Los afectados se desesperan por el retraso de las ayudas a las renovables: "Esto no tiene salida"

El retraso en el pago de las ayudas europeas a la transición energética en Murcia no solo se mide en cifras o expedientes: también se mide en la paciencia agotada de quienes, hace años, confiaron en un modelo más limpio y eficiente. Tras más de cuatro años de espera, muchos vecinos que apostaron por el autoconsumo o la movilidad eléctrica sienten que su compromiso con el medio ambiente ha sido castigado con burocracia y silencio administrativo.

José Javier Micol, vecino de La Alberca, decidió dar el paso en 2023. Cambió su viejo coche diésel, con quince años de uso, por un híbrido enchufable aprovechando las subvenciones del programa Moves. Lo que comenzó como un gesto hacia una movilidad más sostenible terminó convirtiéndose en un calvario administrativo. «Te piden documentación una y otra vez, aunque ya la hayas presentado», relata con resignación. «Cuando te la aprueban, te vuelven a requerir más papeles. Es agotador».

Micol tiene aprobada una ayuda de unos 3.500 euros, pero todavía no ha cobrado. «Solo llevo dos años esperando, así que casi me considero afortunado», ironiza. Otros socios de la asociación Acmeis acumulan hasta cuatro años sin recibir respuesta. Lo que más le indigna, dice, es la falta de información: «Llamas y nadie sabe nada. Te dicen que el dinero está en otro cajón».

Desde el colectivo han acudido incluso al Defensor del Pueblo, pero tampoco han obtenido respuestas del Gobierno regional. «Nos sentimos abandonados», lamenta Micol. «Dicen que llevan el 80% ejecutado, pero no es lo mismo ejecutado que pagado».

Diego García, vecino de El Palmar, apostó por la energía solar en su vivienda familiar. Su instalación fotovoltaica, realizada hace cuatro años, supuso un esfuerzo económico importante para una familia de cuatro miembros. «Pensé que cobraría en un año, año y medio como mucho», cuenta. «Pero ya van cuatro años y dos días, y el expediente sigue igual».

Asegura haber llamado «decenas de veces» a la Consejería y presentado reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia y el Defensor del Pueblo. Ninguna ha sido respondida. «Siempre me dicen que el expediente está en marcha, pero no avanza», explica. «He perdido tiempo, energía y confianza en las instituciones».

El cansancio y la frustración son compartidos entre los afectados, que observan cómo en otras comunidades los pagos se resuelven en meses. «En Madrid o Valencia la gente cobra en seis meses», comenta Micol. «Aquí seguimos en la cola de España».

«Pierdes la credibilidad política y la institucional. No están con nosotros», afirma García, mientras que Micol lo resume con crudeza: «Esto no tiene salida».

Mientras los expedientes se acumulan durante años en los despachos, los ciudadanos que creyeron en la transición ecológica siguen esperando. En una región donde el sol abunda, la energía se queda atrapada entre papeles, promesas y un sistema que parece no funcionar.