La solidaridad vecinal frena en Murcia el desahucio de Maryam, una mujer nigeniana de 63 años

La solidaridad vecinal ha vuelto a frenar un desahucio en Murcia. Estaba previsto que este miércoles se ejecutara el lanzamiento de Maryam Lamidi, una mujer nigeriana de 63 años que reside sola en un piso del barrio de La Fama, pero finalmente el juzgado ha aplazado la medida hasta el 13 de enero, tras un acuerdo alcanzado entre la propiedad y la defensa de la afectada. La prórroga se ha logrado gracias a la mediación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y la Asociación de Nigerianos, que acompañan a la mujer desde hace semanas.

Maryam firmó un contrato de alquiler en 2015 con el anterior propietario del inmueble, antes de que este fuera embargado por la entidad financiera UCI. Desde entonces, su situación personal ha empeorado: vive con graves problemas de salud, sin ingresos, sin papeles y sin apoyo familiar, en un quinto piso sin ascensor.

A las puertas del edificio, en la calle Santa Rita, se han vivido momentos de emoción y tensión, con decenas de vecinos y activistas que se concentraron para reclamar el derecho a una vivienda digna y denunciar la falta de respuesta institucional por parte del Ayuntamiento de Murcia. Entre los colectivos presentes estaban la PAH Murcia, el Sindicato de Vivienda, el grupo Yayoflautas, la Asociación de Nigerianos y la Red de Mayores de Izquierda Unida-Verdes, entre otros.

Según José Antonio Vives, portavoz de la PAH, "la situación de Maryam es extrema: está enferma, sin ingresos ni documentación. Lo único que pedíamos era tiempo para encontrarle un lugar donde vivir con dignidad, y finalmente se ha conseguido". Vives ha agradecido la disposición del juzgado y de la parte propietaria, pero ha lamentado que "la falta de alternativas públicas sigue siendo una vergüenza".

Desde Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia han celebrado el aplazamiento como "un alivio temporal que no resuelve el fondo del problema", y han exigido al Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno regional que actúen con urgencia para ofrecer una alternativa habitacional estable.

La formación recuerda que el artículo 47 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a una vivienda digna y a impedir la especulación. "Mientras las administraciones miran hacia otro lado, son los vecinos y los colectivos sociales quienes sostienen la dignidad de las personas más vulnerables", denuncian.