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Energía

La Región acumula cuatro años de retraso en ayudas a renovables

La lentitud en los pagos del plan Moves y del autoconsumo asfixia a los pequeños inversores que apostaron por la transición energética

Placa fotovoltaica dedicada para el autoconsumo.

Placa fotovoltaica dedicada para el autoconsumo. / SOLETE SLOW PHOTO

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Por las calles de Murcia, el sol brilla cada día con una fuerza que parece inagotable. Sin embargo, para miles de familias que apostaron por esa misma luz como fuente de energía limpia, la espera se ha vuelto insoportable. Son los pequeños inversores del autoconsumo y de la movilidad eléctrica —personas que instalaron placas solares o compraron coches eléctricos confiando en las ayudas europeas— y que, cuatro años después, la inmensa mayoría sigue sin recibir un euro de las subvenciones gestionadas por la Comunidad Autónoma. Y para refrendar esta cruda realidad unos datos incontestables: de los 53 millones asignados para el autoconsumo, sólo se han abonado 7,4 millones, el 13,7%. Del plan Moves III (ayudas europeas por valor de casi 30 millones de 2020 a diciembre de 2024) sólo se ha pagado poco más del 23%.

Antonio Fernández (Acmeis).  | JUAN CARLOS CAVAL

Antonio Fernández (Acmeis). | JUAN CARLOS CAVAL

Antonio Fernández, vicepresidente de Acmeis (Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible), lo resume con una mezcla de cansancio y determinación: «En la Región, los pocos que han cobrado son los que presentaron su solicitud en 2021: más de cuatro años de espera».

Según Fernández, la situación es esperpéntica. No existen datos públicos actualizados ni transparencia por parte de la Comunidad. «No tenemos forma de saber los datos fiscales o económicos objetivos, porque no los publican. Lo hemos pedido por todos los medios, incluso a través del Defensor del Pueblo, pero nada», denuncia.

Acmeis estima que entre 15.000 y 20.000 solicitudes —entre ayudas al autoconsumo, puntos de recarga y vehículos eléctricos— siguen pendientes. De todas ellas, solo alrededor de 1.000 personas han cobrado algo: unas 500 correspondientes al programa Moves (vehículos eléctricos) y otras tantas de autoconsumo. El resto, más del 95%, continúa contando los días en la lista de espera, a pesar de que miles de ellos sólo están a falta de recibir la órden de pago, último paso para cobrar las ayudas.

Los fondos proceden del programa europeo Next Generation, canalizados a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y gestionados por las comunidades autónomas. En la Región, advierten que la lentitud de la tramitación ha batido récords. «En ninguna otra región de España se tarda más de cuatro años en pagar una ayuda», insiste el vicepresidente. Solo Asturias, sobre todo con el Moves, añade, se acerca a esos plazos, «pero incluso allí hay solicitantes que ya han cobrado las ayudas de 2022».

El problema, según Fernández, no es nuevo. «Antes de que existiera la asociación, muchos afectados ni siquiera tenían información de sus expedientes», recuerda. «Gente que presentó solicitud en 2020 o 2021 no ha recibido ninguna comunicación hasta 2024».

El impacto humano es profundo. Muchos de estos solicitantes no son grandes empresas, sino familias que creyeron en la transición energética y se endeudaron para contribuir a ella. «No somos ricos», aclara Fernández. «Hay socios a los que les deben 15.000 o 16.000 euros en ayudas. Algunos pidieron préstamos contando con ese dinero, otros incluso aceptaron que concesionarios o instaladores les adelantaran las subvenciones. Ahora están pagando intereses por un dinero que nunca llegó».

Más allá del perjuicio económico, los afectados describen una sensación de impotencia y desilusión. «No solo es una cuestión de dinero. Es que detrás de cada placa solar hay un esfuerzo personal, un compromiso con el medio ambiente y con la salud colectiva. Murcia es una de las regiones con peor calidad del aire de España. Cada kilovatio solar y cada coche eléctrico ayudan a reducir emisiones, pero parece que eso no importa», lamenta Fernández.

La asociación, nacida en 2024, agrupa a afectados de toda España, aunque la situación murciana se ha convertido en su símbolo de resistencia. Antes de su fundación sólo se habían ejecutado un puñado de expedientes, por lo que entienden que su presión ha dado sus frutos, aunque no todos los que hubieran deseado. Han mantenido reuniones con el IDAE y con representantes del Parlamento Europeo, donde ya se advierte del riesgo de sanciones y devolución de fondos si las comunidades no ejecutan las ayudas antes de 2026. «Europa no va a conceder más prórrogas. Si Murcia no paga antes de esa fecha, puede perder el dinero», advierte.

Mientras tanto, las movilizaciones continuarán. La asociación planea nuevas protestas antes de fin de año frente al Palacio de San Esteban o la Asamblea Regional. «Convocar a mucha gente es difícil, pero seguiremos haciéndolo si esto no cambia», avisa Fernández. «No solo reclamamos nuestros derechos, reclamamos un futuro energético limpio y justo».

El presente, sin embargo, ofrece pocas señales de mejora. El nuevo Plan Moves 2025, «va por el mismo camino», advierte el vicepresidente de Acmeis. «Murcia fue la penúltima en abrir plazo y, hasta hoy, no se ha resuelto ni un solo expediente. Ni uno. Es el mismo patrón de retrasos y descoordinación que llevamos años denunciando».

La Comunidad culpa al Estado del atasco de las resoluciones

Ocho de cada diez solicitantes de las ayudas al autoconsumo en la Región de Murcia siguen atascados en el proceso de justificación exigido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Así lo aseguran fuentes del Gobierno regional, que atribuyen los retrasos a la «burocracia excesiva» del sistema diseñado por el Real Decreto 477/2021, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2021.

Según los datos autonómicos, el 84% de quienes han logrado superar ese proceso ya han cobrado su ayuda, con más de 7,4 millones de euros abonados. Sin embargo, miles de familias continúan «en un laberinto de trámites y subsanaciones» que ralentiza el ritmo de pago y «castiga tanto a los ciudadanos como a las administraciones».

Desde la Consejería de Medio Ambiente insisten en que «el verdadero cuello de botella está en el sistema estatal, no en la gestión autonómica». El decreto obliga a los solicitantes a presentar hasta veinte documentos distintos —memorias técnicas, certificados, informes o facturas— y fuerza a las comunidades a tramitar los expedientes conforme a reglas «impuestas sin consenso».

Entre los errores más frecuentes figuran firmas incorrectas, informes incompletos o deficiencias en los sistemas de monitorización y publicidad exigidos por el IDAE. Estas incidencias obligan a una nueva revisión de los expedientes, lo que alarga aún más los plazos y genera frustración entre los beneficiarios, muchos de los cuales llevan años esperando el abono de sus ayudas.

La situación no es exclusiva de Murcia. Todas las comunidades autónomas han reclamado al Ministerio «una ampliación de los plazos y una simplificación del proceso», con el objetivo de garantizar que los fondos europeos se ejecuten de manera ágil y lleguen realmente a los ciudadanos. «Es un problema nacional que requiere soluciones urgentes», subrayan fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

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