Las multas por la Ley Mordaza en la Región suman casi 10 millones en 2024

Las multas por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, sumaron un total de 9.915.647 euros solo en 2024 en la Región, según los datos proporcionados por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska. En el ejercicio del año pasado fue en el que más se recaudó en la Comunidad murciana desde la aprobación de la norma hace una década.

Cabe recordar que la normativa entró en vigor en 2015 tras el visto bueno del Gobierno central, entonces presidido por el popular Mariano Rajoy, el 30 de marzo de ese mismo año. Y vigente sigue, aunque el PSOE prometió derogarla.

Desde entonces, la Ley Mordaza ha estado en tela de juicio porque, según sus detractores, limita derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, de reunión y de información. También se critica el papel de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque abre la puerta a sancionar a quien haga un uso no autorizado de imágenes de agentes de Guardia Civil y Policía, así como a penalizar actos de protesta social y solidaria.

Solo en 2024 se recaudaron en España 203 millones de euros procedentes de esta normativa

Con los datos en la mano, solamente en 2024 se recaudaron, en el conjunto del país, 203.757.177 euros procedentes de 327.761 infracciones, concreta Interior. En diez años de vigencia de la norma se han interpuesto cerca de 2,5 millones de sanciones con un importe próximo a los 1.500 millones.

La mayoría, por drogas

Volviendo a las cifras de la Comunidad murciana, solo en el pasado ejercicio se pusieron 16.583 sanciones. De ellas, 1.290 lo fueron por hechos relacionados con la seguridad ciudadana y 13.753 por hechos vinculados a las drogas, detallan desde el departamento de Marlaska, que registró 1.540 infracciones que tenían que ver con armas y explosivos.

Desde la entrada en vigor de la ley, el consumo de drogas en la calle ha representado siempre más de la mitad de las multas en toda España, también en la Región.

Las sanciones en la Comunidad murciana, en 2023, ascendieron a 16.313. En 2022, año aún marcado por los coletazos de la pandemia de coronavirus, fueron 4.699, y en el anterior, 2021, se extendieron solo 2.938, precisa la estadística del Ministerio.

El año pasado se registraron 327.761 infracciones a la Ley Mordaza en todo el país

En 2015, cuando nació la ley, en la Región se interpusieron un total de 762 sanciones a la norma. Ese año, las calles de Murcia, como las del resto de España, fueron escenario de multitudinarias manifestaciones para protestar por esta ley. ‘Protestar es un derecho, reprimir es un delito’, se leía en las pancartas de aquellas movilizaciones.

En cuanto al dinero que fue a las arcas públicas gracias a esta ley, en 2023 se colectaron 9.653.557 euros, mientras que en 2022 fueron 2.636.216; en 2021, 1.544.954.

En cuanto al año de debut de la norma, el dinero recaudado por multas solo en la Región de Murcia ascendió a 397.562 euros.

Por qué pueden multar

La ley contempla un gran abanico de sanciones administrativas, que pueden variar desde los 100 euros (infracciones leves) hasta los 600.000 euros en los casos más graves. Su objetivo declarado es garantizar la seguridad ciudadana, prevenir altercados y proteger tanto a vecinos y visitantes como a los propios agentes de la autoridad.

Entre las conductas que pueden ser multadas hay diversas situaciones que afectan a la convivencia y al orden público. Por ejemplo, participar en manifestaciones o reuniones que no hayan sido autorizadas y se produzcan frente a instituciones del Estado o en lugares considerados sensibles: hacerlo puede acarrear multas considerables.

Del mismo modo, no hacer caso a las indicaciones de los policías durante manifestaciones o concentraciones públicas, negarse a identificarse ante los agentes u obstaculizar su labor también puede acarrear una sanción económica.

La ley también contempla sanciones para conductas que afectan directamente a la propiedad o a la integridad de los espacios públicos y privados, como realizar actos de vandalismo o causar daños materiales, así como ocupar inmuebles o terrenos sin autorización. Otro aspecto controvertido es la prohibición de tomar fotografías o vídeos de policías con la intención de difundirlos para intimidar.