidencia de economía sumergida, con medidas específicas para cada uno de ellos. Según López Aragón, la hostelería, el servicio doméstico y los servicios personales -como arreglos ‘express’ en casas- son los más afectados, seguidos por el comercio y la agricultura. En el extremo opuesto, la industria y el transporte son los sectores con mayor grado de cumplimiento.

En la construcción, apuntó la consejera, la situación es más cambiante. «Los trabajadores suelen estar dados de alta, pero aún se mantienen prácticas como pagar parte del salario fuera de nómina o no disfrutar de vacaciones», señaló.

El Gobierno regional prevé acciones específicas de sensibilización y control en cada uno de estos sectores, en colaboración con patronales, sindicatos y asociaciones profesionales.

El tercer pilar de la estrategia será el de la disuasión y el control, que «exigirá una estrecha coordinación entre administraciones». «Hay que reforzar las inspecciones y mejorar la interoperabilidad de las plataformas entre el Estado, la comunidad y los ayuntamientos», señaló. En ese sentido, destacó el programa Ariadna, que permite una comunicación más ágil entre la Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo regional para tramitar y resolver expedientes con mayor rapidez.

Mesa de Exepertos "La Economía Sumergida en la Región de Murcia" (Resumen 2)

Menos burocracia

La visión empresarial fue expuesta por el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) y vicepresidente de la Croem, Alfonso Hernández, quien situó el problema en dos causas principales: la presión fiscal y la burocracia.

«Cuanto más burocracia haya, más difícil es para las pymes cumplir con toda la normativa», advirtió. Según Hernández, muchas pequeñas empresas no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse a un marco regulatorio cada vez más complejo, lo que puede empujarlas a operar fuera de los cauces legales.

El dirigente empresarial defendió que la lucha contra la economía sumergida debe basarse en la competencia leal, pero pidió que se acompañe de un entorno normativo más proporcionado. «Estamos tres puntos y medio por encima de la media europea en presión fiscal. Cuando la carga es asfixiante, se crea una precariedad no solo laboral, sino también empresarial», afirmó.

«La presión fiscal y la burocracia empujan a muchas pymes a la irregularidad»

Alfonso Hernández

— Presidente de FREMM y vicepresidente de CROEM

Hernández reclamó, además, «ejemplaridad política» y eficiencia en el uso de los recursos públicos. «No se puede exigir trazabilidad o facturación electrónica a las empresas si los propios responsables públicos no aplican esos criterios. Si la ciudadanía percibe que los recursos se gestionan mal, surgen incentivos para el fraude», explicó.

El representante de Fremm defendió, por otro lado, que las inspecciones deben ser «eficaces y proporcionadas». «No se trata de tener más inspectores, sino de dirigir bien las inspecciones. No puede sancionarse con la misma dureza a una empresa cumplidora por un error administrativo que a quien trabaja totalmente en negro», señaló.

Al respecto, la consejera Marisa López insistió en que las inspecciones que se hacen a día de hoy en la Región son numerosas, pues figura entre las comunidades con más sanciones relativas a su población activa. «Tenemos el 4,2% de la población activa y, sin embargo, somos de las regiones que más infracciones detecta. Lo que hace falta no es tanto más personal, sino más colaboración y herramientas compartidas», explicó.

«Trajes a medida»

Desde la óptica de los trabajadores por cuenta propia, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA Murcia), Francisco Casado, reclamó una legislación más realista y adaptada a las condiciones de cada sector. «Hay que distinguir entre quien opera en la economía sumergida por beneficio y quien lo hace por supervivencia», dijo.

Casado puso ejemplos de colectivos especialmente vulnerables, como las empleadas del hogar, peluquerías o trabajadores del campo, y abogó por diseñar «trajes a medida» que tengan en cuenta sus particularidades. «Si no se legisla conociendo su realidad, se impide el despegue del empleo y del emprendimiento», afirmó.

«Hay autónomos que recurren a estas prácticas no por lucro, sino por supervivencia»

Francisco Casado

— presidente de Ata Murcia

El dirigente de ATA Murcia defendió también el valor de la educación social y la trazabilidad digital en la reducción del trabajo irregular. «La sociedad empieza a ver mal pagar sin factura. Las nuevas generaciones ya no usan efectivo, y eso, unido al control electrónico, hará avanzar mucho en la reducción de la economía sumergida», sostuvo.

En su opinión, la clave es «una labor pedagógica» conjunta entre administraciones y ciudadanía. «No se trata solo de sancionar, sino de convencer de que estar fuera de la legalidad es estar fuera de los derechos y de la protección social», subrayó, recordando los casos de autónomos que llegan a la jubilación con lagunas graves en sus cotizaciones.

La voz del campo

El presidente de la Asociación de Productores – Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gómez, situó la lucha contra la economía sumergida en el sector agrícola en un contexto particular: la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

«La economía sumergida en el sector primario va unida a la falta de seguridad alimentaria. Un productor que trabaja ‘en negro’ no puede asegurar la trazabilidad de su producto, y eso perjudica a todo el sector», explicó.

Gómez reconoció, sin embargo, que la economía sumergida en la agricultura profesionalizada se ha reducido significativamente. «Hoy, el 80% de las ventas se realiza a través de la distribución organizada -grandes y medianos supermercados-, y ahí es imposible vender sin cumplir con todos los compromisos sociales y medioambientales que exigen», apuntó.

«La economía sumergida en el campo pone en riesgo la seguridad alimentaria»

Joaquín Gómez

— Presidente de Apoexpa

El representante de los exportadores agrarios propuso además reformas a nivel estatal para compatibilizar prestaciones por desempleo con trabajos temporales en el campo, lo que permitiría incorporar más mano de obra legal. «Si un trabajador pudiera mantener su prestación mientras acepta uno o dos empleos temporales, se reduciría el incentivo al trabajo irregular. Son medidas valientes, pero necesarias», afirmó.

También pidió mayor control sobre la inmigración irregular, ya que, advirtió, cuando hay personas sin papeles disponibles para trabajar, se genera un caldo de cultivo para el empleo sumergido.

Un reto compartido

Todos los ponentes coincidieron en que la economía sumergida no puede combatirse desde un solo frente. «Esto tiene que ser una colaboración entre todos: administración, empresas y trabajadores», resumió Alfonso Hernández.

El empresario insistió en que la Administración debe revisar su propio papel. «A veces reducir la presión fiscal aumenta la recaudación, porque muchos preferirían contribuir si el esfuerzo fuera razonable», sostuvo.

Tanto él como Casado destacaron el papel que juegan las organizaciones empresariales y profesionales en la concienciación. La Fremm, por ejemplo, ha impulsado junto a la Consejería de Empresa unos sellos de cumplimiento que permiten a las empresas mostrar su compromiso con la legalidad y dar confianza a los consumidores.